Abundante, creciente y fuera de norma sería el uso de recursos públicos para alimentar la guerra calderonista en contra del narcotráfico. En Washington ya lo dijo el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero: en México, el gasto en seguridad consume cada año recursos públicos por 200 mil millones de pesos (sin incluir ayuda internacional, porque ésta más bien (es) asistencia técnica y tecnológica), monto que, como se anotó ayer en este espacio, no cuadra con el registro presupuestal.
Se supone que el grueso de los dineros públicos destinados a seguridad (secretarías de la Defensa, Marina y Seguridad Pública Federal más PGR) se canaliza al pago de nómina (alrededor de 350 mil efectivos, de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación para 2011), de tal suerte que no quedaría mucho margen para la adquisición de armamento, tecnología y conexos para el desarrollo de tal actividad. Pero, ¿cómo se ejerce ese gasto, si se ejerce, y cuáles son los resultados? Pues bien, la Auditoría Superior de la Federación ofrece una muestra, concretamente en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), organismo al que practicó cinco auditorías, con el siguiente balance (se respeta el texto original):
La ASF no pudo evaluar la administración del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, porque el SESNSP, al no acceder de manera oportuna y permanente al sistema, no acreditó dar cumplimiento a su función como administrador del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública. La falta de acceso oportuno del SESNSP a los registros del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública limitó: que el SESNSP hubiera asegurado la disponibilidad de la información contenida en las bases de datos del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública; que el SESNSP hubiera requerido a las instancias del sistema la información necesaria para la integración y actualización permanente de las bases de datos, vigilar su actualización y determinar sus necesidades de información y procesamiento de datos; que las instancias del SNSP cumplieran con el suministro, intercambio, sistematización y actualización permanente de las bases de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública.
El Centro Nacional de Información no acreditó haber emitido los manuales, políticas, criterios y estructuras para la homologación de las bases de datos de los integrantes del sistema, ni establecido los mecanismos necesarios de alimentación y acopio de datos que le permitan analizar la incidencia criminológica y, en general, la problemática de seguridad pública en los ámbitos federal y local. El SESNSP careció de la información cuantitativa sobre los datos totales que debieron contener los registros del personal de seguridad pública, de indiciados, procesados y sentenciados, así como de armamento y equipo, por lo que no fue posible establecer su nivel de actualización.
Sobre el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública: la ASF determinó que en el ámbito federal la cobertura del personal de seguridad pública registró un retroceso acumulado de 23.2 puntos porcentuales, al pasar de una cobertura de registro de 79.7 por ciento en 2008 a 56.5 por ciento en 2009, debido al incremento en el número de plazas, y en el ámbito local, la cobertura reportada de 97.9 por ciento no resultó confiable, ya que en 50 por ciento (16) de las entidades federativas el número de elementos registrados fue superior al número de elementos existentes, y los reportes del SESNSP no permitieron identificar los elementos en activo y los no activos, a pesar de que en el propio reporte se indica que corresponde a elementos activos. Con los datos contenidos en el reporte del SESNSP respecto de las bases de datos criminalísticas y de personal, no fue posible determinar el nivel de actualización, por lo que no se garantizó disponer de un sistema para compartir oportunamente información entre las corporaciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.
Por lo que toca al Registro Nacional de Armamento y Equipo, detalla que se reportaron 19.6 por ciento menos armas que las informadas en 2008, sin que el SESNSP explicara las razones de esta disminución, por lo que la entidad fiscalizada no estableció mecanismos de control que garantizaran la actualización del registro. La base de datos de indiciados, procesados y sentenciados no se actualizó por parte de cuatro (57.1 por ciento del total) de los siete centros de readaptación federal y por cuatro (12.5 por ciento) de las 32 entidades federativas donde se incrementó esta población, además de que dos (6.3 por ciento) entidades federativas no suministraron la información desde 2008, por lo que no se garantizó contar con un sistema para compartir oportunamente información entre las corporaciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, en incumplimiento del objetivo 4 del Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012.
La información proporcionada por el SESNSP impidió evaluar la oportunidad en el cumplimiento del compromiso establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, de implementar un módulo de información sustantiva en el Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México para el registro, seguimiento y combate al delito del secuestro, en un periodo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de dicho instrumento, por problemas de conectividad en las entidades federativas, o porque carecieron de claves electrónicas de acceso al módulo. El SESNSP indicó que el módulo para el combate al secuestro del Sistema Único de Información Criminal (SUIC) se instaló en las 32 entidades federativas, de las que cinco (estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Quintana Roo), equivalentes a 15.6 por ciento del total, no lo operaron por problemas de conectividad o porque carecieron de claves electrónicas de acceso, y en las 27 (84.4 por ciento) restantes se desconoce su fecha de entrada en operación.
De 2005 a 2009 los recursos presupuestados para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de las entidades federativas y el Distrito Federal (FASP) se incrementaron a un ritmo de 7.3 por ciento anual en promedio, mientras su ejercicio lo hizo a un ritmo de 19.8 por ciento. En términos acumulados se erogaron 13 mil 881 millones de pesos, 49.3 por ciento de lo convenido, lo que significa que más de la mitad de los recursos otorgados en cinco años a este fondo, equivalentes a 15.2 por ciento del presupuesto total asignado a la función Orden, seguridad y justicia en 2009 no fueron ejercidos por las entidades federativas.
Las rebanadas del pastel
En síntesis, mucho gasto, pocas nueces
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