ALTERMUNDI
Atrás los avances, que se adelanta el pasado
Cuando comenzó la legislatura local, de mayoría priverdista, previne en este mismo espacio sobre la posible conducción del Congreso del Estado desde el palacio de gobierno. Se ha erosionado la frontera que debería dividir a los poderes en San Luis Potosí. El fenómeno, por supuesto, no es exclusivo de esta entidad.
En la 21 Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional han decidido que el titular del Ejecutivo Federal (que proceda de ese instituto) sea de nuevo integrado a los órganos de deliberación. El presidente se incorpora así al Consejo Político Nacional y a la Comisión Política Permanente. Antes dije que es prerrogativa interna del PRI, absolutamente, pero evidencia un regreso a la centralidad del presidencialismo.
Peña Nieto no sólo se incorpora a los órganos de decisión del PRI como un militante más, ni mucho menos como jefe de Estado, se incorpora como el viejo gran elector. La “sana distancia” entre el presidente y el partido se ha enfermado de estrechez, del síndrome del mandamás.
En la búsqueda de la legitimidad, perdida tras los escándalos de corrupción en el proceso electoral, Peña Nieto se ha lanzado en una gran campaña de consolidación de su mandato. Ya he dicho mucho en este espacio que con el Pacto Nacional y sus engendros iniciales –las “grandes reformas estructurales”–, con ciertas reformas jurídicas –regresivas en el campo de los derechos sociales–, y la semana pasada con un golpe certero en contra de una de las figuras más desprestigiadas de la política mexicana: Elba Esther Gordillo. Hábilmente se ha colocado el presidente en el epicentro del sistema político mexicano. Ahí está su brazo persecutor, la PGR, no haciendo necesariamente justicia, sino tomando una revancha. No digo que Elba Esther Gordillo sea inocente, es que el procedimiento levanta dudas fundadas sobre sus motivos. Una señal me preocupa sobre todo el marasmo de conclusiones que podrían extraerse de esta acción revanchista de la PRI-presidencia, que el mensaje pueda ser planteado así: “ya ven como son los sindicatos de corruptos, hay que disminuirlos”. Y que en ese camino vayan por delante no la sanción y el castigo de las prácticas delictivas de las dirigencias sindicales clientelares, corporativas, afines al priísmo, sino más bien que vayan contra el sindicalismo independiente, ese resquicio de sindicalismo democrático tan golpeado los años recientes.
Así se lanza el PRI –el nuevo– a aprobar modificaciones a sus documentos fundacionales o por lo menos a sus líneas de acción, de forma innecesaria, pues si durante el siglo XX no respetaron las leyes, es irrelevante que modifiquen sus propios textos de observancia opcional. Y en esas modificaciones a permitirse, entonces sin incongruencias, la tasación de alimentos y medicinas con Impuesto al Valor Agregado, y la privatización (culminación de un proceso largamente postergado) de Petróleos Mexicanos.
Vamos para atrás, viaje al pasado. Allá se empeñan en ir los legisladores locales adscritos al contubernio priverdista. A fines del año pasado el gobernador les delegó la decisión sobre el aumento a la tarifa, impedido hace unos días por un grupo destacado de estudiantes y organizaciones sociales, consumado el viernes pasado de forma vergonzosa.
Una cámara legislativa, supuestamente resultante de un proceso de elección democrático, integrada entonces por representantes de la sociedad plural y diversa, que fue obligada a deliberar bajo el resguardo de cientos de agentes policiacos, en sesión privada, a ocultas de la vigilancia social y la transparencia, para aprobar un contumaz cachiporrazo legislativo a la población.
Es evidente que dichos legisladores van por la suya, sin importar costos políticos o críticas mediáticas. Es también suficientemente claro que el gobernador descargó en un cuerpo colegiado el costo político del aumento. Pero entonces intranquiliza la intromisión del ejecutivo y la docilidad del legislativo en la formulación de mecanismos para favorecer a unos cuantos concesionarios del servicio público, y dañar a la gran mayoría de la población usuaria del transporte. Pero sobre todo me inquieta identificar que el PRI no se detendrá para colocar su agenda. Que poco importa el rechazo popular, que frente a la falta de argumentos y razones recurran a la fuerza pública.
