Que sospechosismo puro desató la falla técnica que cortó la imagen y el sonido cuando el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, emitía su discurso ayer en la ceremonia por la Independencia, al pie del Ángel, en Paseo de la Reforma.
Luego luego surgieron suspicacias cargadas de malicia: que si lo quieren borrar de la pantalla como a Santiago Creel, que si fue porque el líder cameral hasta habló bien del Presidente, que si alguien de la producción quiso quedar bien con su jefe.
En fin, sólo falta saber lo que en verdad ocurrió, para ver a quién responsabilizan de esta... ¿falla?
Que los integrantes de la bancada priista en San Lázaro, coordinada por Francisco Rojas Gutiérrez, aseguran que antes de que termine este mes se aprobará la ley antisecuestro.
Para ello, la Comisión de Justicia, que preside Humberto Benítez Treviño, dará luz verde la próxima semana a la minuta enviada por el Senado, a fin de liberarla y poder presentarla ante el pleno de la Cámara de Diputados.
A ver si es cierto, con eso de que ayer se juraron diálogo y buena vibra el Presidente y el Congreso, liderado por el tricolor en ambos flancos.
Que en el Consejo Político del PRI, que tendrá a bien reunirse después de un receso de dos añitos, quienes quieren cobrarse las facturas son los militantes de Oaxaca y Durango, pues aseguran que la lideresa nacional, Beatriz Paredes Rangel, los dejó solos en la elección pasada, pero, eso sí, quiere nombrar a su gente en los órganos del partido.
Que sólo duró una semana el “amor” entre las tribus del PRD, mientras defendían su derecho a presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Ahora, reconocen los mismos rijosos, viene la “madre de todas las batallas” para definir quién y cuándo se deberá relevar a Jesús Ortega al frente del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido.
Que el secretario de Seguridad Pública del DF, Manuel Mondragón, ordenó al director de la Policía Bancaria e Industrial investigar las funciones de dos de sus elementos detenidos con cartuchos útiles el día 15 en la Zona Rosa.
Desde Tlaxcoaque pidieron ocultar la información, pero cuando el asunto explotó, exigieron a la procuraduría trasladar inmediatamente a los uniformados al MP Federal para evitar un escándalo mayor.
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