De la gran Reforma, a la negociación de intereses (Primera Parte)

Escrito por Jenaro Villamil el 30 marzo 2013 a las 11:26 am en Destacadas, Sociedad, Telecomunicaciones

Protestas durante la discusión de la reforma en el Congreso.

La reforma constitucional a telecomunicaciones y radiodifusión fue sobrevendida por sus impulsores del Pacto por México como el “parteaguas” en la materia. No era para menos. La iniciativa modifica los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política y, por primera vez, plantea una legislación única para los dos grandes sectores dominados por intereses monopólicos.

Sin embargo, la reforma fue defendida por sus redactores e impulsores como un “techo” y no como un piso, a partir del cual era necesario mejorar, corregir e incorporar elementos que fueron descartados o minimizados por los impulsores. Esos elementos ignorados finalmente quedaron fuera, a pesar de un largo diálogo de sordos en la sesión de la madrugada del 21 para el 22 de marzo en la Cámara de Diputados.

Entre los elementos ignorados están: los derechos de las audiencias y el compromiso de una legislación secundaria en la materia (originalmente estaba en uno de los borradores del texto del artículo 6 Constitucional); la definición de medios públicos, así como los derechos de las concesiones indígenas y comunitarias (simplemente se ignoraron o minimizaron las figuras que no entran en el esquema de la competencia del mercado); mecanismos de contrapeso institucional a las decisiones que adoptará el nuevo regulador autónomo (IFETEL); compromisos puntuales para mejorar los contenidos desde sus tres flancos principales: publicidad, información y entretenimiento. Sólo de última hora se incorporó una promesa para abrir los espacios a la producción independiente, pero única y exclusivamente en los medios gubernamentales que administrará el nuevo Sistema de Radio y Televisión.

Los avances son importantes y no pueden ser ignorados. Ahí están los logros que incorpora la reforma constitucional: la creación de un organismo autónomo que regulará la industria de telecomunicaciones y de radio y televisión (el IFETEL); elevar a rango constitucional el derecho de acceso a internet; prohibir la publicidad integrada que durante años han negado tanto los concesionarios, los comentaristas como los clientes políticos (especialmente, el PRI y Peña Nieto); ordenar la partición accionaria en los llamados “agentes dominantes” (con una clara dedicatoria hacia Telmex-Telcel); regular los mercados convergentes de telefonía fija y móvil, televisión abierta y restringida, internet y satélites; comprometer la licitación de dos cadenas de televisión digital abierta (el plazo para la convocatoria se prolongó de 120 a 180 días, a partir de la creación de IFETEL); así como permitir la inversión extranjera directa hasta en un 100 por ciento en telecomunicaciones y 49 por ciento en radio y televisión.

Justo el tema de la inversión hasta 100 por ciento en telefonía, satélites e internet fue uno de los puntos que generó un mínimo debate a lo largo de la maratónica sesión. Las bancadas del PRD, PRI y PAN defendieron esta apertura, mientras legisladores del PT y del MC indicaron que esta apertura viola la soberanía y desmintieron que en todos los países se permita una apertura hasta ese porcentaje.

Sólo en radiodifusión, el dictamen estableció un “candado de reciprocidad” para abrir la televisión y la radio a una inversión de hasta 49 por ciento, siempre y cuando los países de origen garanticen lo mismo. No se fijaron candados mínimos de contenidos (como una cuota de acceso a producción nacional independiente), y menos calidad y ética en la información que divulguen.

Las negociaciones cupulares

La sesión de la Cámara de Diputados inició hasta las 20 horas del 21 de marzo, con siete horas de retraso. Durante este lapso se especuló con la posibilidad de prolongar el debate en el pleno hasta después del periodo vacacional de Semana Santa.

