El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, reclamó en el Senado la voluntad política para dotar a la ciudad de México de su Constitución, anhelo de los políticos capitalinos desde 1826. Fue una petición justa en el momento apropiado: La inauguración del Museo de las Constituciones. Infortunadamente, los obstáculos para esa reforma, frustrada muchas veces, son enormes, porque los dirigentes políticos prefieren mantener la capital bajo una tutela indebida, grotesca y peligrosa.
En 2001, cuando despuntaba el régimen de Fox y de AMLO, todos los partidos estuvieron de acuerdo en impulsar una reforma que incluía las bases para una Constitución local. El proyecto fue aprobado en la Asamblea del DF por unanimidad y en la Cámara de Diputados por 96 por ciento. En el Senado, el proyecto se empantanó porque los legisladores del estado de México (con ellos el PRI) se opusieron. Exigían a cambio que se cediera una parte sustancial de los recursos que le asignaba la Federación.
La reforma es necesaria, porque la capital tiene un régimen político lleno de contradicciones. Es un sistema peligroso, como demostraron las continuas intervenciones de Fox para utilizar a partir de 2004 los mecanismos de control en el intento por eliminar políticamente a AMLO, quien por su gestión se había convertido en fuerte contendiente por la Presidencia. Las maniobras de Fox para impedir el endeudamiento del DF, destituir al jefe de la policía, bloquear los recursos e incluso su intentona por desaforar al jefe de Gobierno se derivan de las contrahechuras del artículo 122 constitucional.
Los grandes obstáculos para una reforma no son de carácter técnico. Hay muchas capitales en el mundo que tienen un régimen que garantiza la estabilidad política. Las trabas son la mezquindad y la falta de visión. El PRI y el PAN no quieren conceder la reforma, porque lo ven no como un pacto benéfico para todos, sino como triunfo para el jefe de Gobierno. La posibilidad de tener una Constitución tampoco provoca mucho entusiasmo popular.
Será necesario que las fuerzas democráticas tengan mayoría suficiente en ambas cámaras para que sea aprobada una reforma que abra el camino de la plena soberanía de esta muy noble y leal ciudad. La otra alternativa sería que, como en 1996, una caída brutal de la estructura financiera y de la economía pusieran en riesgo la estabilidad social y política, y forzaran una reforma política integral que incluyera el nuevo estatuto de la capital de la República y su Constitución.
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