Hurtando banderas - Ricardo Monreal Avila
Por Esto! | Yucatán:
Hurtando banderas
Ricardo Monreal Avila
Varias de las primeras acciones del novel gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, no son propiamente de él, sino de Andrés Manuel López Obrador. Es el caso del programa de austeridad en el gasto público, del no incremento ni creación de nuevos impuestos, de la aplicación universal de exámenes de evaluación a los maestros, de la recuperación de la rectoría del Estado en materia educativa, de la pensión universal a los adultos mayores desde los 65 años de edad y del regreso gradual del Ejército a los cuarteles, entre otras medidas.
Debemos considerar que las buenas ideas son “patrimonio de la humanidad” (como rezan los anuncios de algunas zonas turísticas del país), no patrimonio personal de algún ciudadano, candidato o partido, y que por lo mismo es aceptable retomarlas y aplicarlas sin necesidad de dar crédito a los autores y promotores.
Sin embargo, sí es necesario exigir al gobierno que por lo menos sus políticas públicas sean copias fieles del original y no reproducciones “chafas” o piratas.
El programa de austeridad presentado por el gobierno federal propone reducir 5% a los sueldos de alta burocracia, con lo que se ahorrarían 2 mil millones de pesos.
La propuesta de AMLO es una reducción de hasta 33% de mandos medios y altos, la supresión de bonos, seguros especiales y partidas discrecionales, que solamente en el rubro de sueldos el ahorro sería de 30 mmdp, no de 2 mmdp.
Ahora bien, el programa de austeridad republicana de AMLO va más allá de la reducción de sueldos y prestaciones de la burocracia dorada. Incluye eliminación de compras y gastos superfluos del gobierno, como son vehículos, remodelación de oficinas, gastos en celulares, guardias de seguridad (guaruras), compras duplicadas, reducción de viáticos y otras compras de insumos de oficinas públicas (papelería, lápices, faxes, computadoras) que no se ajustan a los estándares de consumo de las oficinas públicas en otras partes del mundo. Es decir, lo que se conoce como dispendio.
En este rubro, la OCDE estima que el gobierno mexicano podría ahorrar hasta 120 mmdp, solamente racionalizando, revisando y transparentando el sistema de compras gubernamentales.
Al respecto, es importante señalar que si el gobierno federal desea realmente austeridad en el gasto, debería empezar por cancelar la compra del avión presidencial imperial que tendrá un costo del 250 millones de dólares, es decir, el 12% de lo que piensa ahorrar en reducción de sueldos a la alta burocracia.
Mandatarios de otros países con economías más grandes que la nuestra y sin las desigualdades de México, utilizan aviones mucho más baratos.
Otro rubro donde se puede ahorrar es en el gasto de publicidad gubernamental. El gobierno de Felipe Calderón, únicamente en el año 2012, gastó 6 mil millones de pesos; es decir, dos veces más que el publicitado ahorro de 2 mmdp anunciado por el actual gobierno.
En otras palabras, AMLO propuso ahorrar 300 mmdp y no la propina de 2mil. ¿Cómo? Mediante la eliminación de estructuras redundantes; profundizando en la simplificación de la administración, menos trámites; eliminación de viajes innecesarios, comidas, gastos de representación; eliminación de gastos innecesarios de publicidad e imagen, seguros médicos privados y fondos de ahorro con participación extra del gobierno.
Para un administrador prudente es evidente que en el gasto corriente del gobierno hay dispendio, corrupción, derroche y mucha ineficiencia. La población demanda se elimine este dispendio y que el gobierno federal se apriete realmente el cinturón, para poner la muestra a los otros poderes y organismos autónomos.
Pero hay otra forma de austeridad gubernamental que ni por asomo se menciona en el programa de gobierno: el combate a la corrupción. Es decir, eliminar el famoso “diezmo”, “mordida” o “mochada” que pagan los proveedores en las oficinas de gobierno, para que les compren sus bienes y servicios: desde el que vende alimentos preparados (ellos pagan en especie) hasta el que vende turbinas a la CFE por 35 millones de dólares que nunca se entregan.
En su más reciente informe sobre la corrupción en el mundo, la organización Freedom House señala que la corrupción en México representa un costo para ciudadanos y empresas de un billón 404 mil millones de pesos, equivalente a 9 puntos del PIB y a un 30% del presupuesto de egresos de la federación del próximo año. Y advierte que los más pobres del país deben destinar un tercio de sus ingresos anuales al pago de sobornos. Nada de de esto contempla el programa “patito” del gobierno en materia de austeridad. Es decir, lo anunciado es apenas un mejoralito para el cáncer de la corrupción y el dispendio que representa el gasto gubernamental mexicano.
