2006-2009: oprobiosa impunidad militar
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
En dos años y cuatro meses de gestión calderonista, la impunidad militar llegó a niveles oprobiosos. La estrategia de movilizar a 45 mil elementos para combatir al narcotráfico y a la delincuencia organizada no sólo resultó fallida, sino que la institución se ha extralimitado en sus funciones al llevar ante tribunales militares a civiles. Reportes de la CNDH revelan que 23 de las 52 recomendaciones del ombudsman nacional contra la Sedena en los últimos 20 años
involucran a la actual administración.
Desde la época de la guerra sucia en México, el Ejército no había violado tanto los derechos humanos como durante el gobierno de Felipe Calderón.
En apenas dos años y cuatro meses, la institución acumuló más de 2 mil quejas. El período más violento contra la población civil ha sido el primer trimestre de este año, según los 423 expedientes abiertos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra militares.
Pero las violaciones tienen un agravante más: como ningún otro gobierno, el de Calderón ha sometido a cientos de civiles a tribunales castrenses. Tan sólo en sus dos primeros años, 484 casos que originalmente eran investigados por la vía civil pasaron a la justicia castrense.
Entre enero de 2007 y noviembre de 2008, la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) abrió 170 averiguaciones previas en las que las víctimas han sido civiles en actos violatorios cometidos por los propios militares.
Aunque el predominio en México del fuero militar ha sido cuestionado por varios países en la Organización de las Naciones Unidas, el Ejército ha dictado 41 sentencias en las que las víctimas han sido civiles: 32 condenatorias y nueve absolutorias.
Ante el creciente número de sentencias relacionadas con civiles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará la constitucionalidad del Código de Justicia Militar y el alcance del fuero castrense.
Además, en junio próximo el gobierno de Calderón deberá responder ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, a la petición que en febrero pasado le hicieron varios países al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para que el Estado mexicano revise el alcance de ese fuero.
El general Guillermo Galván Galván se convirtió ya en el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el mayor número de violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército en su historia reciente, como resultado del despliegue de 45 mil militares en calles y poblados del país para combatir el narcotráfico.
La tendencia al alza se elevó todavía más durante el primer trimestre de este año. En ese período, la CNDH abrió 423 expedientes de queja, contra las mil 602 tramitadas entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2008. Es decir, de las 2 mil 25 quejas presentadas contra elementos de la institución castrense en este gobierno 20% ocurrieron entre enero y marzo pasados.
Mientras más presencia del Ejército hay en las calles, mayor es el número de violaciones a los derechos humanos. La demostración más clara es el Operativo Conjunto Chihuahua, al que Calderón decidió aumentar a 8 mil 500 el número de militares a finales de febrero.
Los reportes más recientes de la CNDH obtenidos por Proceso indican que Chihuahua fue el estado donde hubo más quejas contra la Sedena, 97 del total de las 423 interpuestas. Pero por frecuencia, la comisión registró mil 262 hechos violatorios en todo el país tan sólo en el primer trimestre; la mayoría por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tortura y robo.
Como en ningún otro sexenio desde el surgimiento de la CNDH en 1990, bajo el mando del general Galván, la Defensa Nacional ha pasado a ser una de las principales instituciones investigadas por violaciones a esos derechos.
Las cifras del organismo indican que de las 52 recomendaciones recibidas por el Ejército en 20 años, 23 han ocurrido en el actual sexenio. Es decir, que en apenas dos años y cuatro meses 44% de todas las recomendaciones se han concentrado en el gobierno de Calderón.
Con más de tres años y medio aún de gobierno, Calderón supera a lo ocurrido en violaciones de militares a los derechos humanos durante la administración de su antecesor, Vicente Fox, y de los priistas Ernesto Zedillo y Carlos Salinas, con el levantamiento zapatista de por medio.
El que más recomendaciones recibió una vez comprobadas las violaciones por parte de la CNDH fue el sexenio de Zedillo, con 14; le siguió el de Fox, con ocho, y en seguida el de Salinas, con siete. Con Calderón, tan sólo los expedientes abiertos contra la Sedena entre el 1 de enero y el 2 de abril pasados señalan que las 423 quejas habían derivado ya en cuatro recomendaciones.
Las violaciones, ocurridas prácticamente en todo el país y consideradas como uno de los efectos del combate al narcotráfico, así como las investigaciones de los militares sobre sus propios actos, empiezan a tener un costo social para el Ejército, que ha perdido aceptación entre la ciudadanía.
Descrédito
De acuerdo con la encuestadora Demotecnia, de María de las Heras, la confianza social en el Ejército mexicano ha decrecido. Aun cuando sigue siendo una institución con alta aceptación, en lo que va del gobierno de Calderón ha pasado de 83 a 72% de opinión favorable.
De los mil 262 hechos reportados durante el primer trimestre como violatorios, 219 fueron por incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante su ejecución, así como en las visitas domiciliarias. Por frecuencia, le siguieron las detenciones arbitrarias en 213 casos; trato cruel, inhumano o degradante en 144 y robo de bienes en 107 ocasiones.
