El Instituto Federal Electoral está arriesgando su decreciente capital político y social en el proceso de auditoría que concertó con el PRI para definir si Enrique Peña Nieto ha rebasado los topes de campaña, según de manera documentada y muy consistente ha denunciado la cúpula directiva de los partidos de izquierda que postulan como candidato a Andrés Manuel López Obrador.
Como ha sucedido otras tantas veces, es probable que el proceso y el desenlace legal de la queja contra los gastos más que copeteados riña escandalosamente con la percepción popular. Podría suceder que los ojos de los auditores oficiales designados por el IFE solamente alcancen a escrutar documentos, alegatos y algunas otras formas de evasión del partido de tres colores, mientras diariamente millones de ciudadanos simplemente necesitan el uso de la vista en su entorno inmediato para verificar que hay un derroche inocultable de propaganda físicamente comprobable y de acciones contablemente indemostrables pero ciertas y evidentes, como acarreos, cachuchas, camisetas, artículos denominados utilitarios, camiones, alimentos, bebidas y otros alicientes de costo económico para aparentar o alentar ebulliciones masivas en actos de campaña de Peña Nieto.
La de por sí muy erosionada credibilidad de un órgano que consume una inmensa cantidad de dinero público (entre otras cosas, en el pago de sueldos y otras prestaciones de corte principesco para sus consejeros) ha sido puesta a prueba. Muy lamentable y terriblemente sugerente sería que en este primer lance importante el IFE perdiera una porción muy importante de autoridad política y jurídica al convalidar los excesos de un candidato, Peña Nieto, que pareciera contar con el favor de ese instituto.
Por lo pronto, el prófugo de los debates abiertos se ha montado en una estrategia de defensa en la que hace aparecer al citado IFE como una especie de contraparte llegada a acuerdos. Luego de que a partir de la información registrada por Ricardo Monreal hubo una queja formal de la coalición Movimiento Progresista contra el ofensivo y dispendioso gasto electoral de Peña Nieto, éste apareció declarativamente ofreciéndose como el primer promotor de que sus cuentas sean fiscalizadas con toda anticipación, lo que el instituto electoral realizará con 25 auditores. El candidato priísta dijo que fue su partido el que invitó al IFE a realizar ese ejercicio de transparencia y que la respuesta fue afirmativa. Así, pareciera el acusado ser quien pone en funcionamiento la maquinaria judicial que accede a sus deseos y pone en marcha procesos acordados. Basta recordar los muchos miles de ejemplos de esa justicia que hay en la desdichada historia mexicana de las simulaciones y las complicidades.
Dejando cada vez más el discurso amoroso en la retaguardia, Andrés Manuel López Obrador reivindicó ayer uno de los términos que a lo largo de este sexenio fueron satanizados mediante campañas electrónicas que ofrecían sonrisas académicas desdeñosas y comentarios periodísticos burlones al hablar de compló. Como si la práctica política a todos los niveles no estuviera diariamente constituida de confabulaciones, tramas, intrigas, conspiraciones o acuerdos secretos, el Imperio de la Pantalla decretó la expropiación conceptual del término complot, o compló, para condenar a la vergüenza pública, al exilio intelectual, a la burla pública, a quien se atreviera a defender el hecho histórico, comprobable, de que en 2006 hubo conjuras entre poderosos para frenar el paso del candidato de izquierda.
Ayer, AMLO volvió a denunciar la existencia de ese complot al replicar en una de las estaciones de Radio Fórmula a Joaquín López Dóriga, quien había acusado al tabasqueño de ser un mentiroso por decir que no había ido a un debate entre candidatos en 2006 porque ya le tenían preparadas encuestas y mesas de opinión para declararlo perdedor. López Obrador sostuvo la acusación y la amplió, reivindicando el uso de la palabra prohibida a partir de la imposición de la neohabla calderonista. Lo peor de todo es que aquellas denuncias tienen plena vigencia hoy, cuando similar uso de encuestas amañadas, opiniones periodísticas apoyadas en tales encuestas, cerrazón en medios electrónicos, sobre todo televisivos, y un complot de intereses poderosos van llevando el proceso electoral por un sendero previamente definido con gel facturable; intereses, por lo demás, a los que asusta la posibilidad de que crezca la viabilidad del candidato indeseado por ellos, AMLO, ante el naufragio (¿programado?) de la cándida Chepina y los errores e inconsistencia del priísta vacío.
Astillas
Aun cuando con toda anticipación ha dado a conocer a la mayoría de los integrantes del primer nivel de lo que sería su gabinete presidencial, Andrés Manuel López Obrador nada ha dicho respecto de Pemex. Si los signos políticos corresponden a intenciones o acuerdos, todo indicaría que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano está siendo encaminado hacia esa posición. El tabasqueño está concentrando en manos del michoacano diversos asuntos sustanciales relacionados con el petróleo y le ha encargado que afine los detalles de un foro sobre energéticos. Cárdenas es, además, la llave para que se produzca un encuentro entre Luiz Inacio da Silva, Lula (gran amigo del tres veces candidato presidencial) y AMLO. La fotografía de una reunión pública entre el ex presidente sudamericano y el ahora aspirante mexicano por segunda ocasión sería un mensaje sin palabras de que López Obrador estaría dispuesto a analizar formas modernas de explotación del petróleo que involucren a más firmas privadas (con el modelo brasileño como ejemplo). Cárdenas como director de Pemex sería luego un aval histórico para lo que se fuera decidiendo, sin que los ánimos nacionalistas de antaño se exacerben... Y, mientras en San Lázaro pretenden dejar para la siguiente legislatura el proyecto de ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que el Senado ha aprobado con enorme consenso (95 votos, mientras la de víctimas tuvo 64), ¡feliz fin de semana!
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