Las formas para presionar y negociar los últimos cambios a la minuta fueron una demostración clara de que la “gran reforma”, en realidad, se trató de un encuentro entre cúpulas: cabilderos de las televisoras, especialmente de Grupo Televisa, para buscar candados a la gratuidad en el tema del must carry y del must offer; dirigentes de los tres principales partidos firmantes del Pacto por México que querían cumplir con el ordenamiento de sacar la reforma antes del 30 de marzo; y un personaje singular del gobierno federal de Enrique Peña Nieto que se convirtió en la “línea” de Los Pinos: el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño.

Para muchos diputados fue ofensivo ver que sus coordinadores negociaban con enviados del Consejo Rector del Pacto por México (esa figura que se ha vuelto supralegislativa), además de Aurelio Nuño, un joven de ascendente carrera política. Nuño se inició como redactor de discursos de Enrique Peña Nieto, muy cercano a Luis Videgaray, el virtual vicepresidente desde la Secretaría de Hacienda, y ahora se volvió el vínculo entre las negociaciones de la industria y de los legisladores.

Entre los temas que atoraban las negociaciones de última hora estaba precisamente el must carry y el must offer, así como los reclamos de incorporar criterios que obligaran a los monopolios de televisión (y no sólo a los de telefonía), así como eliminar en el artículo 28 constitucional la obligación de que IFETEL tuviera una “consulta previa, no vinculante” con el titular del Ejecutivo. Este último punto era, en buena medida, la clave de la autonomía del organismo y de la promesa peñista de sacar a la presidencia de la República del reparto de concesiones en la industria.

En esta negociación también intervino el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, viejo lobo de mar del Grupo Atlacomulco, ex funcionario cercano a Emilio Gamboa Patrón (en los tiempos de éste como titular de la SCT con Carlos Salinas de Gortari). Ruiz Esparza y Arturo Nuño convencieron a los negociadores que no se podía excluir por completo al Ejecutivo federal. Eliminaron la consulta directa con el presidente, para que ahora fuera con la SCT (parte del Ejecutivo federal) y le agregaron el calificativo de “opinión técnica”.

En la discusión a puerta cerrada, se rechazaron varias de las propuestas y observaciones de legisladores y especialistas, incluyendo las que provinieron del Senado de la República. Entre esos temas que quedaron al margen estuvieron el “derecho de las audiencias”, los derechos de los comunicadores y periodistas (como el secreto profesional), la definición de los medios públicos, los plazos para negociar las nuevas licitaciones en radiodifusión y el tema de la soberanía en relación con la inversión hasta el 100 por ciento en satélites.

Las rondas de negociaciones estaban determinadas por los intereses económicos no por los derechos ciudadanos. “El temor a Slim”, según confió uno de los testigos de esta ronda de negociaciones, fue uno de los ánimos principales para ponerle todo tipo de candados a la posibilidad de que el magnate de la telefonía pudiera competir en televisión abierta y televisión restringida con su némesis, Grupo Televisa.

“Era una negociación de cárteles”, opinó otro observador. Se refería a cárteles económicos, aunque la guerra entre ambos más bien parecía una disputa digna de los cárteles del crimen organizado.

Slim les dio la vuelta ese mismo día con una maniobra espectacular: el Comité Organizador Internacional de los Juegos Olímpicos anunció que la exclusividad para los derechos de transmisión de las Olimpiadas de Brasil y de las Olimpiadas de Invierno de Rusia en 2016 y 2018, para todas las plataformas de contenidos en América Latina (internet, radio, televisión, telefonía)se las ganó América Móvil, la firma controladora de Slim en todo el continente.

De golpe, Slim avanzó fuera del Congreso a competir en materia de distribución de contenidos con Televisa y TV Azteca. El anuncio fue un balde de agua fría. El empresario les demostró que si le ponían candados legales y le partían el monopolio, él tiene la fuerza (y el dinero) suficientes para competir agresivamente en el terreno global de los contenidos. Sobre todo, en el de las Olimpiadas, el evento que más interés genera para los publicistas.