Trascendió Nacional
2013-06-14 • AL FRENTE
:Que no solo Andrés Granier salió a pie —así como llegó— de la SEIDO, sino que también logró convencer a la PGR de no trasladarlo anoche a Tabasco, sino hasta hoy.
Por el momento, la Procuraduría no tiene nada contra él, pero nada está definido, pues ahora el ex gobernador tendrá que enfrentarse, pero en calidad de indiciado, a la fiscalía de Tabasco.
:Que hay intranquilidad en el sector energético, especialmente en la CFE, que dirige Francisco Rojas, por el proyecto de construcción de la red compartida de telecomunicaciones al mayoreo que va dentro de la promulgada ley de la materia.
Expertos en el tema energético opinan que pondría en riesgo la capacidad de transmisión, distribución y, más aún, el servicio de última milla al consumidor. El detalle se analizará en la legislación secundaria.
:Que no todos los calderonistas del PAN están muy convencidos que Ernesto Cordero sea la mejor opción para disputar a Gustavo Madero la presidencia del partido; basta ver cómo Patricia Flores y Jorge Manzanera han comenzado a placear a la sinaloense Gabriela Ruiz, sobrina del legendario Manuel Maquío Clouthier.
Ruiz ha sido diputada y senadora por el albiazul, además de tesorera y miembro del CEN.
:Que un nutrido grupo de legisladores perredistas, encabezado por la senadora Alejandra Barrales y los diputados federales Aleida Alavez, Carlos Reyes Gámiz y Roberto López Suárez, desayunó ayer con el secretario de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida, para conversar sobre los recientes hechos de violencia en la capital.
En el encuentro privado, el funcionario aseguró que el DF se mantiene como una ciudad segura y dijo que la responsabilidad de identificar la eventual operación del crimen organizado en la urbe es “responsabilidad constitucional” del gobierno de Enrique Peña Nieto.
:Que la permanencia del plantón del SME en Bucareli ya es un simple asunto de dinero.
Si bien el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, ha expresado al líder sindical Martín Esparza la voluntad del gobierno federal para resolver el conflicto, la solución definitiva requiere, por lo menos, mil 500 millones de pesos para pagar a más de tres mil jubilados.
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