viernes, 14 de junio de 2013

México, Distrito Federal.- Evaluaciones entregadas recientemente al Gobierno de Tabasco por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y despachos contables externos que incluso fueron contratados por el régimen de Andrés Granier confirman “el desfalco brutal y criminal” que sufrió la entidad durante el sexenio anterior.
Así lo reveló el gobernador Arturo Núñez Jiménez, quien reafirmó que su antecesor no es un perseguido político. Dijo que si bien la Procuraduría General de la República (PGR) no arraigó al exmandatario durante su comparecencia voluntaria, esto no indica que esta medida cautelar no vaya a emplearse “tarde o temprano”. 
Entrevistado al término de una reunión en la Secretaría de Gobernación, señaló que Andrés Granier deberá comparecer este viernes en calidad de indiciado ante la Procuraduría General de Justicia de Tabasco (PGJ), y es ante esta instancia donde tendrá que deslindar su presunta responsabilidad en los hechos relacionados con el quebranto a las finanzas públicas. 
Núñez Jiménez asentó que Granier como cualquier otro indiciado o presunto responsable, según se determine su situación jurídica, tendrá todas las garantías para presentarse a declarar, pero además, ante las amenazas que dice tener del crimen organizado, también tendrá su seguridad garantizada.  
En entrevista, el jefe del Ejecutivo sostuvo la tesis de que por el monto del quebranto y la temporalidad de las operaciones, éstas no pudieron haber sido cometidas sin el conocimiento del exgobernador Granier.  
“Estamos hablando de mil 900 millones –que es la denuncia emblemática–, más otros 500 millones que fueron a dar a una cuenta concentradora; duro mucho, todo el año, fue una operación reiterada, sistemática, de tracto sucesivo, permanente, de dinero etiquetado para usos específicos”, explicó.
DESPACHOS CONTRATADOS POR SÁIZ EVIDENCIAN IRREGULARIDADES
Categórico, el mandatario puntualizó que hay evidencias claras en diversas instituciones, las del estado, las de la Federación y de despachos privados, que demuestran que sí hay un desfalco brutal en Tabasco y que pretender sustentar la defensa en una cuestión política no es más que un acto desesperado.   
Observó que esta misma semana el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, le presentó informes de autorías efectuadas al ejercicio 2010 y 2011, y reportes preliminares del ejercicio 2012,  que confirman las irregularidades.
Pero no sólo eso, abundó, también auditorías recientemente concluidas por los despachos externos Price Waterhouse y Deleite, también dan cuenta de las irregularidades. 
Sobre la participación de estas firmas de contabilidad, de prestigio profesional, Núñez Jiménez explicó que ambas fueron contratadas por la anterior Secretaría de Administración y Finanzas, bajo el mando de José Sáiz, para auditar el gasto público del gobierno anterior.  
No obstante, dijo que en 2012 no pudieron completar su trabajo porque del área de finanzas les negaron la información. En enero de 2013 acudieron al nuevo gobierno para explicar la situación y ofrecer la conclusión del trabajo que, aunque estaba pendiente, ya se les había pagado en la totalidad. “Se les entregó la información que requirieron y los resultados confirman lo mismo: el desfalco”, apuntó.  
PLENA COLABORACIÓN CON PGR
Núñez Jiménez señaló que el hecho de que Tabasco haya registrado pérdidas a causa de las inundaciones y del cambio de criterios en el modelo de coordinación fiscal para la asignación de recursos, como argumenta su antecesor, “eso no tiene nada que ver con el manejo del dinero de manera directa”.
Reiteró que independientemente de los problemas de déficit presupuestal, “hay problemas de latrocinio, de robo descarado, de saqueo abierto de los recursos públicos”.
A pregunta expresa, concluyó no tener elementos para decir que no ha encontrado plena disposición de colaboración por parte de la PGR o de que se trate de un asunto con un manejo partidista o de orden político.

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