Denuncia Martí Batres intromisión del TEPJF en la vida de Morena

13 mayo, 2013MORENA | DF

Regeneración, 6 de mayo de 2013. En conferencia de Prensa Martí Batres Guadarrama, presidente del CEN de Morena, señaló las pretensiones intervencionistas del TEPJF en la elección de sus dirigencias municipales, lo que calificó como “un absurdo jurídico y un abuso”. La medida, añadió, “rompe con el principio de bilateralidad, ya que pretende que se cumplan obligaciones sin otorgar los derechos correspondientes”.

Aclaró que las asambleas municipales que se están llevando a cabo tienen que ver con la organización de la vida interna de Morena, no con su proceso de registro como partido político.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el “desechamiento” sentenciado por un Tribunal local, y ordenó dar entrada a una demanda que pretende invalidar la instalación de un comité Municipal de Morena en Tabasco, a pesar de que Morena todavía es Asociación Civil.

“Las asambleas para solicitar el registro empiezan el 28 de septiembre, la solicitud formal de registro se entrega en enero de 2014 y la respuesta del IFE sería en agosto de 2014″, detalló Martí Batres.

Agregó que al Tribunal Electoral “le urge tratar de obstaculizar el trabajo de Morena, con el argumento de que vamos a ser un partido y tiene el deber de defender los derechos de los militantes, se está metiendo en los asuntos internos de Morena”.

Por su parte Pío López Obrador se refirió en su cuenta twitter a esta intentona oficialista de meterse con Morena, y dijo que “los magistrados del TEPJF andan con el machete desenvainado”.

Y es que el pasado 30 de abril un magistrado del TEPJF de nombre Constancio Carrasco Daza (cercano a Diódoro Carrasco y Ulises Ruiz, ex-gobernadores oaxaqueños) publicó en el portal de noticias líder en Internet, una “columna de opinión” en la que expresó los argumentos para la intromisión del Tribunal en el proceso interno de Morena.

“La determinación se orientó por una perspectiva de tutela judicial efectiva en términos de lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Federal y 8o., párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, justificó el magistrado.