¿La ciudad de la esperanza?
Desde este primero de diciembre la ciudad es distinta. Con un mensaje claro y preciso, el poder nos demostró su verdadero rostro. El gobierno de Peña Nieto y el GDF se coordinaron en un operativo para golpear y reprimir a los movimientos sociales y en especial a Yo Soy 132, uno de los más críticos del regreso del PRI al gobierno.
De pronto, en la “ciudad más democrática del país” vimos cómo la policía golpeaba a los jóvenes, lanzaba gases y realizaba detenciones arbitrarias. Pero la “verdad” de los medios era otra, por todos lados se criminalizaba y se señalaba a los manifestantes. En ese marco “el gobierno progresista” de la ciudad decidió acusarlos de un delito digno de la peor época del priismo: “ataques a la paz pública”.
En efecto, si en 1968 el movimiento estudiantil luchaba en contra del delito de “disolución social”, con el que el gobierno encarcelaba a los luchadores sociales, ahora en pleno 2012 nos toca luchar contra el delito de los ataques a la “paz pública”. Pero la sociedad, ya no es la misma, aunque la clase política intente regresarnos al viejo autoritarismo no le será tan fácil. En muy pocos días se han realizado movilizaciones y sectores amplios de intelectuales, artistas, organizaciones de derechos humanos y la sociedad en general se han manifestado en contra de semejante atropello a nuestras libertades políticas. La presión ha sido grande.
En ese marco, este 21 de diciembre cientos de ciudadanos nos manifestamos afuera de la Asamblea Legislativa del DF con la esperanza de que esa clase política, que dice ser “la más progresista del país”, derogara el artículo 362[1] uno de los más retrógradas y autoritarios. Sin embargo, los diputados se burlaron una vez más y decidieron aplazar la votación sin importarles que cada día que pase sea un día en que los 14 presos del 1DMX seguirán en la cárcel.
Los diputados del PRD, PT y MC tienen la mayoría y podrían derogar el artículo. Tenemos claro que esa clase política no representa a los sectores verdaderamente progresistas y democráticos de nuestra sociedad. Sin embargo, es con esa bandera con la que han ganado votos y gobiernan la ciudad. Si tienen algo de vergüenza, lo mínimo que podrían hacer es derogar el 362. No podemos permitir que se criminalice a la protesta social. La sociedad civil de la Ciudad de México no va a permitirlo y si la clase política se afana en su comportamiento autoritario el costo político para ellos va a ser muy alto.
[1] El artículo 362 del Código Penal del DF establece el delito de “ataques a la paz pública” con penas de 5 a 30 años.
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