La frontera está caliente. Las aguas se están saliendo del cauce y los errores fatales son cada vez más frecuentes. Un migrante fue asesinado a golpes por sus custodios y un joven fue baleado, en territorio mexicano, por la patrulla fronteriza. Ninguna de las dos muertes se puede justificar. Aunque en ambos casos la prensa internacional informa que fue en defensa propia: uno se rebeló y atacó a los agentes, y en el otro caso fueron atacados por pedradas que les lanzaban desde el lado mexicano.
Las muertes del padre de familia Anastasio Hernández y el joven Sergio Adrián Hernández se suman a las que diariamente se dan en el desierto de Arizona, o en el río Bravo, cuando los migrantes intentan llegar a Estados Unidos. Sin embargo, estas dos muertes han sido provocadas y en ambos casos es evidente el uso abusivo y excesivo de la fuerza.
En el caso de Anastasio, de 42 años (padre de cinco hijos estadunidenses y que llegó a Estados Unidos siendo todavía un niño de 14 años), se procedía a realizar el último trámite de deportación, que consistía en conducirlo a la línea fronteriza. Algo debe haber sucedido ese momento que provocó la represalia de los oficiales estadunidenses. Como quiera, estaba esposado y no debía haber pasado de una agresión verbal, luego fue tirado al suelo y dos patrulleros los tenían controlado. La golpiza duró más de 10 minutos, hasta que llegó un oficial que le dio el puntillazo final: varias descargas eléctricas sucesivas que le costaron la vida. El resultado de la autopsia lo confirma: asesinato.
Para muchos migrantes ser deportados después de vivir 20 años como indocumentados es un verdadero trauma, especialmente cuando tienen toda su vida hecha, con familia, trabajo e hijos en el otro lado. Veinte años esperando una reforma migratoria, que no llega y a última hora ser deportado, debe ser una frustración y desesperación muy grandes.
Sin embargo, para los migrantes de la generación 1_; es decir, aquellos que no emigraron por voluntad propia, sino que lo hicieron acompañando a sus padres, la vida en el norte toma otro cariz. Se sienten ciudadanos, hablan inglés correctamente, han ido a la escuela, han sido socializados en una cultura diferente. Muchos de ellos, incluso, ya no hablan español, pero están en riesgo de ser deportados. Su situación es doblemente dramática. No hay un pueblo, ni amigos, ni una familia a dónde volver.
Es el caso de Éric Balderas, que llegó de cuatro años a Estados Unidos, quien estudiaba en la Universidad de Harvard, donde había ganado una beca. En una revisión de rutina, el 12 de junio de este año en el aeropuerto de San Antonio, no pudo presentar un documento oficial, tan sólo su credencial de la universidad. Al ser investigado se descubrió su situación y ahora enfrenta un juicio de deportación. Su situación es la de muchos que esperan la promulgación de la Dream Act, que permitiría estudiar a aquellos que llegaron de pequeños a Estados Unidos y ven sus vidas truncadas porque no pueden acceder a los estudios superiores.
La muerte del joven Sergio Adrián Hernández es, no sólo lamentable sino totalmente injustificada. En este caso no hay un tumulto de patrulleros implicados, tratando de someter a una persona detenida, sino un sólo patrullero que le dispara a la cabeza al joven mientras sujetaba a otro. La muerte se da en territorio mexicano.
Nuevamente se difunde ante la prensa internacional que se trata de un caso de defensa propia. Que ya están hartos de que les tiren piedras y para ello sacan a relucir sus estadísticas: de octubre de 2007 a mayo de 2008 se dieron 537 casos de pedradas que fueron lanzadas a los patrulleros. La cifra disminuye el año siguiente a 460 hechos. Y en el último periodo, que concluyó en mayo de 2010, se contaron 604 de estos ataques.
En ambos casos circulan videos de particulares que muestran lo sucedido. Y obviamente existen imágenes oficiales, de mucho mejor calidad, que pueden o deberían ser integradas a la investigación oficial. El video se ha convertido en una prueba fundamental en este tipo de incidentes. Recordemos el caso de Rodney King y los disturbios en Los Ángeles en abril de 1992.
Pero el video que circula sobre la muerte del joven mexicano es más que preocupante (www.youtube.com/watch?v=NRFETM86uAk&feature=related). Varios migrantes tratan de cruzar el río Bravo y son perseguidos por un patrullero en bicicleta en el lado estadunidense. Cuando llega a capturar a uno, luego es atacado con piedras que le lanzan del lado mexicano. Saca la pistola y hace tres disparos hacia territorio mexicano. Una bala le da en la cabeza al joven y muere en este país.
La evidencia es clara, se trata del juego fronterizo del gato y el ratón que se sale del cauce normal. Varios migrantes tratan de cruzar la frontera, alguno es capturado y los otros logran cruzar. Sin embargo, el patrullero es atacado a pedradas del lado mexicano. La voz del video es clara al respecto –repiten varias veces–: ¿por qué le tiran piedras?, previendo malas consecuencias. En efecto, muy malas. Se trató de un caso de defensa propia, lo que no invalida que se haya utilizado un exceso de fuerza. En la década de los 90 una corte federal sentenció que en caso de ataque a un agente, las piedras constituían un arma letal. Desde entonces no ha habido modo de sentenciar a ningún patrullero. A lo más se llega a un arreglo con los familiares.
No le conviene a México ni a los migrantes ni a los juarenses, que algunos mexicanos se enfrenten a pedradas con los patrulleros del país vecino. Pero el punto crucial del juicio y de la posición mexicana se va a centrar en que se disparó hacia el lado mexicano, lo cual es una agresión que va más allá del caso de la muerte del joven.
El incidente es grave, desde hace mucho que no sucedía algo así. El ambiente antinmigrante está caldeado. No sólo por la ley de Arizona. Los principales atizadores del fuego son los políticos que han encontrado en la migración el mejor argumento para ganar votos. En el estado de California, la situación económica es catastrófica, pero lo que se debate es la posición que cada uno tiene con respecto a la migración y sus consecuencias.
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