investigación.

Muchos familiares de ejecutados por elementos de las fuerzas armadas no saben siquiera los nombres de quienes los mataronFoto Sanjuana Martínez

Señala que la primera masacre de San Fernando, Tamaulipas, ocurrió el 23 de agosto de 2010, cuando ejecutaron a 72 migrantes: 58 hombres y 14 mujeres. La segunda fue el 6 de abril de 2011; asesinaron masivamente al menos a 193 personas, quienes fueron encontradas en fosas clandestinas “Hay casos donde hubo presencia de policías, en otros no podemos asegurarlo, pero está clara la inoperancia y ausencia del Estado, la falta de investigación, la impunidad y cómo los delitos se perpetúan. Por ejemplo, en el sur del país hay presencia de Policía Federal con las bandas del crimen organizado, donde avientan a los migrantes, y de esto ya tiene conocimiento la PGR; les dije que no es un tema nuevo, que hay denuncias, pero no ocurre absolutamente nada.

“Recogimos las experiencias de los migrantes durante todo su recorrido por México y cómo han visto que sus compañeros son lanzados del tren cuando no pagan la cuota que pide el crimen organizado en connivencia con las autoridades.

Aquí en Monclova un migrante fue lanzado porque no traía 100 dólares que le pedían, y quedó mutilado de sus piernas. También abordamos el caso de los 49 torsos tirados en Cadereyta, porque el gobierno de Nuevo León asumió que no se trataba de mexicanos, sino de migrantes. El caso sigue sin resolverse, señala.

En México no hay estadísticas de ejecuciones extrajudiciales, práctica que según el general Bibiano Villa, ex secretario de seguridad en Torreón, es común, según dijo en entrevista con La Jornada. “Antes aquí correteaban a los policías, ahora ni madres, los correteamos a ellos, y donde los alcanzamos los matamos. Aquí hay que romperle la madre al cabrón que ande mal... Cuando agarro a unzeta o Chapo lo mato. ¿Para qué interrogarlo? Que le vaya a decir a San Pedro lo que hizo”, afirma.

Excluir para cerrar casos

Los intentos de dar carpetazo a los casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por Ejército, Marina y policías federales, estatales y municipales preocupan a las organizaciones de derechos humanos y a los familiares de las víctimas.

Cristina Compeán Olmeda consiguió una foto de su hijo cuando era subido a un helicóptero por elementos de la Marina. La imagen fue publicada por los periódicos. Al día siguiente el cuerpo de su hijo José Humberto Márquez fue encontrado tirado en una calle en San Nicolás de los Garza, con bolsitas de cocaína y claras huellas de tortura. La CNDH emitió una recomendación de indemnizar a la viuda y sus tres hijos, y de llevar ante la justicia a los marinos responsables.

La monja Consuelo Morales nos prohíbe hablar del gobernador

Le dieron el dinero a mi nuera y la hicieron firmar no sé qué tantos papeles. Le dieron 180 mil pesos, bien poquillo, pero ya se lo gastaron. Ella ni ha buscado justicia; se juntó con otro muchacho a los ocho meses de muerto mi hijo y dijo que ya no quería saber nada, pero yo sigo, y ahora me quieren callar por lo que hizo mi nuera.

Su caso fue abandonado por la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, que sostiene reuniones mensuales con Cadhac. Nadie sabe decirme cómo se llaman los asesinos de mi hijo. Nadie le movió nada, ni Cadhac, y luego la hermana (Consuelo Morales) sacó mi expediente, como sacó muchos otros. Estoy muy decepcionada. Me quitaron un pedazo de mi vida. A veces veo las camionetas de los marinos y pienso: ¿cuál de todos será el asesino de mi hijo?.

Amada Puentes González, madre de Gustavo Castañeda Puentes, también señala que Cadhac sacó su expediente: la monja amenaza a los familiares de las víctimas con sacar sus expedientes de la procuraduría si hablan; para todo se le debe pedir permiso, si no, inmediatamente saca los expedientes. No es justo. Moralmente nos sentimos solas, aisladas del mundo, se nos cierran las puertas.

Ella y una veintena de familiares de víctimas afectadas por Cadhac han decidido crear Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León, según dice Ernesto Vidal Negrete, padre del desaparecido Ernesto Efraín Vidal Flores.Quedamos muy lastimados.Ya no aguantábamos el maltrato de la monja Consuelo Morales, que está cada vez más cercana al gobernador Rodrigo Medina; hasta nos prohibió decir nada contra él y contra el procurador Adrián de la Garza. Todo lo va suavizando. Quieren dar carpetazo a los casos. Nosotros tenemos que seguir luchando por justicia, aunque estemos clamando en el desierto, desesperados, hincados afuera del palacio de gobierno pidiendo justicia.