El Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad acordó ayer retirarse del diálogo que venía sosteniendo con los poderes federales, como respuesta a la aprobación en lo general de la minuta de la cuestionada ley de seguridad nacional, que tuvo lugar el martes pasado en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, con los votos de los representantes del PRI, PAN, PRD y Partido Verde. De esa forma, los contactos entre el movimiento social –encabezado entre otros por el escritor Javier Sicilia y el padre Miguel Concha– y las autoridades se redujo únicamente a la mesa temática con la Secretaría de Gobernación dedicada a atención de las víctimas.
La decisión anunciada ayer en el palacio legislativo de San Lázaro por Sicilia y Concha era de elemental congruencia, toda vez que la minuta que resultó aprobada ha recibido severos cuestionamientos de numerosos sectores políticos, sociales, académicos y mediáticos. Tales críticas señalan, con razón, que ese proyecto de reforma legal abre un margen para el recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos que ya padece la sociedad en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada emprendida por el gobierno federal desde los inicios de la actual administración; asimismo, refuerza la visión militarista y policial que anima a la estrategia oficial de seguridad e ignora la descomposición institucional, la corrupción y la impunidad, así como otros factores políticos, sociales y económicos que impulsan el auge delictivo que azota al país.
La aprobación de la minuta referida tuvo como elementos de contexto la multitudinaria exigencia –representada por el movimiento identificado con Sicilia y por otros grupos– de que la administración calderonista rectifique su percepción del fenómeno delictivo y su fórmula para contrarrestarlo, no sólo porque se ha revelado contraproducente, sino también porque se ha traducido en el quebrantamiento masivo de las garantías individuales, e incluso en menosprecio a la seguridad y a los derechos de la población; la presencia, en la capital de la República, de una caravana de familiares de migrantes centroamericanos que han sido desaparecidos en el territorio nacional –presumiblemente, en algunos casos, con participación u omisión de funcionarios públicos–, así como el señalamiento formulado por Amnistía Internacional de que México se encuentra al borde de la represión sistematizada y que la falta de respeto a los derechos humanos puede situarse en un nivel semejante al de las dictaduras militares que asolaron a buena parte de América Latina en décadas recientes.
En tales circunstancias, la luz verde, así fuera en lo general, a un proyecto de legislación represiva, que limitaría la vigencia de las garantías individuales y otorgaría poderes discrecionales a la autoridad fue por parte de los legisladores que la dieron, una muestra de insensibilidad, en el mejor de los casos y, en el peor, de apego a la impunidad y la arbitrariedad que han caracterizado al poder público en nuestro país.
Por contraste, la supuesta disposición de los legisladores para escuchar los planteamientos de quienes encabezan el Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad y de comprometerse a darles un cauce concreto en el quehacer legislativo se evidenció como un mero acto de simulación.
No puede culparse al movimiento social por la falta de resultados del diálogo con las autoridades porque, a lo que puede verse, la mayor parte de la clase política no muestra interés alguno por apartarse del trágico paradigma oficial de lucha contra la delincuencia. Todo indica que sin movilizaciones ciudadanas no será posible inducir un cambio real y de fondo en una política de seguridad fallida que no ha reducido los índices delictivos ni debilitado perceptiblemente a las organizaciones criminales, y que ha costado, en cambio, decenas de miles de vidas, la destrucción del tejido social y económico de regiones enteras y la pérdida de las certidumbres, de la tranquilidad y la confianza.
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