Con excelente ánimo fue recibida la noticia en el circuito oficial: ayer, el Fondo Monetario Internacional elevó su proyección de crecimiento económico para México en el presente año, con lo que tal estimación avanza de 4.2 (enero pasado) a 4.6 por ciento. Qué bueno, pero como la memoria es un artículo de lujo en este país, vale recordar que en el primer mes de 2010 el mismo organismo internacional calculó que la economía mexicana crecería 4.7 por ciento en 2011, de tal suerte que en el mejor de los casos la buena nueva sería que el FMI desinfló ligeramente su entusiasmo sobre la sólida recuperación de este país.
Aun así, la buena noticia quedaría trunca si no se menciona que el Fondo redujo su cálculo sobre el crecimiento mexicano para 2012 (de 4.8 a 4 por ciento), con lo que la perspectiva calderonista prácticamente no se modifica. En el balance, incluidas las nuevas cifras del organismo financiero internacional, la tasa anual promedio de avance en el sexenio de para vivir mejor pasaría de 1.97 a 2 por ciento (siempre que se cumplan las proyecciones fondomonetaristas), contra 5 por ciento prometido en campaña. Entonces, a pesar de la revisión al alza, por sus resultados económicos el actual inquilino de Los Pinos conservaría la medalla de plata (bronce para Fox), sólo superado por Miguel de la Madrid (los galardones, obvio es, se otorgan por los peores resultados en los últimos 30 años).
Otra buena noticia del FMI para el caso mexicano es que la tasa de desocupación abierta se reduciría paulatinamente (de 5.4 por ciento de la población económicamente activa en 2010, pasaría a 4.5 por ciento en 2011, y a 3.9 por ciento en 2012), aunque de cualquier suerte tal indicador resultaría mayor al oficialmente reconocido cuando el presidente del empleo se instaló en Los Pinos (3.58 por ciento). Así, en el mejor de los casos, ni frío ni calor, como dirían los clásicos, en materia de empleo.
En otro orden de ideas, en la pasada convención bancaria Lula, ex presidente de Brasil, consideró que el Estado no debe temer a la inversión privada en el sector energético, y reiteró su deseo de concretar una alianza entre Pemex y Petrobras. Pues bien, independientemente de que el ex mandatario parece no conocer qué tipo de iniciativa privada existe en México ni cómo se las gastan los grandes inversionistas autóctonos (menos lo solícito que es el gobierno gerencial), José Luis Apodaca Villarreal, especialista en el tema e integrante del Observatorio Ciudadano de la Energía, comparte las siguientes reflexiones: durante su gobierno el ex presidente brasileño logró desligarse del modelo económico neoliberal impuesto por Estados Unidos, y ejerció un presupuesto de inversiones de 300 mil millones de dólares destinados a infraestructura básica, de los que 54 por ciento se destinaron al sector energético (petróleo, gas natural, electricidad y combustibles renovables), 34 por ciento a infraestructura social y urbana (luz para todos, saneamiento básico, construcción de casas, Metro), y 12 por ciento a comunicaciones y transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, hidrovías y marina mercante).
Así consiguió en los últimos años de su gobierno un crecimiento anual de los más altos del mundo, la clase media subió de 32 a poco más de 100 millones, el sector en condiciones de pobreza extrema se redujo a un tercio del previamente existente, 600 mil familias se asentaron en la agricultura, llegaron inversionistas de todas partes del mundo y Brasil se convirtió en una de las naciones más ricas, con lo que fue incluida en el G-7.
Contrariamente a Brasil, México ha seguido una política de total dependencia y aplicación estricta del modelo neoliberal. En los últimos diez años la estrategia del gobierno federal para Pemex ha sido de aniquilamiento de la paraestatal: le sustrajo 5 billones de pesos de los ocho que obtuvo de ingresos por ventas, y le dejó recursos solamente para mal operar la empresa; contrató deuda a 20 años por 1.3 billones de pesos para atender las inversiones requeridas para incrementar la extracción de crudo, mediante el muy caro esquema Pidiregas que aplica una tasa anual de descuento superior a 10 por ciento en dólares; importó petrolíferos por 22 mil millones de dólares, monto suficiente para haber cubierto la inversión en dos refinerías de alta tecnología, con capacidad para procesar cada una 300 mil barriles diarios de crudo, amén de activar la economía interna, el empleo y la captación de impuestos; designó como directores de la paraestatal a funcionarios que creen que su principal objetivo es privatizar la industria petrolera, y desconocen cómo administrar eficazmente esta macro empresa.
México, cuya carga tributaria es de 11 por ciento del PIB (a diferencia de Brasil que supera el 30 por ciento), ha dedicado en la última década más de 500 mil millones de dólares generados por Pemex a financiar el incremento en gasto burocrático del gobierno federal. No invertimos en infraestructura y propiciamos un crecimiento de la economía menor a 2 por ciento, la expulsión de 10 millones de mexicanos por falta de empleo y 50 millones que viven un cierto grado de pobreza (de los cuales 25 millones en extrema pobreza). Apodaca apunta: me parece que el consejo del ex presidente Lula debió enfocarse a invitar a los mexicanos a dejar atrás el modelo neoliberal que amenaza con destruir a muy corto plazo nuestro país, porque Pemex genera más riqueza para los mexicanos que Petrobras para los brasileños.
Las rebanadas del pastel
Cómo estará el horno, que hasta el Banco Mundial, tradicional aliado de los gobiernos neoliberales, contradice la versión oficial del inquilino de Los Pinos y la pone como palo de perico: México, advierte el organismo, “se encuentra ante una oleada sin precedente de violencia, a consecuencia de encontrarse en la frontera del mayor mercado de inmigrantes, consumo de estupefacientes y producción de armas… El tráfico de drogas, la trata de personas, el blanqueo de dinero, la explotación ilegal de los recursos naturales, la falsificación y las violaciones de los derechos humanos, advierte, son actividades lucrativas que facilitan la penetración de la delincuencia organizada en las vulnerables estructuras sociopolíticas, judiciales y de seguridad de los países en desarrollo. El precario desarrollo económico observado en muchas regiones del mundo es un estímulo para el fortalecimiento de esas actividades ilícitas, que continuarán floreciendo a consecuencia de la impunidad que encuentran en los países en desarrollo”.
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