Las semanas transcurren y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene en sus manos la impugnación presentada por Andrés Manuel López Obrador contra la pasada elección presidencial. Dicha impugnación ha sido respaldada en su elaboración por juristas con larga experiencia como Jaime Cárdenas, que fue consejero de la mejor generación del IFE; Arturo Núñez, que fue funcionario en la fundación de dicho instituto; Jesús González Schmal, Bernardo Bátiz, Francisco Estrada, Ricardo Monreal, entre otros juristas y políticos de larga trayectoria y experiencia en órganos electorales.
La impugnación plantea la invalidez de la elección presidencial. Se apoya en un conjunto muy amplio de elementos, que tienen que ver sobre todo con aspectos como rebase de topes de campaña; financiamiento encubierto con recursos de origen desconocido o de procedencia ilícita; compra del voto; inequidad mediática e institucional; irregularidades en las casillas; indolencia y ausencia de los órganos electorales para garantizar limpieza y equidad en el proceso electoral; intervención de gobiernos estatales y entes públicos, y la distorsión de los principios de libertad y autenticidad.
No se trata de algún elemento por separado, pues de esa manera la resolución del Tribunal podría terminar en simples multas. Se trata de un conjunto de elementos que están entrelazados en una compleja amalgama que violenta todos los principios de libertad y equidad electoral. Ello lleva a la invalidez del proceso, pues se cuestionan los principios constitucionales de las elecciones.
Entre los temas más fuertes de la impugnación están la comprobación reiterada de la triangulación de recursos públicos y privados que llegaron por diversas vías a las cuentas usadas en la campaña del PRI. También la amplia comprobación y ejemplos de los procesos de compra del voto, especialmente la sofisticada red a través de tarjetas de débito y otros instrumentos. Asimismo, la comprobación de mecanismos encubiertos de propaganda electoral, en particular las encuestas.
Estos elementos hacen ver la enorme disparidad de la elección. No es lo mismo competir con 350 millones de pesos que hacerlo con más de 5 mil millones. Tampoco se puede considerar un voto libre cuando éste es comprado con amplísimos recursos que violentan la voluntad de la gente, especialmente de la que vive en condiciones más precarias. No se puede hablar de legalidad cuando se tienen detectados por diversas fuerzas políticas, tanto el PRD como el PAN, la circulación de recursos de procedencia por lo menos desconocida.
Finalmente, no se puede hablar de equidad cuando un candidato tuvo sólo los tiempos de los partidos que lo apoyaron, y el candidato del sistema tuvo a su favor a los medios que financiaron encuestas con contenidos falsos, tendientes al apuntalamiento propagandístico de su imagen. Es decir, como está prohibida la contratación de spots por los partidos, lo que hicieron fue introducir por vías subrepticias la contratación de encuestas donde aparece como ganador el candidato del PRI, con información falsa, encubriendo un proceso propagandístico que no se registra como una contratación partidista sino que aparece como el concurso “imparcial” de los medios de comunicación que quieren informar cómo van las tendencias electorales.
¿Se puede invalidar la elección presidencial? Sí. ¿Existen los elementos para que suceda esto? Sí, de manera amplia y abundante. ¿Hay casos precedentes en los que hayan ocurrido situaciones parecidas y se hayan invalidado los procesos electorales? Sí.
Simplemente recordemos que en una elección ocurrida en Morelia, Michoacán, la autoridad registró que un boxeador apareció con el logotipo del PRI en sus calzoncillos y consideró que esta situación vulneraba el principio de equidad. Bastó ese hecho para invalidar dicho proceso. Si por unos calzoncillos se tuvo que repetir una elección, por la difusión de encuestas falsas que generan un efecto mayor al de los calzoncillos del PRI de un día es que debe invalidarse la elección presidencial. La razón se encuentra del lado de los impugnadores. Eso todo mundo lo dice. Como también toda la gente se pregunta: ¿el Tribunal Electoral actuará conforme a derecho invalidando la elección presidencial o se subordinará a las fuerzas políticas que designaron a sus magistrados? Ese es el dilema histórico del TEPJF. Twitter.@martibatres
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