Una asamblea que para sesionar requiere el resguardo de la policía no es compatible con su llamada normalidad democrática, es fascismo legislativo. Y no será la última vez que suceda, parece un anuncio de los días que vienen.
En la 21 Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional han decidido que el titular del Ejecutivo Federal (que proceda de ese instituto) sea de nuevo integrado a los órganos de deliberación. El presidente se incorpora así al Consejo Político Nacional y a la Comisión Política Permanente. Antes dije que es prerrogativa interna del PRI, absolutamente, pero evidencia un regreso a la centralidad del presidencialismo.
Peña Nieto no sólo se incorpora a los órganos de decisión del PRI como un militante más, ni mucho menos como jefe de Estado, se incorpora como el viejo gran elector. La “sana distancia” entre el presidente y el partido se ha enfermado de estrechez, del síndrome del mandamás.
En la búsqueda de la legitimidad, perdida tras los escándalos de corrupción en el proceso electoral, Peña Nieto se ha lanzado en una gran campaña de consolidación de su mandato. Ya he dicho mucho en este espacio que con el Pacto Nacional y sus engendros iniciales –las “grandes reformas estructurales”–, con ciertas reformas jurídicas –regresivas en el campo de los derechos sociales–, y la semana pasada con un golpe certero en contra de una de las figuras más desprestigiadas de la política mexicana: Elba Esther Gordillo. Hábilmente se ha colocado el presidente en el epicentro del sistema político mexicano. Ahí está su brazo persecutor, la PGR, no haciendo necesariamente justicia, sino tomando una revancha. No digo que Elba Esther Gordillo sea inocente, es que el procedimiento levanta dudas fundadas sobre sus motivos. Una señal me preocupa sobre todo el marasmo de conclusiones que podrían extraerse de esta acción revanchista de la PRI-presidencia, que el mensaje pueda ser planteado así: “ya ven como son los sindicatos de corruptos, hay que disminuirlos”. Y que en ese camino vayan por delante no la sanción y el castigo de las prácticas delictivas de las dirigencias sindicales clientelares, corporativas, afines al priísmo, sino más bien que vayan contra el sindicalismo independiente, ese resquicio de sindicalismo democrático tan golpeado los años recientes.
Así se lanza el PRI –el nuevo– a aprobar modificaciones a sus documentos fundacionales o por lo menos a sus líneas de acción, de forma innecesaria, pues si durante el siglo XX no respetaron las leyes, es irrelevante que modifiquen sus propios textos de observancia opcional. Y en esas modificaciones a permitirse, entonces sin incongruencias, la tasación de alimentos y medicinas con Impuesto al Valor Agregado, y la privatización (culminación de un proceso largamente postergado) de Petróleos Mexicanos.
Vamos para atrás, viaje al pasado. Allá se empeñan en ir los legisladores locales adscritos al contubernio priverdista. A fines del año pasado el gobernador les delegó la decisión sobre el aumento a la tarifa, impedido hace unos días por un grupo destacado de estudiantes y organizaciones sociales, consumado el viernes pasado de forma vergonzosa.
Una cámara legislativa, supuestamente resultante de un proceso de elección democrático, integrada entonces por representantes de la sociedad plural y diversa, que fue obligada a deliberar bajo el resguardo de cientos de agentes policiacos, en sesión privada, a ocultas de la vigilancia social y la transparencia, para aprobar un contumaz cachiporrazo legislativo a la población.
Es evidente que dichos legisladores van por la suya, sin importar costos políticos o críticas mediáticas. Es también suficientemente claro que el gobernador descargó en un cuerpo colegiado el costo político del aumento. Pero entonces intranquiliza la intromisión del ejecutivo y la docilidad del legislativo en la formulación de mecanismos para favorecer a unos cuantos concesionarios del servicio público, y dañar a la gran mayoría de la población usuaria del transporte. Pero sobre todo me inquieta identificar que el PRI no se detendrá para colocar su agenda. Que poco importa el rechazo popular, que frente a la falta de argumentos y razones recurran a la fuerza pública.
Una asamblea que para sesionar requiere el resguardo de la policía no es compatible con su llamada normalidad democrática, es fascismo legislativo. Y no será la última vez que suceda, parece un anuncio de los días que vienen.
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