TRASCENDIÓTrascendió Nacional
2013-04-09 •
Que la Secretaría de Gobernación tiene listo un plan de operaciones frente a las acciones del magisterio disidente, transmutado en Movimiento Popular Guerrerense.
En la dependencia a cargo de Miguel Osorio Chong afirman que, más allá de las filias partidarias, no se dejará abierto el camino para que estos grupos radicalizados desestabilicen al estado y al gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
Que entre los priistas del Congreso el ambiente es de lo más tranquilo, porque, dicen, “las reformas van a salir”.
La de telecomunicaciones, adelantan, saldrá la próxima semana, con “algunos cambios que no necesariamente son de fondo”, en acuerdo con el PRD y el ala maderista del PAN.
El único, aseguran, que hará bilis será el senador Javier Lozano, porque “ni de chiste” se mantendrá a la Cofetel como órgano rector del sector.
Que, además, esta semana estaría aprobada la Ley de Deuda que limitará a estados y municipios.
Que el director general de Resguardo y Seguridad de la Cámara de Diputados, Carlos Gómez Arrieta, dispuso un “marcaje personal” sobre el coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, después de que la PGR confirmara un presunto plan para atentar contra el legislador zacatecano.
Los elementos a cargo de Gómez Arrieta mantenían hasta ayer un seguimiento, cronómetro en mano, a Monreal mientras se encontraba en el Palacio de San Lázaro.
Que el candidato del PRI a la alcaldía de Tijuana, Jorge Astiazarán, ha intentado renunciar a su postulación ante las presiones del Partido Verde para imponer a Eduardo Ledesma, El Pochongo, como candidato de su alianza con el priismo.
Vaya caso, pues Tijuana representa 40 por ciento de la votación en Baja California. Sería un descalabro para la campaña de Fernando Castro Trenti a la gubernatura del estado.
Que, al parecer, el procurador Jesús Murillo Karam ha provocado temor entre muchos de los que son investigados por la PGR.
Resulta que, contrario a las tendencias del pasado gobierno, ahora las personas que interponen juicios de amparo en su mayoría lo hacen contra el procurador general, cuando antes simplemente se dirigían contra las acciones de las distintas áreas de la dependencia y no contra algún funcionario en particular.
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