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Los cambios al esquema tributario que Calderón propuso en campaña no se realizarán, por lo menos en este sexenio. Para un gobierno impopular que se encuentra arrinconado por su propia incapacidad, y ante el escenario de competencia electoral que se avecina, hablar de aumentos impositivos o de combatir la evasión fiscal entraña un gran riesgo político.
En un intento de evitar la combinación explosiva de hartazgo social, crisis económica y alza de impuestos, Felipe Calderón y su partido decidieron renunciar a una de sus más anheladas reformas: la fiscal.
El miedo a que el PAN pierda la Presidencia en 2012 obligó a Calderón a presentar un programa económico para 2011 sin nuevos gravámenes ni cambio en las tasas impositivas.
El argumento es que con lo hecho hasta ahora –los recién creados impuestos IETU e IDE, mayores tasas a IVA, IEPS e ISR y nuevos sectores gravados, como el de las telecomunicaciones– se resuelven las necesidades financieras del momento.
La exposición de motivos del paquete económico 2011 entregado a la Cámara de Diputados el miércoles 8 de septiembre presume que “no se presenta una miscelánea fiscal por segunda ocasión en la presente administración. Esto no se observaba desde el sexenio 1964-1970”.
En el discurso oficial de cada año –salvo en 2009, cuando la crisis hizo caer el PIB nacional a un histórico -6.5%– el sentido era otro: la reforma fiscal era impostergable. Ya no se puede vivir de la deuda, como en los sexenios de Echeverría y López Portillo, ya no hay paraestatales para vender y el petróleo dejó de ser fuente segura y estable de ingresos.
Extracto del reportaje que se publica en la edición 1768 de la revista Proceso, ya en circulación.
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