Que el coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, intentó como pudo evitar que se llamara a comparecer a los secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, y de la Marina, Francisco Saynez, en el contexto del análisis del quinto Informe presidencial.
Pero por mayoría, la Junta de Coordinación Política en San Lázaro acordó citar a los dos mandos militares, aunque en reuniones de carácter privado para evitar la tentación de que algunos legisladores protagonicen un show, con tal de ganar tiempo aire en los medios electrónicos.
Que la Conferencia del Episcopado Mexicano, que preside monseñor Carlos Aguiar Retes, y toda la jerarquía católica unen fuerzas en los restantes 14 estados donde se aprobaron leyes para penalizar el aborto y limitar los derechos de las mujeres.
La intención es presionar a diputados, gobiernos y partidos para evitar que se promuevan más recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
Y es que nos les gusta a los prelados el rumbo que lleva el debate, y menos el proyecto del ministro José Fernando Franco contra dichas reformas regresivas.
Que, según los enterados, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votarían hoy seis a cinco por la inconstitucionalidad de las leyes para “proteger la vida” en Baja California y San Luis Potosí.
Pero eso, si la votación fuera hoy.
Que a un mes de la tragedia, los apoderados del casino Royale insisten en que “operó siempre de manera legal y en estricto cumplimiento de las disposiciones normativas federales, estatales y municipales”, y ofrecen pruebas y documentos para acreditarlo.
En relación con la denuncia de hechos presentada la semana pasada por la Secretaría de Gobernación, aseguran que el casino Royale “jamás tuvo ningún tipo de acuerdo ni firmó ningún convenio con las empresas Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta ni Ferrocarril Endige”, y que sólo tenían y tienen contrato firmado con el permisionario original, Atracciones y Emociones Vallarta.
E insisten en que Gobernación nunca ha señalado que la operación del casino Royale fuera ilegal
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