penas ayer, EL UNIVERSAL dio cuenta de la renuncia de la señora Cecilia Romero a la dirección del Instituto Nacional de Migración; 24 días después de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
Los cuestionamientos a su desempeño se agudizaron entonces, pero no eran nuevos. Comenzaron desde el momento mismo de su designación en un cargo que le era absolutamente ajeno y para el que no tenía preparación alguna; salvo el mérito de ser amiga de la familia presidencial y representar el pago de una cuota partidista en el gobierno. Todo lo cual tuvo un costo gigantesco no sólo para una administración catastrófica al interior, sino por el daño irreparable que la ineficiencia y la corrupción representaron en ambas fronteras: de norte a sur con las consabidas mordidas al regreso de nuestros paisanos; pero, sobre todo, en el caso dramático de la explotación inhumana de sur a norte de miles de migrantes centroamericanos que se han convertido literalmente en carne de cañón. Una implacable maquinaria que los explota desde que cruzan la frontera virtual y a lo largo de toda su ruta hacia Estados Unidos, en la que son víctimas no sólo de vejaciones y extorsiones, sino aun de secuestros y con frecuencia de una violencia feroz que les quita la vida como en San Fernando y quién sabe cuántos lugares más. Lo grave y verdaderamente inaceptable es que en este viacrucis participan del negocio no únicamente los polleros y los capos y sicarios del crimen organizado, sino los agentes del INM que —entre otras cosas— “ponen” a los migrantes porque conocen micrométricamente sus rutas.
Pero más grave aún, es que durante sus cuatro años de gestión hubo cientos de denuncias documentadas sobre la negligencia corrupta del INM que la señora Romero siempre menospreció con arrogancia provinciana: “Yo nunca he pensado en renunciar… esperaría poder servir a México hasta el último día de esta administración, si Dios, el Presidente y el secretario así lo quieren”.
A pesar de la masacre, Cecilia Romero fue arropada y protegida por el gobierno calderonista. Ni una sanción, ni siquiera un regaño, un exhorto o una llamada de atención. La única razón de su salida es que debía comparecer ante el Senado y hasta de eso la salvan. Se va en la impunidad absoluta. Sin responsabilidad oficial alguna.
Así que este gobierno puede matarnos a través de sus soldados en cualquier retén, como ha ocurrido en Sinaloa, Tamaulipas y Nuevo León o aun en centros educativos como el Tec de Monterrey y nadie es responsable de nada. Puras cantaletas las 400 quejas nada más en este 2010.
Así que este gobierno puede meternos a la cárcel, a través de su Procuraduría General de la República, como ha ocurrido con Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, con Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan; inventarte cargos y robarte años de tu vida y nadie es responsable de nada. Eso les pasa por defender sus bosques o por ponérsele al brinco a los afis. Pero sobre todo por ser indígenas o ser pobres. O ser migrantes muertos de hambre.
2010: ¿algo que festejar?
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