Que no hay de otra. “No hay plan B”, insistió ayer el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, sobre el aumento de impuestos. Si no se aprueba el paquete fiscal del gobierno federal, se advierte, no habrá dinero para que los niños pobres puedan comer. Así de terrible.
Hoy nos enteramos, sin embargo, de que el apoyo alimentario del programa Oportunidades —11 mil 467 millones de pesos—, buque insignia de la política social gubernamental, es apenas la mitad de lo que Pemex se gastó en pagarle mes con mes su salario a 12 mil trabajadores sindicalizados que cobran sin trabajar desde 2005.
Por este tipo de injusticias estamos tan decepcionados de nuestra supuesta democracia. Un puñado de intocables recibe los beneficios que millones de personas nunca verán en su vida.
En tiempos del viejo régimen existía la misma situación, pero al menos nadie se atrevía a defender el sistema; en cambio, ahora tenemos que soportar todos los días el discurso de la democracia perfecta (para colmo publicitado con cargo a nuestros impuestos).
Las autoridades de Pemex no se han atrevido a tocar ni con el pétalo de una rosa los intereses del sindicato petrolero, dueños para efectos prácticos del petróleo nacional. ¿Cómo no sentir enojo si, de aprobarse el 2% de impuesto al consumo propuesto por el gobierno federal, se recaudarían alrededor de 40 mil millones de pesos, apenas el doble de lo que ganaron los trabajadores ociosos de Pemex los últimos cuatro años? ¿Porqué ellos sí y los demás no? ¿A qué se debe que unos puedan mantener sus beneficios mientras el resto nos sacrificamos?
La respuesta la ofreció recientemente nuestro colaborador, Alberto Aziz Nassif, en su último libro, México, una democracia vulnerada. O quizá debería decir de otra manera: México, una oligarquía muy robusta.
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