Con motivo del acto soberano del gobierno de Argentina por el cual este país latinoamericano, encabezado por su presidenta Cristina Fernández, recuperó el manejo de su petróleo de manos de empresas extranjeras, tal como Lázaro Cárdenas hizo en México en 1938, se volvió a poner el tema en el tapete de la discusión nacional, especialmente debido a la imprudente intervención de Felipe Calderón.
Dijo en forma descortés que fue irracional lo que hizo su colega de Argentina y que a la larga las consecuencias para la economía latinoamericana y mundial serán negativas; por supuesto, tal juicio es erróneo: para la economía de Argentina sin duda será una palanca de desarrollo, como lo fue para la de México durante años; sólo deberán cuidar que no se aprovechen sindicatos y funcionarios saqueadores y voraces.
El apresuramiento de Felipe Calderón por defender el neoliberalismo y el sistema colonial que se pretende restaurar para América Latina le hizo olvidar tanto principios de su propio partido, Acción Nacional, como preceptos torales de la Constitución mexicana.
En primer lugar se le borró de la memoria que en los principios de doctrina de su partido se dice, en el capítulo Nación, que el desarrollo interno de México, su verdadera independencia y su colaboración eficaz en la comunidad internacional, dependen de la conservación de la personalidad de nuestra nación como pueblo iberoamericano. En la doctrina y en la práctica del partido, tal como la recuerdo, se sostuvo siempre que nuestra liga natural era con América Latina y que la identificación y solidaridad con los estados de esta zona geográfica deben privilegiarse respecto de otras cercanías o, peor aún, dependencias de estados que no sólo nos son distantes, sino hostiles.
En el caso de Argentina, lo congruente y lógico debió haber sido apoyar la decisión soberana y no sumarse al coro de críticas que privilegian a la empresa privada sobre el bien común nacional.
El otro olvido es más grave. Cuando atropelladamente juró como presidente de México, Calderón protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución; casi desde el inicio de su gobierno y con el exabrupto de este momento, ha demostrado o bien su desconocimiento o, peor aún, su desprecio a preceptos de nuestra Carta Magna.
Los artículos 25 y 28 constitucionales señalan que en áreas estratégicas de la economía no hay posibilidad de otorgar ni concesiones ni permisos, ni siquiera compartir actividades con otras entidades que no sean las del Estado mexicano.
Está claro en la Constitución que las funciones que el Estado ejerce en materia de energéticos son exclusivas, es decir, que en ellas no se permite alguna injerencia extraña, ni siquiera los tramposos contratos que se han firmado recientemente con petroleras trasnacionales, ya que los hidrocarburos y la electricidad son propiedad del Estado y deben estar bajo su control.
No se trata en estos casos de áreas de la economía definidas como prioritarias, sobre las cuales el Estado sólo tiene la rectoría, sino de las estratégicas, en las que no puede haber ni concesiones ni coparticipación con empresas privadas.
Para mayor claridad, menciono textualmente lo que dice la Constitución mexicana en el artículo 25, párrafo cuarto:
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.
El concepto estrategia se origina en la ciencia militar; un punto estratégico es el que da una ventaja frente al enemigo en una batalla o en una guerra; trasladado al campo de la economía y de la política, que es como lo emplea el constituyente, un área estratégica es aquella que da al Estado mexicano una posición que le permite competir con alguna ventaja en el complejo mundo moderno de las relaciones internacionales. Tanto en la guerra como en la política y la economía, ceder una posición estratégica significa o una tontería o un acto de traición; los puntos estratégicos se defienden, se fortalecen, se atienden con todos los recursos que se requieran, pero nunca se abren ni se entregan al enemigo o al competidor.
Es increíble que un presidente latinoamericano no se solidarice con otro gobierno latinoamericano que precisamente en defensa de la economía de su pueblo toma una decisión estratégica similar a la que para México fue vital; es increíble también que los tres candidatos del sistema, dos de ellos supuestamente de oposición, hagan coro a la opinión presidencial.
El señor Quadri, candidato usado para la distracción de ciudadanos no bien informados, se extralimitó, llegó a firmar que las refinerías no son negocio; algo similar han dicho los tecnócratas. El despropósito es evidente: si no fueran negocio, ¿por qué las defienden con tanta vehemencia las empresas trasnacionales y sus paniaguados?
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