Ha pasado desapercibido que el proyecto de reformas recién elaborado dentro del Consejo Rector del Pacto por México no sólo abarca las telecomunicaciones (radio y televisión incluidas) sino también la concurrencia y la competencia. Si el proyecto se aprueba, habrá un organismo público que podría fraccionar empresas, entre otras medidas, para combatir el monopolismo que perjudica la economía.
Se formula un nuevo derecho humano: acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la banda ancha, con la garantía de que el Estado debe integrar a la población a la sociedad de la información y el conocimiento mediante una política de inclusión digital universal. Para esto, se ordena la creación de un programa de banda ancha en sitios públicos y se impone la meta de que, al menos, el 70 por ciento de los hogares y el 85 por ciento de todas las micros, pequeñas y medianas empresas cuenten con acceso de alta velocidad.
También ha pasado un tanto desapercibido que el enfoque en materia de telecomunicaciones y radiodifusión no sólo atiende la necesidad de abrir ambos mercados a nuevas empresas sino que se ordena la creación de un sistema de Estado (independiente, plural e imparcial) y se promueve la radio y televisión de carácter social. Las concesiones a entidades públicas y las de carácter social se otorgarán a través de asignación directa con criterios no económicos. Además, el Estado deberá desarrollar su propia red troncal para llevar las telecomunicaciones a todo el país sin criterios de lucro pero en concurrencia con las empresas privadas que hoy monopolizan el mercado. Todo esto no atañe sólo a la competencia económica sino principalmente a los derechos de la gente a tener telecomunicaciones y radiodifusión en condiciones de mayor posibilidad de acceso y en un marco de mayor pluralidad.
Por otro lado, no es exacto que la iniciativa no afecte a nadie. Eso no sería posible. Afecta a los monopolios, tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión. El texto propuesto señala que la autoridad debe declarar la predominancia existente en ambos sectores y aplicar las medidas necesarias para combatir el acaparamiento y las barreras de entrada impuestas por los monopolios. No sólo Telmex y Telcel deberán ser regulados sino también el consorcio Televisa, pues ambos predominan ampliamente; éste último no sólo en televisión abierta sino también en la de paga. Ya desde la nueva redacción del artículo 6º. se señala que el servicio público de radiodifusión debe ser prestado en condiciones de “competencia y calidad” y brindar “los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información”. Las normas para regular el mercado, contenidas en el proyecto no dejan lugar a dudas sobre lo que debe ser regulado tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión e, incluso, menciona la “propiedad cruzada de varios medios de comunicación que sirvan a un mismo mercado o zona geográfica de cobertura” y permite al Estado (a través del nuevo instituto) ordenar “la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para el cumplimiento” de los límites a la concentración de tales medios.
Pero además, el segundo transitorio dice: “Las medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos, deberán aplicarse a todos los segmentos de forma que se garantice en su conjunto la competencia efectiva en la radiodifusión y telecomunicaciones”.
Para la izquierda, la cuestión de los derechos de la gente, su acceso a las modernas tecnologías de la información y el conocimiento, así como la pluralidad política y cultural de los medios radiodifundidos es el tema principal, pero el monopolismo actual es justamente una barrera para el ejercicio de tales derechos.
La iniciativa debe analizarse en su texto aunque el contexto debe ser tomado en cuenta. El gobierno no presentó ningún proyecto completo. El PRD y el PAN llegaron a acuerdos previos y elaboraron una plataforma a través de largas y difíciles negociaciones. Esto, sin duda, creo un buen clima en la discusión con el gobierno, al cual le fueron rechazadas las propuestas que tendían no sólo a mantener aspectos de las leyes actuales sino a volver a esquemas ya rechazados antes en vía judicial. Sin embargo, el gobierno asumió una actitud de apertura y realismo que permitió el éxito de las negociaciones. Aquí se ha producido una convergencia política, pero ¿dónde está escrito que la izquierda no debe nunca llegar a acuerdos?
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