domingo, 28 de agosto de 2011

Tarjetas de crédito: descontrol y rapiña


Según cifras oficiales de las que se da cuenta en la edición de hoy, las tasas de interés que cobran los bancos a los usuarios de tarjetas de crédito en México pueden llegar a representar hasta 20 veces el monto que esas mismas instituciones otorgan a sus cuentahabientes por concepto de rendimientos. En otras palabras, mientras que un ahorrador con un ingreso medio puede aspirar, en el mejor de los casos, a recibir un magro beneficio apenas superior a 4 por ciento anual –por supuesto, sin contar la inflación–, el uso de un plástico puede representar para su poseedor un costo de entre 17 y 102 por ciento anual, por concepto de intereses, tarifas, comisiones especiales y cargos moratorios, según la entidad emisora y el tipo de tarjeta que se contrate.

Otros datos permiten ponderar las condiciones de rapiña que, a falta de regulaciones oficiales eficientes, encuentran las instituciones financieras –la mayoría propiedad de consorcios trasnacionales– que emiten tarjetas de crédito en nuestro país: mientras que en Estados Unidos el costo anual total (CAT) de una tarjeta de crédito de Citibank es de 10 por ciento, el de un plástico emitido por la filial mexicana de ese banco –Banamex– asciende a 47 por ciento; el costo para un tarjetahabiente de BBVA-Bancomer en nuestro país es en promedio cinco por ciento mayor que el que pagaría a la matriz española; el titular de un plástico de Scotiabank en territorio mexicano deberá pagar más del doble de lo que le costaría contratar ese servicio en Canadá; por lo que hace al británico HSBC, el CAT de 53 por ciento para las tarjetas emitidas por ese banco en nuestro país es mucho mayor al 18 por ciento que la misma institución cobra en su nación de origen.

No puede pasarse por alto que, en un entorno económico y social caracterizado por la inseguridad laboral y el repunte del desempleo; por las alzas generalizadas en impuestos, productos de primera necesidad y servicios, así como por una notoria insuficiencia en los ingresos, para muchas familias resulta tentador el uso recurrente de la tarjeta de crédito como mecanismo de supervivencia básica, y en muchos casos esa circunstancia va aparejada de una pérdida de capacidad económica para saldar la totalidad de los débitos. Significativamente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó recientemente sobre un repunte en la cartera vencida de tarjetas de crédito, que hasta junio pasado se ubicaba en 5.5 por ciento.

Sin embargo, sería erróneo y parcial presentar ese fenómeno como resultado de la falta de cultura financiera y hasta de responsabilidad por parte de los titulares de los plásticos, cuando han sido las propias instituciones bancarias las que, en un afán frenético de obtener ganancias económicas, han incurrido en prácticas como la colocación desmedida e irresponsable de tarjetas de crédito, que tienden a incrementar los niveles de endeudamiento y de morosidad y, por ende, de inestabilidad y riesgo financiero. A la postre, los costos de esa irresponsabilidad son transferidos por los bancos a los propios usuarios a través de comisiones exorbitantes por concepto de anualidades y de uso de cajeros automáticos, entre otros, y por medio de tasas de interés leoninas como las referidas.

Por lo demás, y en contraste con la vasta oportunidad de negocio que gozan las entidades financieras en nuestro país, el aporte de esos organismos al desarrollo nacional sigue siendo ínfimo, si se toma en cuenta que su participación en el financiamiento de infraestructura, inversiones productivas y créditos inmobiliarios sigue muy por debajo de las necesidades nacionales.

Con estas consideraciones en mente, es evidente que la corrección de los vicios y las conductas depredadoras de la banca no pasa únicamente por el incremento en la educación financiera de sus usuarios sino, ante todo, por la aplicación de medidas de control y regulación oficial de esas instituciones. En éste, como en otros ámbitos relacionados con la situación económica nacional, es de suma importancia que las autoridades dejen de lado el dogma neoliberal de la mano invisible del mercado y comiencen a introducir elementos de racionalidad y control.

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