LAS INSTITUCIONES ELECTORALES

Arnaldo Córdova
Muchos, muchísimos de los problemas que se están presentando en las elecciones y, previsiblemente, muchos que se presentarán en lo que resta de la justa, se deben, y casi todos lo reconocen, al deplorable funcionamiento de nuestras instituciones electorales, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese deficiente funcionamiento prohija, a querer o no, infinidad de sospechas y de incertidumbres de toda clase entre todos los protagonistas del evento. Su comportamiento, en particular, con los grandes monopolios televisivos es fuente de controversias que nadie puede aclarar o resolver. Se supone que la última instancia, para ello, sería el TEPJF; pero resulta que los mismos consejeros del IFE cuestionan sus resoluciones.

A veces se alegan deficiencias legislativas y el argumento se deriva de innumerables motivaciones. Siempre hay el modo de culpar a las leyes malhechas para justificar cuanto resquemor se ofrezca a la imaginación. Pero es el caso de que casi todas las inconformidades con el desempeño de las instituciones electorales se fundan en la convicción de que no cumplen con lo que está claramente prescrito en las leyes aprobadas. Cualquier lectura rápida de lo que establecen la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales en lo referente a su institución, organización y funcionamiento muestra, en efecto, que en una mayoría alarmante de casos el IFE y el TEPJF no se apegan con rigor a su letra. O son demasiado permisivos con actos violatorios de la ley electoral o, de plano, se olvidan de cómo les dicta la ley que deben resolver un caso.

Creo que un ejemplo que muestra el desorden al que se ha llegado lo ofrecen las relaciones que se dan (y que deben existir) entre el IFE y el Tribunal. No sé a quién se le ocurrió que el segundo existe para corregir las tonterías del primero. No es lo que en derecho se debe plantear. El juzgador existe para decir el derecho, se haya o no se haya cumplido con la ley, cuando se da una inconformidad con o un incumplimiento de la misma, no para cortarle la cabeza a quien ha tomado una decisión que por ley le corresponde. El rol del TEPJF consiste en decir el derecho, no en enmendarle la plana al IFE. Justamente, los consejeros se sienten agraviados cuando perciben que los magistrados se dedican a espulgar resoluciones sólo para ver cómo le propinan un revés al IFE.

Hay muchos casos en los que el tribunal ha resuelto diciendo efectivamente el derecho y restaurando la justicia legal, sobre todo cuando se ve lo que interesa a los partidos. Es justo decirlo. Y también lo es señalar que en incontables ocasiones se ha tratado de resoluciones del IFE. Hay algo, empero, que debe aclararse: el IFE es un órgano autónomo respecto de todos los demás poderes y así se le concibió desde un principio. No es válido, por tanto, convertirlo en una especie de dependencia del Poder Ejecutivo de la nación. Ello no obstante, realiza funciones ejecutivas. El tribunal, como su nombre lo indica, es un órgano jurisdiccional, hecho para interpretar la ley y decidir en conflictos de interés. Ahora los consejeros tienden a pensar que su misión es decidir sobre la ley (y no sólo sobre sus reglamentos); mientras los magistrados quieren decidir sobre funciones ejecutivas que no les corresponden.
Aunque sería inmejorable que los consejeros fueran todos letrados, vale decir, duchos en materias jurídicas, deberían entender que su tarea consiste en organizar los procesos electorales y desahogar los conflictos de tipo administrativo o de representación de sus actores y encauzarlos hacia el cumplimiento de las funciones para las que existen de acuerdo con la ley. Que hagan que se cumpla la ley no los convierte en intérpretes de la misma. El actual IFE, cuando estaba entrando en funciones, quiso presentarse como legislador al señalar que tenía que elaborar un montón de reglamentos que la actual reforma le imponía. Hizo de una función regular de su trabajo un problema. Fue de verdad sorprendente que el actual consejo anduviera dándose pujos de pequeño Poder Legislativo y todo para mostrar, desde el primer día, que sus integrantes no entendieron ni entienden el sentido de las reformas electorales. Todo lo quisieron volver un problema de dinero.

Claro que a muchos les da gusto que el tribunal apalee a los consejeros porque no saben derecho y meten las patas más que un burro amarrado. Pero sus magistrados andan, a veces, algo peor, y duele decirlo porque entre ellos tengo a varios amigos entrañables. Tampoco ellos han entendido el sentido de las recientes reformas constitucionales al régimen electoral. Ciertas veces quieren desempeñar el papel de componedores políticos y otras veces de jueces de equidad. Como sucede que luego parece olvidárseles el derecho ni siquiera se dan cuenta de que esas no son sus funciones y que cada vez que lo hacen la riegan en abundancia.

¿Cómo pudieron darle el triunfo a Jesús Ortega en la contienda interna del PRD cuando, según lo que dice la ley, todo el proceso fue violatorio de sus principios? Ahí actuaron como componedores políticos y no están autorizados para ello. O, ¿cómo pudieron separar las responsabilidades electorales de los diputados del PVEM en su propaganda, precisamente electoral, de las responsabilidades que correspondían a su partido, considerando que los suyos fueron actos de privados irresponsables ante la ley? Ahí quisieron ser jueces de equidad y cayeron en el oprobio. En el caso de los conflictos que han creado las televisoras su actuación ha sido, si se quiere, todavía más ruin. No sólo no corrigieron las resoluciones tan permisivas y timoratas de los consejeros, sino que las avalaron y les dieron a los monopolios televisivos patente de corso para seguir haciendo sus tropelías.

Yo nunca estuve de acuerdo, por lo demás, en que se convirtiera al TEPJF en última instancia jurisdiccional en materia electoral. Los legisladores sólo acogieron las reticencias inveteradas de la Suprema Corte de ocuparse de problemas electorales. Me imagino lo que el tribunal habría hecho con la demanda de amparo de los intelectuales sobre lo que llamaban libertad de expresión.

El IFE no funciona bien. El TEPJF no funciona bien. No ejecuta, el primero, lo que la ley dice; no es capaz de interpretar y decir el derecho el segundo. No hay un verdadero árbitro electoral ni un juzgador confiable que resguarde los derechos de todos. Lo peor es que tanto consejeros como magistrados se han acostumbrado a actuar como si estuvieran solos en el mundo y les importa un comino lo que los demás piensen de su lamentable actuación.

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