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Apoyo a familias de los injustamente detenidos
El pasado primero de diciembre varias organizaciones y ciudadanos, haciendo uso de su derecho pleno a la libertad de expresión y manifestación, salieron a protestar pacíficamente por la imposición a la Presidencia de México de Enrique Peña Nieto.
Ante esto, el Estado mexicano respondió reprimiendo violentamente a los manifestantes; el despliegue de diversos cuerpos de seguridad fue desproporcionado y las violaciones a los derechos humanos y constitucionales, no sólo de los manifestantes sino de diversas personas, fueron múltiples y están documentadas, poniendo en evidencia un cúmulo de irregularidades en las detenciones y en el enjuiciamiento de los actualmente presos.
Hoy, con estas acciones, los
flamantesgobiernos federal y de la ciudad de México tristemente nos hacen recordar hechos del pasado que creíamos superados, pero acontecimientos de esta naturaleza en que se vulneran nuevamente los derechos ciudadanos, aparte de la indignación que generan en la población, ponen en evidencia la ausencia de un Estado de Derecho que refuerza nuestra exigencia de libertad para las personas injustamente detenidas y al mismo tiempo exigimos también la reparación de los daños causados a las personas lesionadas.
Ante el evidente término del plazo para dictar sentencia a los inculpados, hacemos patente nuestra solidaridad irrestricta con las familias de los injustamente detenidos.
Rosario Piedra Ibarra, secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y Rogelio González Ramírez, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Nuevo León
Insta a juez a dejar libres a capturados de forma injusta
Las detenciones totalmente arbitrarias del primero de diciembre evidencian un estado de excepción, donde se violan las garantías constitucionales pretextando restablecer la legalidad.
El principio de legalidad fue violado flagrantemente por la procuraduría del Distrito Federal, sus ministerios públicos y por los policías aprehensores. Se les imputan delitos graves como el de
ataques a la paz públicacuya definición del tipo penal es intencionalmente ambiguo para que cualquier acto de protesta pueda considerarse como delito. Con ello también se pretende justificar jurídicamente los actos de represión y brutalidad policial que sufrieron los ciudadanos detenidos, así como las acusaciones masivas.
Lo cierto es que, se trata de un acto de terrorismo de Estado, que se practica mediante la ley, con la modificación de los tipos penales de los delitos, que en el fondo tienen una clara connotación política, para desaparecer todo aquello que se desvía de los patrones económicos y culturales predominantes y todo aquél que se oponga será considerado como enemigo.
En este caso, se trata de castigar al individuo y no una conducta penal tipificada. Pues, ¿de qué se podría acusar al ciudadano que estaba siendo detenido por los policías lejos del lugar de los hechos, golpeado y arrastrado hacia las patrullas? ¿Y de qué se va a acusar a los otros ciudadanos que reclamaban a la policía para que dejaran de realizar estos actos de brutalidad?, y que por ello también se los llevaron a prisión.
La juez de la causa debe liberar a todos los que no han cometido delito alguno y que fueron detenidos arbitrariamente y ordenar que se les repare el daño causado. También deben ser castigados los policías federales que causaron lesiones graves que ponen en peligro la vida de Francisco Kuykendall.
Bárbara Zamora Santos García, Bufete Jurídico Tierra y Libertad, AC
Abogan profesores de la ENAH por Alejandro Cortés
La Academia de Profesores de Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pide la liberación de Roberto Alejandro Cortés Zaragoza, estudiante de quinto semestre de esta licenciatura.
Como es ya del conocimiento público entre quienes se encuentran detenidos existen muchos casos documentados de su no participación directa, flagrante en los hechos delictivos que se les imputan. Por ello los académicos de esta licenciatura consideramos que en estricto apego a la verdad, las autoridades correspondientes deben liberar a este estudiante y a muchas más personas que se encuentran detenidas sin pruebas suficientes.
Hilario Topete Lara, César Huerta Ríos, Consuelo Sánchez Rodríguez, María Manuela Sepúlveda Garza, Mario Eduardo Mancilla González y 26 firmas más
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