En 61 casos hubo retención ilegal; en 60 deterioro o destrucción ilegal de propiedad privada, en 59 uso arbitrario de la fuerza, en 45 incomunicación, en 41 omisión para hacer constar por escrito el acto de autoridad, en 40 detención sin orden judicial fuera de los casos de flagrancias y en 31 tardanza para presentar al detenido ante el Ministerio Público.
Salvo tres estados –Campeche, Colima y Guanajuato–, en todo el territorio se registraron abusos por parte del Ejército. Por frecuencia, en ese breve período las entidades con el mayor número de quejas fueron Chihuahua, con 97; Michoacán, con 75, y Guerrero, con 51.
Se trata de lugares con intensa actividad militar antinarco, pero también de estados, en el caso de los dos últimos, donde el Ejército ha sufrido graves ataques como emboscadas y decapitaciones de efectivos (Proceso 1678).
Con mediana frecuencia siguieron Durango, con 23; Sinaloa, 19; Baja California, 18; Oaxaca y Tamaulipas, 17 cada uno; Tabasco, 14; Distrito Federal, 13; Coahuila, 12, y Veracruz, 10.
Después, Morelos, con siete; Chiapas, seis; Estado de México, Jalisco y Zacatecas, cinco cada uno; Sonora, cuatro; Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo y San Luis Potosí, tres; Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán, dos cada uno, y Aguascalientes, Baja California Sur e Hidalgo, con uno por entidad. Esa clasificación da como resultado 421 casos, dos menos de los que la propia CNDH da como total de expedientes abiertos.
Por si la comisión de esos hechos no fuera grave, el propio Ejército se encarga de investigarlos, con lo que no sólo se viola la Constitución sino que se abre la puerta a la impunidad, asegura Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Las propias cifras de la Sedena dan cuenta del amplio alcance que tiene la jurisdicción militar en casos donde hay civiles involucrados. Al igual que los datos de la CNDH, confirman que de manera creciente se ha aplicado el fuero militar a civiles durante este sexenio.
Mediante solicitudes de información al amparo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental sobre las actuaciones de la justicia militar entre 2000 y 2008, la Sedena confirma que el gobierno de Calderón ha hecho una extensa aplicación del fuero militar hacia civiles.
Con datos de la PJM, la institución asegura que en los dos primeros años de este sexenio, un total de 484 averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público federal o estatal han sido remitidas a la justicia militar, bajo la consideración de que la competencia corresponde a los tribunales castrenses.
En 2007, se registraron 103 declinaciones a favor del fuero militar, y en 2008 se elevó a 381 casos. De acuerdo con la información oficial, esa tendencia empezó a darse desde 2004. Entre ese año y 2006 se registraron 47 casos, muy lejos de los 484 de los dos primeros años del gobierno calderonista.
Según la PJM, sólo en una ocasión, durante 2008, la justicia militar le solicitó al Ministerio Público de la federación que declinara la competencia a favor del fuero de guerra, en aplicación del artículo 57 del Código de Justicia Militar, que establece los delitos contra la disciplina militar.
En su respuesta, la Sedena asegura que entre 2007 y 2008 el Ministerio Público militar abrió 170 averiguaciones previas en las cuales las víctimas son civiles. La cifra tampoco tiene precedentes. Es poco más de 10 veces que las abiertas entre 2004 y 2006. En 2004 fueron 12; en 2005, dos, y en 2006, cuatro. De los años anteriores, la Sedena no dio información.
De esas averiguaciones, 12 han sido consignadas ante la justicia castrense por la PJM; 10 de ellas con Calderón. En el gobierno de Vicente Fox ocurrió en dos ocasiones, una en 2004 y otra en 2006.
Ha sido con los gobiernos del PAN en los que los tribunales militares han procesado casos relacionados con civiles, aprovechando lo establecido en 1933 en el Código de Justicia Militar, cuya constitucionalidad es cuestionada nacional e internacionalmente y que está por ser revisada en la Suprema Corte.
Más elevado es el número de sentencias dictadas por los juzgados militares y el Supremo Tribunal de Justicia Militar en casos en que las víctimas han sido civiles. Sin precisar los años, la Sedena dio a conocer que de diciembre de 2000 a noviembre de 2008 se han dictado 41 sentencias, de las cuales 32 han sido condenatorias.
En lo que atañe al delito contra las personas, la Sedena tiene registradas 39 averiguaciones previas abiertas por el Ministerio Público militar. De ellas, 16 fueron en el gobierno de Fox y 23 en los dos primeros años de Calderón.
Abusos
El artículo 330 del Código de Justicia Militar establece que el elemento del Ejército que use las armas de manera innecesaria contra cualquier persona, o que ejerza sin autorización cualquier otro acto injustificado de violencia contra algún individuo, será castigado con un año de prisión. Añade que si se causare daño “se estará al delito que resultare, cuando la pena que corresponda a éste sea mayor que la señalada (en ese artículo)”.
