Reforma educativa: fracaso y disculpas

Enrique Calderón Alzati

L

a educación es un proceso histórico y social por el que cada generación humana comunica a la siguiente los conocimientos y valores que recibió de sus ancestros, enriqueciéndolos con sus propios descubrimientos, logros y retos.

Las pretensiones del actual gobierno de privatizar la educación reflejan su incapacidad para entender que un proceso social no puede ni debe ser tratado como una mercancía sujeta a las leyes del mercado, en la que lo único que cuenta son el interés de los individuos que la venden y las necesidades o deseos y limitaciones, muchas veces inducidos (mediante la idea mágica de la calidad o la siempre perversa de la ineptitud de sus impartidores) en quienes la compran. En los procesos sociales lo que se busca es el logro de objetivos definidos por la sociedad, en términos de bienestar, progreso, justicia y equidad en todos sus ámbitos y espacios. En este sentido es importante observar que entre las naciones más desarrolladas ninguno de sus gobiernos ha adoptado la privatización de la educación, que hoy los organismos financieros pretenden imponer a las naciones con gobiernos débiles, corruptos o ambas características.

Sin entender tampoco que en un Estado democrático, para gobernar es necesario buscar el consenso social, los funcionarios del actual gobierno –con un afán enfermizo y seguramente interesado en poner en venta tanto los bienes que integran el patrimonio de la nación, como los mercados nacionales y algunos elementos de carácter estratégico para la soberanía nacional– pensaron que les sería fácil imponer una serie de modificaciones al espíritu mismo de la Constitución, que les permitiesen privatizar tanto las minas, como el sector energético y el educativo.

Expertos en el arte del engaño y la compra de funcionarios y servidores públicos, incluidos el anterior Presidente de la República y las autoridades electorales, decidieron cooptar al Congreso utilizando el llamado Pacto por México (¿?) para que se aprobaran a modo las reformas a la Constitución y el establecimiento de leyes secundarias lesivas a la nación, pensando que así tendrían el camino abierto para lograr sus autoritarios y muy particulares objetivos.

Sin embargo, sus propias ineptitudes y su desconocimiento y desprecio por el pueblo que gobiernan los llevaron a cometer una serie de errores que terminaron poniéndolos en la situación actual de fracaso y descrédito, arrastrando al país entero a la crisis económica, política y social actual, con efectos tan perversos como los logrados por el gobierno de Felipe Calderón.

Hoy sabemos que el crimen cometido contra los estudiantes de Ayotzinapa no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de una estrategia encaminada a lograr el desprestigio de las escuelas normales rurales, para instrumentar su cierre definitivo, presentándolas como organismos no únicamente vinculados con el narcotráfico, sino bastiones regionales de la delincuencia organizada, sólo que el operativo diseñado con este fin se les salió de control, dando lugar a la tragedia, de la que ellos son los únicos responsables, como en su tiempo lo fueron también de los hechos contra la población indígena en San Salvador Atenco.

El asedio y estrangulamiento económico a las escuelas normales, pilar y cuna del magisterio que hizo posible la construcción del México moderno, no es de ahora. La ex líder del SNTE Elba Esther Gordillo había urgido al gobierno anterior su desaparición, ante la imposibilidad de controlarlas, hoy nuevamente son blanco del odio de Aurelio Nuño, quien se ha referido a ellas como el monopolio de la educación, ignorando que fueron los gobiernos de la Revolución, que las instituyeron, con el fin preciso de formar a los maestros que con sacrificios debían llevar la instrucción hasta los últimos rincones de la nación. ¿Un intento del nuevo PRI de demoler las instituciones nacionales?

La torpeza y consiguiente fracaso del actual gobierno no son exclusivos del sector educativo; se extienden a todos los ámbitos de acción del gobierno federal, que luego de más de 30 años de seguir las políticas neoliberales dictadas para México desde el exterior, presentó un programa de acción con promesas que resultaron ser demagógicas. ¿O debiéramos llamarlas populistas? Al iniciar su gobierno Peña Nieto hablaba de crecimiento económico, de superar las condiciones de violencia e inseguridad, de la creación de empleos, de reducción de precios de los combustibles y de las tarifas eléctricas, de disminución de la pobreza, así como de prosperidad, palabras que se ha llevado el viento, simples y fáciles promesas demagógicas de campaña ante la realidad que ahora tratan de borrar con las estadísticas del Inegi, al que bien podría llamársele Instituto Nacional de Estadísticas de la Ilusión.

En la semana anterior el presidente Peña Nieto, en un intento de detener el enojo incontenible de la sociedad mexicana, tuvo a bien organizar un nuevo espectáculo mediático utilizando la promulgación de las supuestas leyes anticorrupción, para pedir perdón por el tristemente célebreaffaire de la Casa Blanca denunciado por Carmen Aristegui, seguramente pensando que ello disminuiría el descrédito de un gobierno que será recordado por su ineptitud, su demagogia, su desprecio y desconocimiento del pueblo que ha pretendido gobernar y por el uso de la violencia para imponer su voluntad, sin reparar mayormente en los daños que ha causado al país.

Por su parte, el secretario de Educación mostró una vez más su pequeñez, inventándose ahora un muñequito de peluche como interlocutor, con objeto de continuar ignorando al magisterio, en un intento más por rescatar su frustrada reforma educativa, apresurándose a hacer público su nuevo modelo educativo, y aceptando al mismo tiempo que a lo mejor las repudiadas evaluaciones aplicadas a los docentes con el apoyo policiaco sí tienen algunas fallas que deben ser corregidas. Al informarnos de que este nuevo modelo será puesto en práctica, unas semanas antes del término del actual gobierno, el señor Aurelio está, de hecho, admitiendo su incapacidad y la del actual gobierno para solucionar la crisis educativa del país generada en buena parte por él mismo, dejándole al siguiente gobierno, tanto el entierro de la reforma como la responsabilidad de recuperar el tiempo perdido.