MEXICO S.A.

Balance espeluznante

Decreto violenta la Constitución

El año de la peste

Carlos Fernández-Vega
Por demás expedito y generoso ha sido el gobierno federal en atender las urgencias de las grandes empresas altamente endeudadas en dólares o con vencimiento de corto plazo en divisa foránea. Por instrucciones del inquilino de Los Pinos, en línea con lo ordenado por sus antecesores, todo el aparato financiero del sector público ha sido puesto a disposición de tales urgencias. Miles de millones del erario se han puesto al servicio de tal fin; voluminosas cantidades han sido negociadas en calidad de línea de crédito” con el FMI o “swaps” con la Reserva Federal de Estados Unidos. Y como lo dijo el gobernador del Banco de México, por si alguien dudara de tales recursos, el propósito es claro: “proveer financiamientos a participantes del sector privado que enfrenten presiones para obtener recursos en dólares a plazo”, en el entendido que las necesidades de los mexicanos pueden esperar aún más.

Pues bien, el problema es que al dadivoso cuan veloz gobierno calderonista se le juntó roto con descocido, falta de agua con sequía: a la crisis financiera (aquel idílico “catarrito”, según versión oficial) se suma una emergencia sanitaria de gran proporción, que tiende a ser nacional, que afecta sanitaria y psicológicamente a la población en su conjunto, que trata de ser “atenuada” con la misma fallida “estrategia” utilizada para efectos de la sacudida económica, y para la cual no hay recursos con qué responder, porque todo se lo quemaron en el más reciente “rescate” de los de siempre.

Más allá de los voluminosos créditos que la banca de desarrollo (del Estado) otorgó a esas selectas empresas para librar las primeras complicaciones, en primera instancia el Banco de México puso a disposición del gran capital 4 mil millones de dólares de la “línea swap” para satisfacer sus urgencias de dólares, independientemente de “apoyos” fiscales, facilidades, cortesías y conexos. Todo para las necesidades privadas.

Para las urgencias sociales, las propinas, si bien va. Así, como el gobierno calderonista ya no tiene un peso, porque todo se lo dio a los de siempre, debió negociar un crédito con el Banco Mundial: 25 millones de dólares, de desembolso inmediato, para la “compra de medicinas, suministros médicos y equipo epidemiológico” para detectar y diagnosticar la influenza porcina en México. Adicionalmente, 180 millones de billetes verdes, que se entregarán a mediano plazo “para tratar los aspectos operacionales y capacidad institucional” relativas a dicha enfermedad, según detalló en Washington el secretario de Hacienda, Agustín Carstens (además anunció otro por mil 500 millones de dólares para desarrollo social).

El balance resulta espeluznante: alrededor de 54 mil millones de pesos, en un primer tramo, para evitar la quiebra o moratoria de las grandes empresas, y 0.6 por ciento (cerca de 337 millones, en crédito otorgado por institución externa) de esa cantidad para enfrentar la emergencia sanitaria que se extiende por el país. Todo, en medio de un discurso oficial que contradice las razones por las cuales el Banco Mundial otorgó el citado crédito, porque el inquilino de Los Pinos asegura que “tenemos en México los medicamentos suficientes para atender los casos que se puedan presentar. Esto es muy importante; la enfermedad es curable y tenemos los medicamentos para ello”, mientras Carstens sostiene que el financiamiento del BM será, precisamente, para “comprar medicinas, suministros médicos y equipo epidemiológico” para detectar y diagnosticar la influenza porcina en nuestro territorio.
Y todo ello se da en el contexto de un alarmante cuan peligroso decreto del inquilino de Los Pinos, publicado el sábado en el Diario Oficial de la Federación, que utiliza la emergencia sanitaria como pretexto para violentar la Constitución y ordenar, sin mayor trámite, “el ingreso a todo tipo de local o casa habitación para el cumplimiento de actividades dirigidas al control y combate de la epidemia”, no sin antes advertir que evitará “congregaciones de personas en cualquier lugar de reunión, incluyendo la clausura temporal de locales o centros de espectáculo”.

Tal proceder trae a la memoria aquella película del cine mexicano (El año de la peste, 1978), dirigida por Felipe Cazals, con guión de Gabriel García Márquez y Juan Arturo Brennan, basado en la novela Diario del año de la peste (1722) del inglés Daniel Defoe, y diálogos de José Agustín y los propios García Márquez y Brennan, cuya síntesis más o menos es así: “en una ciudad mexicana se presenta un brote epidémico, sin que las autoridades hagan caso de las advertencias de los especialistas. Ante la magnitud de los daños, el gobierno decide controlar la información y organizar brigadas represivas disfrazadas de grupos de fumigación, entre otras medidas para distraer la atención y evitar el pánico entre la población. Por su parte, la sociedad finge que no pasa nada, mientras la ciudad se llena de cadáveres” (cinemexicano.mty. itesm.mx/front.html).

No vaya a ser la de malas que, más allá de demostrar que de nueva cuenta lo agarraron con los dedos en la puerta, el gobierno calderonista le tome gusto a ese tipo de prácticas.

Las rebanadas del pastel

Para berrinche de Germán Larrea y pianista que lo acompaña, los mineros sindicalizados informaron ayer que el juez segundo de distrito en materia laboral en el Distrito Federal “resolvió conceder suspensión definitiva para el efecto de que no se ejecute el ilegal laudo dictado el 14 de abril, que pretendía terminar la relación de trabajo, colectiva e individual, de los trabajadores con Mexicana de Cananea, como parte de la irracional y empecinada persecución política que el gobierno mantiene hace tres años contra nosotros. Por tanto, las declaraciones de la Secretaría del Trabajo, que auguraban que ello no ocurriría, vuelven a ser desafortunadas, por decir lo menos. La huelga sigue vigente y fue declarada legal. Los mil 200 trabajadores sindicalizados están bien protegidos legalmente, y ninguna fuerza federal o estatal puede desalojarlos, so pena de violar la suspensión otorgada hasta en cinco ocasiones por diversos jueces, en una de ellas de manera definitiva. En esas condiciones, y aun cuando un importante número de elementos de la PFP se retiraron de Cananea, al país le ha costado una fortuna mantenerlos ahí para intentar desalojar a los trabajadores, en vez de dedicarlos a atacar la delincuencia. Es un gasto absurdo cuando el país se encuentra en crisis de seguridad y económica” (y epidemiológica)

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