La información entregada por la Sedena también indica que entre 2004 y 2008, 10 averiguaciones previas han sido consignadas por el Ministerio Público militar por violación de ese artículo; ocho en la gestión de Calderón.
Además, durante el sexenio de Fox y los dos primeros años del actual se han dictado 10 sentencias también por violación de ese artículo. En el mismo período se dictaron ocho sentencias, pero la dependencia no precisa en qué años ocurrieron.
Las instrucciones de los casos no sólo son desconocidas por las víctimas o sus familiares, sino que se siguen a partir de las versiones de los militares responsables de los abusos.
Uno de esos casos que está documentado es el ocurrido el 18 de diciembre pasado durante un cateo realizado en la ciudad de Durango. A las 5:45 horas de ese día, el Ejército se equivocó y “reventó” el domicilio ubicado en la calle Lirio 114 del fraccionamiento Jardines de Durango. El error le costó a un civil, Adolfo Sifuentes Rodríguez, la pérdida del brazo derecho.
A pesar de que ante la opinión pública intentó negar los hechos, la comandancia de la Décima Zona Militar, con sede en la capital del estado, reportó a la Sedena que efectivos militares acudieron al domicilio por una denuncia anónima según la cual se trataba de una casa de seguridad en la que se encontraban sicarios con los que se habían enfrentado el día previo.
El fraccionamiento, en efecto, había sido escenario de tres escaramuzas entre junio y diciembre de 2008. Pero el 18 de diciembre los militares arremetieron contra la casa a pesar de que sólo encontraron a Sifuentes con una carabina 30-30 y que, según el reporte, disparó en dos ocasiones.
Todavía más grave es la mentira con la que el Ejército intentó deslindarse del asesinato de seis personas –cuatro civiles y dos militares– en el poblado Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa, el 26 de marzo de 2008.
No fue cualquier intento de engaño. Fue en la denuncia de hechos presentada ante el Ministerio Público de la federación. La denuncia, cuya copia obtuvo Proceso, está firmada por el teniente de infantería Víctor Ruiz Martínez, el sargento de infantería Juan José Camacho Vega y el cabo de infantería Antonio Rojas Reyes.
Según esa versión, los civiles intentaron huir en un vehículo cuando vieron a los militares, “por lo cual emprendimos su persecución, dándole alcance, emparejándonos y ordenándole al conductor detener la marcha”; “en lugar de obedecer – se lee en el documento– frenó repentinamente, escuchando en ese mismo instante disparos de arma de fuego”.
Debido a que dos de los civiles que viajaban en la camioneta quedaron vivos e iban desarmados, la versión inicial del Ejército se vino abajo. “Lamentaron que no nos hubieran matado a todos, pues de esa manera nos hubieran sembrado armas y droga para justificar su acción”, dijo Miguel Ángel Medina Medina, uno de los sobrevivientes, a Proceso (1641).
Descubierta la mentira, el Ejército anunció proceso penal contra cinco militares, entre ellos los firmantes de la denuncia. Sin embargo, el caso se quedó en la jurisdicción militar. Reynalda Morales Rodríguez, viuda de Zenón López Medina, una de las víctimas, se inconformó e interpuso un amparo para que el caso pase a la justicia civil.
Patrocinada por el Centro Pro y la organización no gubernamental Fundar, la viuda considera inconstitucional la extensión de la jurisdicción militar a casos en los que se encuentran involucradas personas que no pertenecen al Ejército (Proceso 1688).
La madre y la viuda de otras de las víctimas también apelaron a la protección de la justicia federal, pero el Juzgado Noveno de Distrito y el Cuarto Tribunal Colegiado, ambos con sede en Mazatlán, desecharon la demanda por “notoriamente improcedente” al tratarse de fuero militar.
En el primer caso, la demanda de amparo ya fue atraída por la Suprema Corte, a petición del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. El miércoles 1, la Primera Sala del máximo tribunal decidió atraer el recurso con el objetivo de fijar los alcances del artículo 13 de la Constitución y revisar la constitucionalidad del artículo 57 del Código Militar.
El artículo 13 constitucional ordena que los tribunales militares “en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”.
Si los ministros deciden ir al fondo del asunto, la corte determinará lo que debe entenderse por fuero militar, delitos y falta contra la disciplina militar, los límites jurisdiccionales de los tribunales militares y, por lo tanto, si ese artículo 57 está por encima de la Constitución, como alega Morales Rodríguez.
A partir de esa decisión, el Ejército cabildea en la corte en un intento por convencer a los ministros de que dejen las cosas como están, tal y como lo advirtió el general Galván el 19 de febrero pasado, en el marco de las actividades del Día del Ejército:
“Para aquellas voces que claman por abolir el fuero de guerra, les decimos que éste es la jurisdicción donde se previene el quebrantamiento de la disciplina militar”. Según el alto mando, todos los abusos cometidos por el Ejército son castigados con “penas ejemplares”.
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