Tribunal reconoce graves irregularidades en la acusación contra Indígena acusada de secuestrar a seis afis
17 de Abril, 2009 - 08:42 — Querétaro, Qurétaro.
Pese a que constata muy graves vicios en el proceso, el magistrado se limita a ordenar la reposición del juicio.
Tras más de dos años y medio en prisión de Jacinta Francisco Marcia, la justicia vuelve a negarse a quienes más padecen su inequidad.
Jacinta Francisco Marcial
Foto: Especial/Internet Querétaro, Querétaro.- Jacinta Francisco Marcial junto con Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas otomí , fueron sentenciada en la capital del estado por haber secuestrado a seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) durante hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en el poblado de Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco, Querétaro.
Ante la insuficiencia de las pruebas empleadas para acusarla y la profunda injusticia patente en el caso, el Centro Prodh asumió la defensa de Jacinta en segunda instancia durante enero de 2009. Junto con una campaña de solidaridad en su favor que suscitó numerosas adhesiones, el Centro Prodh interpuso el recurso de apelación en representación de la mujer indígena. Éste recayó en el Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en Querétaro, a cargo del magistrado Hanz Eduardo Muñoz López.
Las numerosas irregularidades del proceso permitían al magistrado restituir los derechos de Jacinta para modificar la sentencia y devolverle su libertad. No obstante, en su resolución de fecha 7 de abril el magistrado López Muñoz se limitó a ordenar la reposición del procedimiento; es decir, regresó el expediente al Juez Cuarto de Distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longhi, para que nuevamente se desahoguen pruebas. Con esto, la misma autoridad que condenó a Jacinta a más de veinte años de prisión.
En su fallo, notificado apenas en días pasados a Jacinta, el magistrado reconoce abiertamente que existen “contradicciones sustanciales” en los testimonios de los seis agentes federales de investigación que dicen haber sido “secuestrados” por Jacinta, Teresa y Alberta. También reconoce expresamente la posibilidad de que los hechos se hayan derivado de una negociación consentida y propuesta por los servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR). No obstante, ante las contradicciones, omite presumir la inocencia de Jacinta y ordena el desahogo de nuevas pruebas; así, ante la duda no absolvió sino que optó por perpetuar el encarcelamiento.
Con la sentencia dictada por el Tribunal Unitario se refrenda la negativa a reconocer la presunción de inocencia de Jacinta y a presumir en los hechos lo contrario: su culpabilidad, aun cuando la acusación en su contra es absurda.
Por otra parte, el fallo del Tribunal Unitario revictimiza a Jacinta al posponer, casi indefinidamente, la resolución sobre el fondo del caso. En efecto, si se considera que algunos de los careos ordenados por el magistrado requieren que los agentes federales, que se dicen víctimas de Jacinta, acudan al Juzgado Cuarto, el juicio puede prolongarse considerablemente: durante el juicio estos fueron infructuosamente llamados para careos en más de quince ocasiones, lo que muestra su desinterés absoluto en el proceso y su negativa a colaborar con el cabal esclarecimiento de los hechos.
Es importante recordar que, como ha sido reiteradamente señalado por este Centro el juicio seguido a Jacinta Francisco Marcial patentiza la discriminación que prodigan las instancias de justicia en contra de quienes son indígenas, mujeres y viven en situación de marginalidad. Para ellas, en México, no hay justicia ni Estado de Derecho.
Igualmente, este Centro ha insistido en que el caso muestra que en la actualidad las instancias de justicia son empleadas deliberadamente, abusando de figuras como el secuestro, para castigar o inhibir expresiones de protesta o descontento popular. Las mismas procuradurías que no son efectivas al investigar y esclarecer los verdaderos secuestros –aquellos donde se extorsiona privando violentamente de la libertad y exigiendo rescate– son expeditas e implacables cuando se trata de imputar ese grave delito a quienes, con pruebas o sin ellas, son relacionados por las autoridades con actos de protesta
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