La propuesta de no incrementar impuestos y reasignar el gasto público del próximo año, destinando más al gasto social y menos al gasto en seguridad, es otro planteamiento de AMLO, sólo que mal copiado.
Entre los primeros impuestos que la izquierda congelaría sería el de los “gasolinazos”; en cambio, el actual gobierno los mantiene. Además, el gobierno prepara lo que llama “reforma hacendaria integral”, que no es otra cosa que nuevos impuestos y aumento de los existentes, para fines del 2013, por lo que su postura actual es meramente coyuntural y demagógica.
Después de la tregua fiscal del próximo año, vendrá un ramalazo de nuevos y más impuestos que salvarán al gobierno del precipicio fiscal, pero hundirán a la economía nacional en la recesión.
Al respecto, es necesario recordar que la propuesta fiscal de AMLO no contempla nuevos impuestos (como el IVA a alimentos y medicinas o una tasa generalizada del mismo) ni aumentar los existentes más allá de la inflación.
La propuesta descansa en un ajuste fiscal permanente del gasto gubernamental, en una racionalización sistemática de las compras del gobierno y en una mayor eficiencia de la operación del aparato de gobierno.
En la propuesta de las izquierdas, el costo fiscal mayor es con cargo al gobierno, no a los ciudadanos ni a las micro, pequeñas o medianas empresas (como actualmente lo hace el IETU).
Un gobierno que cueste lo menos posible a la sociedad, que se proponga eliminar el “impuesto especial” de la corrupción en su relación con los particulares y que busque mejorar los servicios públicos al menor costo posible a los contribuyentes no es populismo, estatismo o socialismo. Es la esencia del Estado Social de Derecho moderno.
Nada de esto viene en las primeras iniciativas de reforma del nuevo gobierno, que son una mala copia de las propuestas que en su momento formuló AMLO. Es otras palabras, el nuevo gobierno, después de comprar la elección presidencial, ahora se dedica a hurtar banderas. ¿Cuál cambio?
Hurtando banderas
Ricardo Monreal Avila
Varias de las primeras acciones del novel gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, no son propiamente de él, sino de Andrés Manuel López Obrador. Es el caso del programa de austeridad en el gasto público, del no incremento ni creación de nuevos impuestos, de la aplicación universal de exámenes de evaluación a los maestros, de la recuperación de la rectoría del Estado en materia educativa, de la pensión universal a los adultos mayores desde los 65 años de edad y del regreso gradual del Ejército a los cuarteles, entre otras medidas.
Debemos considerar que las buenas ideas son “patrimonio de la humanidad” (como rezan los anuncios de algunas zonas turísticas del país), no patrimonio personal de algún ciudadano, candidato o partido, y que por lo mismo es aceptable retomarlas y aplicarlas sin necesidad de dar crédito a los autores y promotores.
Sin embargo, sí es necesario exigir al gobierno que por lo menos sus políticas públicas sean copias fieles del original y no reproducciones “chafas” o piratas.
El programa de austeridad presentado por el gobierno federal propone reducir 5% a los sueldos de alta burocracia, con lo que se ahorrarían 2 mil millones de pesos.
La propuesta de AMLO es una reducción de hasta 33% de mandos medios y altos, la supresión de bonos, seguros especiales y partidas discrecionales, que solamente en el rubro de sueldos el ahorro sería de 30 mmdp, no de 2 mmdp.
Ahora bien, el programa de austeridad republicana de AMLO va más allá de la reducción de sueldos y prestaciones de la burocracia dorada. Incluye eliminación de compras y gastos superfluos del gobierno, como son vehículos, remodelación de oficinas, gastos en celulares, guardias de seguridad (guaruras), compras duplicadas, reducción de viáticos y otras compras de insumos de oficinas públicas (papelería, lápices, faxes, computadoras) que no se ajustan a los estándares de consumo de las oficinas públicas en otras partes del mundo. Es decir, lo que se conoce como dispendio.
En este rubro, la OCDE estima que el gobierno mexicano podría ahorrar hasta 120 mmdp, solamente racionalizando, revisando y transparentando el sistema de compras gubernamentales.
Al respecto, es importante señalar que si el gobierno federal desea realmente austeridad en el gasto, debería empezar por cancelar la compra del avión presidencial imperial que tendrá un costo del 250 millones de dólares, es decir, el 12% de lo que piensa ahorrar en reducción de sueldos a la alta burocracia.
