Primero, los hechos. Repsol no es España sino una multinacional petrolera con capitales españoles minoritarios, pues la mayoría está en manos de capitalistas de otros países, que –con la participación de la mexicana Pemex– abarcan más de 51 por ciento de las acciones. Además, es tan poco española que evade impuestos en España y está registrada en paraísos fiscales. Pero los aullidos del gobierno de Madrid (y de la Unión Europea), así como la reacción de todos los capitalistas (y de Calderón y los candidatos del PAN y del PRI, que quieren privatizar Pemex), demuestran que se identifican con los monopolios y el capital financiero y no toleran medidas legales que consideran chavistas.
Ese griterío es un reflejo preventivo. En efecto, todas las empresas (de servicios o bancarias) con mayoría de capitales españoles en Argentina no sólo aportan muchas más ganancias que sus casas matrices ibéricas sino que logran estas superganancias porque depredan y no invierten en el país ni renuevan el material desde hace décadas, cuando el peronismo menemista privatizó todas las empresas de interés nacional vendiéndolas por casi nada. Argentina ya estatizó Aerolíneas Argentinas, que había sido destruida por Iberia y por el grupo Marsans, y exige ahora de las empresas telefónica y de electricidad un servicio eficiente que éstas se niegan a dar pues prefieren mandar sus ganancias a España en vez de reinvertirlas. De ahí que, viendo lo de YPF, pongan sus barbas en remojo.
El gobierno de Cristina Fernández no fue picado por ningún tábano nacionalista. La misma presidenta, cuando era senadora en los años 90, presentó un proyecto de ley para privatizar el petróleo. Ella y su marido aprobaron la política privatizadora de Menem, el ingreso de Repsol en YPF y la peligrosa fragmentación del control nacional del petróleo, que pasó a manos de las provincias extractoras. Además, durante muchos años el kirchnerismo no dijo nada sobre el carácter depredador de la empresa petrolera privada; es más, lo reforzó permitiendo que un grupo de sus amigos capitalistas –el grupo Petersen (de la familia Eskenazy)–, sin poner un peso propio comprase un importante paquete de acciones con crédito público y, hasta el año pasado, Cristina Fernández de Kirchner anduvo del brazo con Repsol.
La presidenta que regala a la depredadora gran minería estadunidense-canadiense los recursos andinos y permite a cuatro monopolios soyeros trasnacionales poner en riesgo suelos y agua y amenazar los cultivos alimenticios, y que concede una base en el Chaco a Estados Unidos, no es, precisamente, un modelo de nacionalismo. Si ahora se viste de blanco y celeste y se pone el bonete frigio, tanto en el caso de las Malvinas como en el de YPF, es por el agravamiento de los efectos de la crisis mundial sobre la economía dependiente argentina y por la necesidad de responder a la creciente agitación social (el año pasado hubo más movilizaciones y paros que en 2001).
Entendámonos: las Malvinas son argentinas y el reclamo es legítimo. Lo ilegítimo es que una causa justa sea utilizada para tapar y poner en segundo plano la imposibilidad de mantener los subsidios a los servicios y la canasta básica, de resolver el desastre del sistema ferroviario o de hacer aceptar el intento de congelar virtualmente los salarios al proponer un tope de aumento por debajo de la inflación real.
YPF, por supuesto, debe ser un instrumento para el desarrollo nacional, nunca debió ser privatizada como lo fue con los gobiernos peronistas de Menem y de Néstor y Cristina Kirchner. Si ahora ésta expropia las acciones de Repsol y construye una empresa privada con control del Estado es porque la factura de la importación energética llegó a ser casi igual al excedente argentino en la balanza comercial y continuaba creciendo, ya que Repsol no exploraba ni explotaba nuevos yacimientos ni reinvertía sus enormes ganancias.
Repsol sigue siendo una empresa mixta, ahora con mayoría de capital estatal y todavía con participación importante de capitalistas privados. No ha sido convertida en empresa estatal ni desprivatizada, como sugiere tanto la prensa española como la argentina. La acción, aunque tardía, parcial e insuficiente, es necesaria y debe ser apoyada. Sin embargo, para que YPF funcione bien hay que tener los capitales necesarios para explorar y explotar nuevos yacimientos de gas y de petróleo, hay que tener los técnicos y las técnicas que potencien la producción y la refinación, porque la relativa mejoría económica en los últimos años hizo crecer el consumo domiciliario y las necesidades energéticas. El autoabastecimiento energético no se logrará en un día. Además, Argentina tiene reservas petroleras pero cuya extracción es muy costosa, y dañina para el ambiente, y además sus necesidades serán cada vez mayores.
Otras son, pues, las soluciones. En primer lugar, Repsol causó daños por acción u omisión. No hay que pagarle nada, ni los 10 mil millones de dólares que pretende ni los que podría pagar el gobierno. Ese dinero debería volcarse a la exploración y explotación petrolera recurriendo a los conocimientos y capacidades de todos los petroleros expulsados por la privatización de YPF. Al mismo tiempo Argentina debería buscar una integración energética con el resto de los países latinoamericanos, compensando con la cooperación industrial las diferencias que puedan existir en las cuentas de importación-exportación de combustibles y establecer el control de cambios y el monopolio del comercio exterior para no dejar a éste en manos de las grandes empresas extranjeras y para evitar la fuga de capitales, El patrioterismo es el argumento de los canallas para engañar imbéciles. Que los siervos en España del gran capital lo esgriman para ocultar su crisis y la desocupación. En Argentina, por el contrario, el consenso necesario para anular las contramedidas del gran capital se debe lograr diciendo la verdad y actuando con firmeza.
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