Las promesas de los candidatos a la Presidencia generalmente quedan en el olvido, son tan amplias y generales que fácilmente se las lleva el viento, al igual que sus propias palabras. Y si no es el caso, su falta de aplicación se atribuye a una crisis del pasado o a la que vendrá en un futuro. Recordemos al Presidente del empleo, para no ir más lejos.
En las campañas de 2012 se ha revisado el expediente de cada candidato y se exige el cumplimiento de promesas puntuales, como lo que demanda el PAN al PRI por su falta de cumplimiento en el caso del estado de México, o lo que demanda el PRI al PRD en la capital. Pero más allá de si el puente o la obra se hizo o no, o se equivocaron de puente o de escuela, lo que resulta interesante para la sociedad es que los políticos se hayan sentido obligados a comprometerse, en algunos casos ante notario, a terminar determinadas obras.
La ventaja de la propuesta o promesa concreta es que puede ser evaluada y fiscalizada por la sociedad; la promesa del empleo es tan general que siempre se encuentran justificaciones a la catástrofe. Calderón tiene incluso la desfachatez de presentar cifras y pronunciarse públicamente cuando mejoran un poco los índices de empleo. El balance general de su sexenio es obviamente negativo y tendrá que pagar la factura.
Cambiar los balazos por abrazos tampoco es la solución, es retórica pura. Pero acabar con el cacicazgo de la maestra Gordillo es una promesa concreta, urgente, necesaria, factible y que puede ser recordada y demandada. Para lograrlo se requiere de mano izquierda, de manejo y voluntad política, y en este caso no sirven las excusas de la crisis, huracanes y terremotos. Es el gobierno de turno el que se encarga de deducir las cuotas sindicales de los cheques de los maestros y el que le entrega religiosamente, cada quincena, millones de pesos al sindicato.
De ahí que es necesario y oportuno exigir el cumplimiento de compromisos concretos y no de promesas utópicas y generales. Al mismo tiempo, es pertinente e indispensable proponer a los candidatos acciones o propuestas viables, de beneficio público y que obviamente le puedan redituar ciertos beneficios políticos. De eso viven y tienen derecho.
Por tanto, para acortar el trecho entre el dicho y el hecho va una propuesta concreta, y a ver quién toma el guante.
En agosto de 2011 los senadores estadunidenses Dick Durbin y Orrin Hatch presentaron ante el senado una propuesta llamada Dream Act, el acrónimo de Development, Relief and Education for Alien Minors (Desarrollo y apoyo educativo para menores extranjeros), que proponía legalizar la situación de los menores migrantes que vivían en situación legal irregular y que se les había cerrado el acceso a la educación superior. Se ponían una serie de condiciones, como haber llegado a Estados Unidos antes de los 16 años, haber residido en el país al menos cinco años, tener entre 12 y 35 años y haber terminado la preparatoria con buenas calificaciones (GED), entre otras.
La propuesta ha sido rechazada en numerosas ocasiones, la última en mayo de 2011, y forma parte de las promesas incumplidas del presidente Obama, aunque verbalmente siempre la ha apoyado y por lo menos ha puesto límites a la represión y deportación de estos menores, en especial a aquellos que se han manifestado públicamente.
Pues bien, si esta propuesta no tiene futuro en Estados Unidos y ha sido vetada sistemáticamente, México puede hacerla suya y becar a estudiantes que hayan terminado la preparatoria en Estados Unidos y quieran estudiar en una universidad mexicana.
Si Estados Unidos rechaza a estos buenos estudiantes, los condena y les cierra las puertas a un futuro mejor, por una falta que no cometieron ellos sino sus padres, México puede tenderles una mano y ofrecerles una beca de sostenimiento para que puedan terminar una licenciatura.
Se trata de repatriar a mexicanos que han demostrado ser buenos estudiantes y que además tendrían la notable ventaja de ser bilingües y biculturales, algo de lo que muy pocos pueden presumir. Que no sólo saben inglés y español, sino que lo leen y lo escriben correctamente y tienen además el soporte cultural que les da haber estudiado en Estados Unidos y concluido su carrera en México.
Se pueden ofrecer 100 becas anuales que podrían ser administradas fácilmente por Conacyt; las becas serían semejantes a las que se otorgan a los estudiantes de maestría (en torno a 8 mil pesos) y estudiarían en el sistema nacional de universidades públicas, que son gratuitas. También podría incorporarse a las universidades privadas que reciben apoyos de Conacyt para estudiantes y proyectos de investigación. Dados los diversos orígenes regionales de los migrantes, éstos podrían distribuirse en diferentes universidades del país.
Cada estudiante repatriado tendría un asesor, que debe ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores, para garantizar un apoyo académico adecuado. Por su parte, los estudiantes repatriados tendrían la obligación de tener un promedio de calificaciones superior a 8 y deberían aportar trabajo voluntario en clases de inglés, dos horas semanales, en cualquiera de los niveles del sistema educativo escolar o universitario. En Estados Unidos las becas no se regalan, hay que corresponder a la sociedad de alguna manera por el apoyo recibido: es un rasgo cultural que debemos aprender y ellos pueden empezar a dar el ejemplo.
El costo de este programa, que podría llamarse Apoyo a estudiantes migrantes mexicanos residentes en el extranjero, no excedería de los 10 millones de pesos en el primer año.
El beneficio para los estudiantes, para las familias de los migrantes y para el país sería inmenso. El beneficio político, al que le pueden sacar partido, también.
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