Mandatarios de otros países con economías más grandes que la nuestra y sin las desigualdades de México, utilizan aviones mucho más baratos.
Otro rubro donde se puede ahorrar es en el gasto de publicidad gubernamental. El gobierno de Felipe Calderón, únicamente en el año 2012, gastó 6 mil millones de pesos; es decir, dos veces más que el publicitado ahorro de 2 mmdp anunciado por el actual gobierno.
En otras palabras, AMLO propuso ahorrar 300 mmdp y no la propina de 2mil. ¿Cómo? Mediante la eliminación de estructuras redundantes; profundizando en la simplificación de la administración, menos trámites; eliminación de viajes innecesarios, comidas, gastos de representación; eliminación de gastos innecesarios de publicidad e imagen, seguros médicos privados y fondos de ahorro con participación extra del gobierno.
Para un administrador prudente es evidente que en el gasto corriente del gobierno hay dispendio, corrupción, derroche y mucha ineficiencia. La población demanda se elimine este dispendio y que el gobierno federal se apriete realmente el cinturón, para poner la muestra a los otros poderes y organismos autónomos.
Pero hay otra forma de austeridad gubernamental que ni por asomo se menciona en el programa de gobierno: el combate a la corrupción. Es decir, eliminar el famoso “diezmo”, “mordida” o “mochada” que pagan los proveedores en las oficinas de gobierno, para que les compren sus bienes y servicios: desde el que vende alimentos preparados (ellos pagan en especie) hasta el que vende turbinas a la CFE por 35 millones de dólares que nunca se entregan.
En su más reciente informe sobre la corrupción en el mundo, la organización Freedom House señala que la corrupción en México representa un costo para ciudadanos y empresas de un billón 404 mil millones de pesos, equivalente a 9 puntos del PIB y a un 30% del presupuesto de egresos de la federación del próximo año. Y advierte que los más pobres del país deben destinar un tercio de sus ingresos anuales al pago de sobornos. Nada de de esto contempla el programa “patito” del gobierno en materia de austeridad. Es decir, lo anunciado es apenas un mejoralito para el cáncer de la corrupción y el dispendio que representa el gasto gubernamental mexicano.
La propuesta de no incrementar impuestos y reasignar el gasto público del próximo año, destinando más al gasto social y menos al gasto en seguridad, es otro planteamiento de AMLO, sólo que mal copiado.
Entre los primeros impuestos que la izquierda congelaría sería el de los “gasolinazos”; en cambio, el actual gobierno los mantiene. Además, el gobierno prepara lo que llama “reforma hacendaria integral”, que no es otra cosa que nuevos impuestos y aumento de los existentes, para fines del 2013, por lo que su postura actual es meramente coyuntural y demagógica.
Después de la tregua fiscal del próximo año, vendrá un ramalazo de nuevos y más impuestos que salvarán al gobierno del precipicio fiscal, pero hundirán a la economía nacional en la recesión.
Al respecto, es necesario recordar que la propuesta fiscal de AMLO no contempla nuevos impuestos (como el IVA a alimentos y medicinas o una tasa generalizada del mismo) ni aumentar los existentes más allá de la inflación.
La propuesta descansa en un ajuste fiscal permanente del gasto gubernamental, en una racionalización sistemática de las compras del gobierno y en una mayor eficiencia de la operación del aparato de gobierno.
En la propuesta de las izquierdas, el costo fiscal mayor es con cargo al gobierno, no a los ciudadanos ni a las micro, pequeñas o medianas empresas (como actualmente lo hace el IETU).
Un gobierno que cueste lo menos posible a la sociedad, que se proponga eliminar el “impuesto especial” de la corrupción en su relación con los particulares y que busque mejorar los servicios públicos al menor costo posible a los contribuyentes no es populismo, estatismo o socialismo. Es la esencia del Estado Social de Derecho moderno.
Nada de esto viene en las primeras iniciativas de reforma del nuevo gobierno, que son una mala copia de las propuestas que en su momento formuló AMLO. Es otras palabras, el nuevo gobierno, después de comprar la elección presidencial, ahora se dedica a hurtar banderas. ¿Cuál cambio?
Read more: http://senderodefecal1.blogspot.com/2012/12/hurtando-banderas-ricardo-monreal-avila.html#ixzz2ExdIwp2d
No hay comentarios:
Publicar un comentario