La fase poselectoral volvió a entramparse en México, país singularizado por fraudes seriales. A diferencia del Pemexgate y el caso Amigos de Fox en los comicios de 2000, lo novedoso ahora es que, además del financiamiento irregular de grandes patrimonios particulares y grupos corporativos privados, la candidatura de Enrique Peña Nieto pudo haber sido aceitada con dinero sucio de la delincuencia organizada.
No hay crimen perfecto. La compra de la Presidencia de México para el candidato fabricado por Televisa y otros grupos multimedia, en colusión con firmas encuestadoras, exhibe muchos cabos sueltos, algunos de los cuales podrían configurar asociaciones delictuosas –incluido lavado de dinero y la triangulación de fondos de procedencia ilícita a través de empresas fantasmas, paraísos fiscales e instituciones financieras, bancarias y comerciales– entre los operadores de campaña de Peña.
Al escándalo de HSBC destapado por el Senado de Estados Unidos, seguido por el Sorianagate y el Monexgate –incluida la extraña muerte del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, ligado al fondo financiero para la campaña peñista–, se suman la denuncia sobre presunto lavado de dinero a través de Scotiabank contra Luis Videgaray, coordinador de campaña del priísta, y la admisión de culpabilidad ante una corte de Nueva York del ex gobernador en Quintana Roo Mario Villanueva, por su participación en operaciones de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas.
Aunque se trata de casos diferentes y sin aparente conexión –incluida su temporalidad–, la conjunción de hechos devela una trama compuesta por mecanismos paralelos y oscuros modus operandi propios del otrora partido de Estado, lo que obligaría a limpiar los comicios por las autoridades competentes, con apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Si no, ¿para qué sirve la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo?
No obstante, la larga historia de corrupción, impunidad y simulación de México indicaría que eso es casi imposible. Máxime, cuando el comandante en jefe de la guerra a las drogas, Felipe Calderón, se ha venido haciendo el tonto frente a los reportes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Senado estadunidense, que prueban que México se ha convertido en un gran bazar del lavado de dinero para las mafias delincuenciales, en un mundo regido por el neoliberalismo y sus imperativos: la apertura de mercados bajo la falsa bandera del libre comercio, la desregulación generalizada y la obtención de tasas máximas de rentabilidad en plazos cada vez más cortos de recuperación de la inversión. Con la evidencia palpable, al igual que en Colombia o Rusia, de que el dinero de las mafias está presente en la política.
En ese contexto, no llama la atención la rápida validación de la victoria de Peña por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE, organismo cúpula del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios) y otras agrupaciones satélites como Concamin, Concanaco, Coparmex, Canacintra, la Cámara de Comercio, la Asociación de Bancos de México, AMIS, el Consejo Nacional Agropecuario y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.
Lo que sí asombra un poco es la descarada defensa del proceso comicial por algunos consejeros del Instituto Federal Electoral. Al respecto, y más allá de la evidente toma de partido del presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita –que viene a confirmar que el sistema electoral está al servicio de las élites del poder–, sorprenden argumentaciones como las de la consejera María Marván Laborde, quien en su texto Malas encuestas, ¿ciudadanos idiotas?, hace una velada defensa de las compañías demoscópicas, la televisión, la radio y los periódicos y, asumiendo una actitud paternalista, exonera de cualquier viso de manipulación al ciudadano de a pie. Como en 2006, la autolegitimación del fraude disfrazada de reivindicación de la ciudadanía encarnada en la gente común. El viejo recurso de elogiar al populacho, a la chusma.
Sumado a una Fepade y una CNBV inútiles, y a un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación integrado por magistrados peñistas de corazón, lo anterior deja poco lugar al optimismo. En realidad no hay sorpresa. Se confirma la existencia de unas instituciones míticas, cuya función es la conservación del statu quo. Una vez más, queda exhibida la razón cínica del búnker dirigente –como sinónimo de una sociedad jerarquizada y clasista, opuesta al cambio y la innovación sociales–, controlado por una minoría dominante intransigente, que cultiva un absurdo esencialismo ahistórico y siente un miedo patológico a la información, a la verdad y al pensamiento crítico.
No tardarán en intensificar su severo repertorio ideológico con aire de cruzada en pro de los intereses de los de arriba. Con independencia de las trampas semánticas y la fraseología falsificada de la actual dirigencia priísta y sus amanuenses mediáticos, los mitos del búnker se refieren, como es natural, a los valores más comercializables en el mercado: la defensa de la mexicanidad, de la patria, la democracia, las libertades, del estado de derecho y las instituciones –entre ellas el sacrosanto IFE ciudadanizado, blindado y a prueba de fraudes–, en contraposición al odio y la violencia de quienes encarnan un peligro para México. Una vez más, mitos, mitos, mitos. Con la salvedad de que cuando sus intereses son puestos en peligro por la evolución crítica de la sociedad, los amos de México no dudan en defenderse con todo el peso de esas instituciones y las fuerzas represivas del Estado.
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