sábado, 6 de agosto de 2011

TRASCENDIO

Que los bejaranistas preparan una muestra de músculo para el mitin que realizarán hoy en el Monumento a la Revolución, en apoyo a Andrés Manuel López Obrador, al que tienen programada la asistencia de por lo menos 50 mil personas convocadas por el Movimiento Nacional por la Esperanza.

Qué Carlos Fuentes ni qué nada, dicen los pejistas…

Que Carlos Navarrete ya definió su salida del Senado, será en enero de 2012, para buscar la candidatura de las izquierdas al GDF. Incluso ya se alista su sustituto en la coordinación del PRD: Pablo Gómez Álvarez.

Que otro tapado de las izquierdas para el mismo cargo, Mario Delgado, se sigue moviendo.

El secretario de Educación capitalino, que declinó participar en un ciclo de conferencias organizadas por el PRD local, al que acudirían los aspirantes a relevar a Marcelo Ebrard en la jefatura del Gobierno, consideró que el partido debería dedicarse a fortalecer su posicionamiento en la ciudad.

Y luego por qué no pinta en las encuestas.

Que ayer integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, que encabeza Martín Esparza, provocaron la alerta de miembros de resguardo de la Cámara de Diputados.

Y es que tras asistir a un foro laboral en el auditorio en San Lázaro, iniciaron una manifestación frente al edificio que alberga las oficinas del presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín.

Sin embargo, se limitaron a lanzar consignas desde el patio central del recinto, aunque, eso sí, vigilados de cerca por la seguridad interna del lugar.

Que sí hubo roce.

Ocurrió en la reunión que encabezó el jefe de Seguridad Pública municipal de Ciudad Juárez con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, para solicitar la reasignación de 28.5 millones de pesos que le fueron suspendidos por incumplimiento de obligaciones legales para recibir los recursos.

El funcionario local admitió fallas, pero intentó justificarse al señalar que las autoridades asumieron las riendas del municipio en 2010.

Sin embargo, el mando federal fue tajante en que el secretariado no evaluó personas, sino la administración del municipio, que deberá corregir los errores.

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