Los militares siempre han desempeñado funciones de policía, pero no tanto como ahora. La estrategia de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada comprendía un plazo hasta 2010 para que las fuerzas armadas volvieran a la normalidad anterior. El Ejecutivo ha incumplido y, por tanto, demanda al Congreso una reforma legislativa para legalizar la actuación de los militares en funciones de seguridad pública.
En realidad ninguna ley puede enmendar la Constitución, la cual prohíbe expresamente a las fuerzas armadas ejercer funciones de autoridad diferentes a las estrictamente militares. Al forzar la Carta Magna con una ley secundaria se inventó la figura de “afectación” a la seguridad de una entidad federativa, la cual conduciría a sucesivas declaratorias para llevar a los soldados a realizar aquellas tareas que corresponden a la policía y en auxilio de ésta. Tal es el contenido principal del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Nacional que ha sido votado por el Senado y se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados.
Ya que Calderón pedía que los militares pudieran realizar acciones que no le están autorizadas a la policía, como la retención de los detenidos y otras más, el Senado tuvo que dar una limada a la iniciativa que era no sólo inconstitucional sino francamente violatoria de los derechos humanos. Ya dentro de ese camino, el Senado aprovechó para prohibir la intervención de las fuerzas armadas en conflictos de carácter social y electoral, lo cual era una asignatura pendiente después de las represiones políticas habidas en el país.
Algo importante del proyecto consiste en que la intervención de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública debe ser a solicitud de la entidad federativa que requiera el auxilio y a partir de que el fenómeno delincuencial no pueda ser enfrentado por la policía. Esto implica que el Ejecutivo federal no podría hacer intervenir a los militares en cualquier momento y situación.
Sin embargo, algunos influyentes medios de comunicación están presentado el proyecto de reformas a la ley de seguridad nacional como algo urgente y como si éste fuera un instrumento para dar la lucha contra la delincuencia organizada y enfrentar la crisis de violencia que sufre el país. Nada hay más alejado de la verdad. Tales reformas tienden a satisfacer una exigencia de los militares para darles cobertura legal ante el fracaso de la estrategia de seguridad pública emprendida y sostenida por Calderón durante cinco años. Pero al proyecto le hacen falta muchas cosas, entre ellas, un apartado que regule el uso de la fuerza –negado por el PRI y el PAN—con el propósito de proteger a la sociedad.
Es evidente que las fuerzas armadas deben ayudar cuando, por una parte, la policía es débil y corrupta y, por la otra, el número de efectivos y la capacidad de fuego de la delincuencia son relativamente mayores. El principal problema no ha consistido en la intervención de los militares sino en la forma de hacerla, aunado a la falta de suficiencia en los servicios de “inteligencia”. Ha habido más fuerza bruta que trabajo policial propiamente dicho. La movilidad de los grupos delincuenciales jamás podrá ser superada por los pesados contingentes de soldados, por lo cual era y es evidente que el mayor defecto no consiste en el apoyo de las fuerzas armadas sino en la ausencia de autoridad civil con organización y recursos suficientes para enfrentar un fenómeno que se alimenta de una crisis social que va en aumento.
Nada de lo que está contenido en el proyecto de reformas a la ley de seguridad nacional va a mejorar la situación imperante, aunque algunos consideran que podría empeorarla. Para alcanzar una mejoría habría que cambiar la estrategia gubernamental o, de plano, al gobierno, e intentar otro camino dentro de un Estado democrático y social de derecho
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