MÉXICO, D.F., 30 de junio (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, Estado de México, incluidos sus tres principales dirigentes, quienes estaban condenados a penas de 30 A 112 años de prisión.
La Primera Sala de la Corte ordenó la liberación al resolver los amparos interpuestos por la docena de encarcelados desde 2006 por los hechos ocurridos el 8 de febrero, el 6 de abril, y el 3 y 4 de mayo de ese año, en San Salvador Atenco.
La resolución no sólo corrigió la decisión de la justicia del Estado de México, sino las acusaciones hechas por el gobierno de la entidad, encabezada por el aspirante presidencial Enrique Peña Nieto.
Varios ministros señalaron que la imputación se apoyó más en el prejuicio y en la “criminalización de la protesta social”, violando las garantías individuales de los sentenciados.
Las sentencias más severas pesaban sobre la dirigencia del movimiento: Ignacio del Valle Medina, 112 años, y Héctor Galindo Gochicoa y Felipe Álvarez, 67 años. Los tres fueron encarcelados en el penal de máxima seguridad del Cefereso número 1, conocido como del Altiplano, en el Estado de México.
Los otros beneficiados, sobre los que pesaban 30 años de prisión, son Oscar Hernández Pacheco, Inés Rodolfo Cuellar Rivera, Julio César Espinosa Ramos, Juan Carlos Estrada Cruces, Edgar Eduardo Morales Reyes, Jorge Alberto Ordoñez Romero, Narciso Arellano Hernández, Alejandro Pilón Zacate y Román Adán Ordoñez Romero, quienes están detenidos en el penal de Molino de Flores.
El ministro Juan Silva Meza expresó que las condenas fueron “una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social”, e indicó que los sentenciados eran opositores al gobierno del Estado de México.
Por unanimidad, los cinco ministros que integran la Sala desestimaron la acusación de secuestro equiparado por la retención de siete policías estatales del Estado de México, entre los días 3 y 4 de mayo de 2006, al final del gobierno de Vicente Fox.
Explicaron que la investigación del Ministerio Público “partió de premisas falsas y endebles”, como dar valor a pruebas ilícitas.
Peor aún, de fincar responsabilidad a siete de los detenidos por el mero hecho de ubicarlos, a través de un álbum fotográfico, en el lugar de los sucesos, sin que –según la acusación del gobierno mexiquense– tuvieran nada que hacer ahí. Esa actitud de la autoridad fue considerada inconstitucional, en particular del debido proceso penal.
El ministro Juan Silva Meza señaló que a los acusados se les acusó por la circunstancia de pertenecer a una organización como el FPDT, “partiendo de una ideología totalitaria, donde el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión generan, por sí mismas, la presunción de peligrosidad”.
La unanimidad entre los ministros la rompió el presidente de la Sala, José de Jesús Gudiño Pelayo, quien se negó a conceder el amparo a los principales dirigentes del movimiento, Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez y Héctor Galindo Gochicoa.
Los tres fueron acusados también de secuestro equiparado del funcionario público Rosendo Rebolledo Montiel, el 8 de febrero de 2006, como una forma de presión para que se presentara a negociar con el FPDT, el secretario de Educación Pública del Estado de México.
El presidente de la sala detalló la manera en que el funcionario fue amenazado con “partirle su madre”, cuando estaba retenido.
Cuatro de los ministros, en cambio, rechazaron que se haya amenazado al rehén para obligar a la autoridad para que actuara o dejara de actuar. Fue la opinión de los ministros Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero y Silva Meza.
El ministro José Ramón Cossío Díaz votó a favor del amparo, pero consideró que se podía reclasificar el delito con una pena de 3 años y 10 meses, que ya estaría cumplida.
Respecto a los hechos del 6 abril del 2006, los cuatro ministros también favorecieron el amparo porque se había valorado de manera incorrecta el delito de secuestro equiparado, con lo que se vulneró la seguridad jurídica de los procesados.
Con los amparos, la Corte cerró el “caso Atenco”, luego de que en febrero del año pasado eximiera de responsabilidad a los funcionarios federales y estatales que ordenaron la acción policial de mayo de 2006 que derivó en la represión del movimiento y la detención de los ahora beneficiados.
Al término de la sesión, Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio Del Valle declaró que la resolución de la Corte no se trata de ninguna concesión, sino una resolución congruente con los argumentos jurídicos.
"Es un triunfo para el pueblo mexicano; es un triunfo para el movimiento social y un triunfo más para el FPDT”, añadió.
Puño en alto, Ramírez bajó las escalinatas de la SCJN, levantó un machete y gritó a sus seguidores: “por fin libres... lo conseguimos... han dictado su liberación inmediata”.
Presente en la audiencia, Jody Williams, Nobel de la Paz, dijo que si bien la decisión de la Corte “es una señal muy importante” en el sentido de que la impunidad no es la única cosa que prevalece en México, aclaró que la justicia no está completa porque siguen pendientes los casos de las 27 mujeres violadas.
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