MÉXICO, DF, 6 de mayo (apro).- ¿A quién le interesa el diálogo con Francisco Blake, secretario de Gobernación? ¿A quién de los integrantes de la marcha por la paz, que el pasado jueves salió de Cuernavaca, Morelos, le interesaría hablar con el titular de la Segob que, aprovechando el descontento social, pretende figurar como el conciliador, como el hombre de Estado que tiende la mano y presta oído a los inconformes por el baño de sangre que está viviendo México?
¿Puede acaso dialogarse con alguien que sostiene en cada foro que el Ejército no saldrá de las calles?
Difícil será que alguna organización civil le tome la palabra y se siente a la mesa para hablar ¿de qué?, si mientras la ciudadanía exige un alto a la violencia y un cambio de estrategia para abatir el crimen organizado, el gobierno federal, con Felipe Calderón a la cabeza, repite, ya no sólo en cuanto foro aparece, sino que ahora recurre a la cadena nacional, que el Ejército no saldrá de las calles y que la actual estrategia es la correcta.
Se trata de posiciones distintas en donde el gobierno no abre siquiera la posibilidad de dialogar, más bien anuncia que seguirá imponiendo su política.
Sin embargo, si el diálogo entre la sociedad --harta de tanta violencia, sangre y muerte-- y el gobierno federal parte de posiciones abiertas para encontrar la manera de detener esto, entonces el diálogo es no sólo bienvenido, sino necesario.
En cambio, si lo que se ofrece parte de un “no” al cambio de estrategia contra el crimen organizado, entonces de poco servirá el diálogo, pues la óptica de las organizaciones y defensores de derechos humanos es distinta a la del gobierno federal.
Mientras unos piden la salida del Ejército de las calles, el gobierno insiste en que esa es la única vía para detener la violencia; peor aún, en tanto la ciudadanía reclama más escuelas, más trabajo, más apoyo a los grupos marginados, a los desprotegidos, en síntesis, un programa social para contrarrestar la inseguridad, el gobierno sólo ofrece las armas para detener la violencia.
En medio de estas posiciones, en donde el gobierno no escucha lo que la ciudadanía demanda, difícil será que alguien le tome la palabra al secretario de Gobernación.
Más aún, ante el malestar de la población y la segunda marcha que encabeza el poeta Javier Sicilia; frente al reclamo de organizaciones defensoras de derechos humanos, de sacerdotes tan dignos y comprometidos como el padre Alejandro Solalinde o Miguel Concha, que el pasado 27 de abril encararon a los diputados federales, Calderón no encontró otro recurso que el pedir, a través de diversas entrevistas televisivas, que el reclamo no se lo hagan a él o a las autoridades, sino a los criminales. Ellos son los que matan, sostiene, no el gobierno que es quien lucha contra ellos.
Calderón Hinojosa aseguró que él no tiene por qué pedir perdón por los 40 mil muertos que ha ocasionado con “su guerra”, que el Ejército seguirá y que la estrategia no variará. Eso sí, dice que hasta que no exista en cada estado de la República un cuerpo policiaco limpio, no se acabará con esta violencia.
¡Vaya pues con su diagnóstico!, pues lo menos que hacen los gobiernos de cualquier partido político es luchar contra la corrupción que existe al interior de sus policías. O al menos no combaten lo suficiente. Entonces, según el diagnóstico de Calderón, esta situación persistirá.
Calderón ha tenido la desfachatez de lavarse las manos y decir que el problema está en los estados que no atacan al crimen organizado. Somos una República, una Federación, dijo en cadena nacional, y la responsabilidad es de cada mandatario a nivel entidad.
Parece olvidar que él asumió el cargo de presidente de la República y que es él el principal responsable de dar seguridad a los ciudadanos y el responsable de coordinar el trabajo con cada gobernador.
A poco más de un año de abandonar la Presidencia, Calderón no quiere cargar con todos esos muertos sobre sus hombros; sólo la semana pasada empezó a repartir culpas, entre otros, arremetió contar los gobernadores.
Pero fue más allá cuando en una entrevista con Joaquín López Dóriga, desde la comodidad de Roma, Italia, Calderón dejó entrever que sí se está investigando a ‘narcopolíticos’, aunque enseguida dijo que eso debe tener el respaldo de pruebas.
Parece que Felipe Calderón no se quiere marchar de la Presidencia siendo el villano favorito y para ello ya se menciona con insistencia en diversas columnas políticas que los expedientes contra ‘narcopolíticos’ existen y muy pronto empezarán a filtrarse algunos datos, pero también se comenta que los priistas estarán en primera línea.
Cierto o no, si los expedientes se dan a conocer, el efecto que tendrán será sin duda afectar a algún partido político rumbo a la elección presidencial.
Y entonces la duda volverá a saltar, pues no hay que olvidar el michoacanazo, en donde se armaron expedientes a políticos y se les fincaron responsabilidades que luego no pudieron sostenerse ante un juez, y hoy todos los señalados están libres por falta de pruebas.
Tampoco hay que olvidar que a quien menos le interesa abandonar el poder es al PAN, y no sólo por el poder mismo, sino para protegerse de cualquier investigación en contra de los responsables de la masacre que México está viviendo día a día.
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