Según reporta este domingo el diario Milenio en sus versiones impresa y electrónica, “a 13 días de haber desaparecido, fue encontrado muerto el priista Moisés Villanueva de la Luz, el diputado 500, junto con su chofer, Éric Estrada Vázquez, ambos en avanzado estado de putrefacción”.
La nota dice que el procurador general de justicia de Guerrero, Alberto López Rosas; el secretario de Seguridad Pública estatal, Ramón Almonte Borja, y el alcalde de Chilpancingo, Héctor Astudillo Flores, acudieron a las instalaciones del Servicio Médico Forense fueron los encargados de verificar la identidad de las víctimas.
Milenio informa que, de acuerdo con el procurador López Rosas, “el hallazgo se registró aproximadamente a las 14:30 horas, en un río que corre a orilla de carretera federal, casi abajo del puente Encajado, cerca de la comunidad de Jiquilpan, en la región de La Montaña”.
Al terminar el proceso de identificación de los cadáveres, se informó al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y a su secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez”.
Los especialistas determinaron que el diputado y su acompañante tenían de entre ocho y nueve días muertos.
Villanueva de la Luz fue privado de su libertad el pasado 4 de septiembre, luego de asistir al cumpleaños del diputado local, el también priista Javier Morales Prieto, en el municipio de Tlapa de Comonfort.
El diputado ejecutado asumió su cargo en sustitución del ex priista y actual secretario de Desarrollo Rural, Sofío Ramírez Hernández. De ahí que Milenio lo llame en su nota “el diputado 500”.
Lo más dramático de la información proporcionada por Milenio no es, desgraciadamente, el dato de que fue ejecutado un diputado federal, sino el recuerdo que hacen en un recuadro: el de otros legisladores víctimas de la violencia que ha aterrorizado a México.
En efecto, Milenio menciona a Gerardo Fierro,
diputado del PRI en Chihuahua, secuestrado en mayo de 2011; a Manuel Benítez
Diputado del PAN en Oaxaca, plagiado en octubre de 2010; a Rogelio Yáñez, diputado por Chihuahua, plagiado en julio de 2011, y a Alfonso Peña,
diputado de Durango, secuestrado en julio de 2010.
No son los únicos políticos que han sido afectados por la guerra de Felipe Calderón contra el narco. Hay muchos más, entre candidatos, alcaldes, funcionarios municipales.
Lo peor es que vienen las campañas federales, incluida la presidencial de 2012, en las que todos los candidatos, de todos los partidos, van a arriesgar la vida al transitar por el país. El sistema podrá proteger a algunos, los más destacados o conocidos, pero no habrá modo de que brinde seguridad a la totalidad de los políticos que busquen un cargo de elección.
Pero ni siquiera los más importantes candidatos, es decir, los que aspiren a la Presidencia de la República, podrán recorrer nuestras carreteras totalmente seguros. Esto es algo que aprendimos en 1994 con Luis Donaldo Colosio, el candidato asesinado en aquel México complicado, sin duda, pero mucho menos violento que el actual.
No hay comentarios:
Publicar un comentario