Seguro de desempleo, un intento de despojo
Arturo Alcalde Justiniani
A
l principio parecía que se trataba de un chiste de mal gusto. Más tarde se confirmó la información. El Ejecutivo Federal pretendía que el seguro de desempleo prometido en la campaña presidencial fuera financiado con el dinero de los propios trabajadores, tomándolo de sus fondos existentes en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). La propuesta era canalizar tres por ciento del cinco por ciento salarial que cubren los patrones para cumplir con la obligación en materia habitacional.
La iniciativa presidencial generó de inmediato una reacción negativa e incluso los líderes obreros corporativos expresaron su preocupación por la inconformidad que este planteamiento pudiera provocar entre los trabajadores. Estos líderes, acostumbrados a someterse a las consignas de sus superiores, hicieron notar los riesgos de la propuesta, que por un lado dejaba sin fondos al Infonavit y, por el otro, cancelaba a la mayoría de los trabajadores la posibilidad de obtener una vivienda. Para remate, los beneficios que se ofrecían en la propuesta del seguro de desempleo, eran confusos y poco atractivos.
Ante el rechazo provocado, la iniciativa presidencial fue temporalmente congelada. El tema se mantuvo en un entorno de gran opacidad, con resistencias a promover un diagnóstico claro y menos aún, con la prospectiva necesaria, tratándose de una prestación de gigantesca importancia para lograr mayor equidad social, reducir la desintegración familiar, fortalecer el mercado interno, abatir la informalidad y deserción estudiantil, ampliar los niveles de capacitación y formación profesional y en fin, avanzar hacia el objetivo de lograr cohesión y paz social. No cabe duda de que este seguro puede generar múltiples beneficios directos y laterales; por ello, los organismos más calificados en materia de política social, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), han urgido a su implementación. En esta línea, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recomienda la suscripción del Convenio 168, que nuestro país no ha ratificado.
En el entorno encubierto que ha caracterizado la discusión sobre este seguro y fuera de las instancias competentes, en la Cámara de Diputados existe un nuevo intento para buscar su aprobación por la vía rápida, con algunos cambios. Según esta propuesta, el tres por ciento tomado del Infonavit integraría una subcuenta mixta cuyo destino se sometería a decisión del trabajador. Este monto, podría formar parte de la cuenta individual que existe en la Administradora del Fondo de Retiro (Afore), permanecer en Infonavit en un esquema que también facilita el paso a la Afore, o ser utilizado para su seguro de desempleo. En el nuevo planteamiento se incluye la aportación del gobierno federal de 0.5% del salario de los trabajadores para crear un ¨fondo solidario¨ mediante un fideicomiso establecido en un banco de desarrollo. Se afirma que se garantizarán los recursos necesarios para asegurar un salario mínimo para aquéllos trabajadores cuyos fondos sean insuficientes para financiar el seguro hasta un máximo de protección de seis meses, en un esquema mediante el cual, de existir los recursos se cubriría en el primer mes 60 por ciento del salario, 50 por ciento el segundo y 40 por ciento los cuatro subsecuentes. Ello ocurriría en una sola ocasión, en un período de cinco años y sujeto a una serie de condiciones vinculadas a un mínimo de cotizaciones previas en el seguro social, tiempo de desempleo, no percepción de otros ingresos y, adicionalmente, acreditar requisitos comprendidos en el programa de promoción y capacitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Además del despojo indebido que se pretende llevar a cabo del tres por ciento de los salarios, afectación que asciende a un monto aproximado a 12 mil millones de pesos anuales, se incurre en un error mayúsculo, al favorecer que estos recursos migren hacia un reducido grupo financiero de origen extranjero, que hoy es propietario de las Afores y de las aseguradoras. Atendiendo a la propuesta, en una vía o en otra, la mayor parte de los recursos caerán en sus arcas; todo ello a contrapelo de las crecientes críticas a estas entidades parasitarias que vienen percibiendo gigantescas e injustificadas ganancias a costa de los reducidos salarios de la población trabajadora y de sus futuras pensiones. Se soslaya el hecho de que en los países en donde se ha implementado este sistema de apropiación privada de fondos de retiro, como es el caso de Chile, se ha modificado significativamente el modelo. En el nuestro se consiente y fortalece a las Afores.
El seguro de desempleo y la pensión universal son dos elementos clave para transitar hacia una nueva convivencia en nuestro país, reduciendo la inequidad creciente; por ello es tan importante abrir el tema a la discusión pública y transitar hacia una orientación correcta en el diseño de estos instrumentos, aún cuando su implementación sea paulatina. Es necesario revisar sus fuentes de financiamiento sin olvidar que uno de los beneficiarios, además de los trabajadores, es el propio sector patronal, en la medida en que el seguro mantiene a la fuerza de trabajo disponible e incluso en condiciones de mayor capacitación. En este debate conviene revisar la posibilidad de utilizar parcialmente fondos públicos generados por las recientes reformas legales. Cuando los salarios sean mejores, los trabajadores podrían participar en un modelo de contribución compartida.
El seguro de desempleo, como se ha señalado, debería favorecer la formación profesional y la capacitación tan necesarias en nuestro país. Sin embargo, se deben crear las fuentes de trabajo para incorporar a esa emergente población más calificada. Por lo que se refiere a la cobertura del seguro no es conveniente vincularla a los salarios mínimos ya que el propio gobierno ha señalado la necesidad de abandonar este patrón de referencia que lleva, entre otras razones, a mantener estos salarios en condiciones deplorables.
Lo que es urgente por ahora es que el tema del seguro de desempleo salga de los escritorios de aquéllos que pretenden aprobarlo en lo oscurito.
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