Además de los resultados que saltan a la vista de cualquier ciudadano: más de 50 mil muertos, violaciones a los derechos humanos, crecimiento de la violencia en casi todas las entidades de la república así como de las finanzas de los cárteles de la droga, tenemos los resultados de las auditorías realizadas a la PGR por la Auditoría Superior de la Federación.
La ASF señala que durante 2010, por cada 100 averiguaciones previas abiertas por el Ministerio Público Federal sólo 34 se consignaron ante un juez. En otras palabras, 66 POR CIENTO de las averiguaciones no tuvieron seguimiento. En su informe, la ASF asegura que la PGR no cuenta con un registro confiable de la detención y puesta a disposición de personas ante el MPF durante todo 2010, ya que durante el proceso de cambio en los sistemas para el registro de la información los datos se perdieron o nunca se registraron. O sea que la PGR no tiene una estrategia antidrogas y opera con un reglamento interno totalmente desactualizado e inoperativo, que no corresponde a la nueva Ley Orgánica de la institución, publicada el 29 de mayo de 2009.
Independientemente a esta desastrosa situación dentro de la PGR, vemos tragedias como la ocurrida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Apodaca, Nuevo León, donde por lo menos 44 internos murieron en una riña mientras se fugó un número de presos desconocido hasta el momento.
En las cárceles de Nuevo León y Tamaulipas, en menos de un año, ocurrieron también cinco rupturas graves del orden: en mayo de 2011 murieron 14 presos y otros 35 resultaron heridos en un incendio en el mismo penal de Apodaca; dos meses más tarde hubo un enfrentamiento en una prisión de Nuevo Laredo, con saldo de siete muertos y 59 FUGADOS; en octubre, una reyerta entre mafias rivales dejó siete reos muertos en la cárcel de Cadereyta; dos días después, 20 internos murieron en una riña en el penal de Matamoros y otros 12 resultaron lesionados. El mes pasado, en la cárcel de Altamira, tuvo lugar un enfrentamiento que dejó 31 muertos y 13 lesionados. En fin, que riñas, motines y fugas en las cárceles del país dejan al descubierto la PÉRDIDA DE DOMINIO GUBERNAMENTAL en un ámbito crucial para la aplicación del estado de derecho, como es el penitenciario, mientras las redes de corrupción recorren los distintos niveles de la administración pública hasta culminar en el que debiera ser el eslabón más fuerte del poder público y que termina siendo, paradójicamente, el más débil.
La Jornada señala en su Editorial de ayer que la trágica situación de los penales pone de manifiesto, con crudeza y nitidez particulares, el avance de la barbarie que ha significado la estrategia de seguridad pública, consistente en desconocer los diversos factores que inciden en el auge delictivo y centrarse en un combate meramente policial, militar y judicial de la criminalidad.
Por eso Andrés Manuel López Obrador INSISTE en ir al origen y a las causas de la violencia, y propone un Proyecto de Nación que en conjunto permita la creación de empleos, la aceptación de todos los jóvenes en las escuelas oficiales de nivel medio y superior, y servicios de salud universales para ir mejorando las condiciones de vida de millones de mexicanos que han sido abandonados por el estado.
Aplicar la justicia parcialmente, sin tocar a los verdaderos responsables de la violencia y la inseguridad, provoca situaciones como las que estamos viviendo.
Necesitamos escuelas y hospitales en vez de cárceles, necesitamos libros y medicinas en vez de armas y amenazas de mano dura; necesitamos volver los ojos al campo y producir los alimentos que garanticen que ningún mexicano, niño o adulto, muera de hambre.
Necesitamos rescatar nuestras riquezas naturales de las manos voraces que han provocado la terrible desigualdad y el deterioro del tejido social.
Alguien decía que las cárceles son la antesala del infierno. Se equivocó. Las cárceles son el infierno.
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