La temporada de huracanes contra el Ejército comenzó con fuerza. En vísperas de la difusión del reporte anual del Departamento de Estado sobre derechos humanos, organizaciones internacionales, emitieron sus observaciones. Todas coinciden con la cancillería estadounidense: el Ejército ha realizado ejecuciones extrajudiciales durante la guerra contra el narcotráfico. El gobierno mexicano las llama “daños colaterales”, pero nadie compra ese eufemismo en el extranjero.
Los señalamientos son muy puntuales: cuatro casos, siete muertos. Por tres civiles inocentes muertos el año pasado, arrestaron a varios militares por abuso de autoridad. La muerte de dos menores tamaulipecos, donde la acusación contra el Ejército incluye haber alterado pruebas, es debatible porque la acusación original de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es endeble por imprecisa. La polémica muerte de dos estudiantes en el Tecnológico de Monterrey, con la que arrancaron las llamadas “ejecuciones extrajudiciales” en 2010, es más grave.
Funcionarios de la CNDH aseguran que en el reporte que verá la luz pública próximamente, se demuestra que hubo algo más que una confusión en el tiroteo con matones del narcotráfico que iban huyendo. Los jóvenes, de acuerdo con las indagaciones preliminares del organismo, tienen seis disparos en el pecho realizados a corta distancia, lo que de comprobarse en el informe final, significará que si fueron confundidos o no, la realidad es que los ejecutaron.
El Ejército es la institución que ha recibido toda la crítica por abusos y violaciones a los derechos humanos. Han habido casos donde ciertamente han sido víctimas de la propaganda negra, pero otros donde sí son responsables. Hay incidentes de alto impacto donde la saga violenta que ha vivido toda una familia, como el caso de los Reyes Salazar, esconde que el origen de las acusaciones contra el Ejército fueron las actividades criminales de uno de sus miembros, como jefe pandillero, detenido por soldados. En otros se ha documentado cómo importantes narcotraficantes usaron a organismos de derechos humanos para acorralar al Ejército y mostrarlo como violador de la ley.
Por una extraña razón, o por simplificación intelectual, el Ejército es en quien se ha estancado la percepción de violadores de derechos humanos, y se han dejado de lado a los marinos, algunos de cuyos comandos han sido notorios violadores de los derechos humanos. Su jefe, el almirante Francisco Saynez, secretario de Marina, ha sido promotor incluso –hasta ahora sin éxito- de incorporar en la estrategia de la lucha contra el narcotráfico la política de nada de detenidos.
Lo que hoy se está viendo reflejado en los informes nacionales e internacionales sobre violaciones a los derechos humanos es el prólogo de lo que probablemente será una campaña en México y el mundo en contra de las Fuerzas Armadas. La CNDH, fuente importante de organizaciones internacionales, reportó recientemente que tiene cinco mil 397 reportes de personas extraviadas o ausentes de 2006 a la fecha, lo que añade nombres y apellidos a futuras querellas en tribunales.
En el Ejército y la Marina lo saben, pero se sienten confiados –no tranquilos-, que al no ser una política de Estado la aniquilación o desaparición de civiles, no podrán llevarlos a juicio por genocidio. Sin embargo, la pesadilla no desaparecerá. De hecho, puede agravarse por razones que muchos dentro y fuera del gobierno no tiene presente: durante al menos seis meses en 2008, existió un decreto –publicado en el Diario Oficial de la Federación-, donde se hacía responsable directo del mando del Ejército al Presidente de la República.
Ese decreto, inspirado en el deseo de proteger al Ejército ante la ausencia de un marco legal que arropara su participación en las calles para combatir a los narcotraficantes, dejó totalmente vulnerable al presidente Felipe Calderón y sujeto probable de ser juzgado internacionalmente por acusaciones de violación a los derechos humanos, cuando menos durante los meses en los que la línea de mando llega directamente a él. Lo que estamos observando en estos días es nada en comparación con lo que puede ser en el futuro mediato para el Presidente, cuando las observaciones tomen el cuerpo de denuncias internacionales.
Recordemos: el ex presidente Luis Echeverría fue acusado de genocidio por la matanza de Tlatelolco, con declaraciones que nunca tuvieron documentación que probara directamente su responsabilidad, pero suficientes para que termine su vida muy probablemente en cautiverio. Lo que no existió con Echeverría sí lo hay con Calderón. Por eso, no sólo el almirante Saynez y el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván, deben sentirse preocupados. Es el presidente Calderón mismo quien deberá ver en Echeverría el espejo probable de su futuro
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