MÉXICO, DF, 23 de febrero (apro).- El presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, puso a consideración del pleno un acuerdo tomado por la Junta de Coordinación Política y avalado por todos los partidos, con excepción del PT, el pasado jueves 18.
Pero el término para presentar la controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo, por abrir todavía más la puerta de Petróleos Mexicanos a la iniciativa privada y a empresas trasnacionales, venció hace cinco días.
La discusión sirvió sólo para que el Partido del Trabajo, con la participación de Jaime Cárdenas, Laura Itzel Castillo y Gerardo Fernández Noroña, reclamara desde la tribuna la “traición” del PRI en contra de los petistas, ya que su propio coordinador, Francisco Rojas, había empeñado su palabra de que los acompañaría en la controversia.
Incluso señalaron que el equipo de abogados del PRI elaboró el documento, que finalmente fue desechado por cinco de los seis partidos representados en la Cámara de Diputados.
“La cúpula del Partido Revolucionario Institucional compartió con nosotros esta preocupación de las violaciones flagrantes a la Constitución y comprometió una controversia constitucional que no se cumplió.
“La palabra empeñada en política es fundamental para la tarea política, si no se cumple, no hay nada. No hay posibilidades de construir acuerdos de ningún tipo y de ninguna naturaleza. No compartimos la visión de la coordinación del PRI, del diputado Rojas, de que lo que hizo Petróleos Mexicanos es suficiente”, dijo Fernández Noroña.
El petista sostuvo que hay un reclamo serio por el incumplimiento del compromiso establecido. Además, dijo, no es la primera vez, pues “cuando promovimos la controversia constitucional por el cierre de Luz y Fuerza del Centro, el PRI también se echó para atrás. Esa vez no lo pactamos con la coordinación, sino con diversos grupos, y al final la presión pudo más”.
Antes, Laura Itzel Castillo acusó a Rojas de “prevaricato”, término financiero con el que se señala la estafa o quebrantamiento de las leyes de parte de un servidor público.
“Estamos ante una vil traición a la patria. Es más, podríamos acusar al diputado Francisco Rojas incluso de prevaricato. ¿Por qué? Porque mientras por un lado está señalando que el Congreso, que esta Cámara de Diputados, ganó la controversia constitucional sin haberla interpuesto, por otro lado está defendiendo directamente los intereses de las empresas trasnacionales en este jugoso negocio. Pero no podría haber corrupción en el PAN si no estuviera bien avalada, bien apuntalada por el Partido Revolucionario Institucional”, apuntó Castillo.
Y los encaró: ¿”Cómo se atreven a sostener que las normas que emitió Pemex no son anticonstitucionales?”. Ese, añadió, era el punto central de la controversia constitucional, pues los lineamientos que emitió la paraestatal violentan los artículo 27 y 28 constitucional, donde se establece que el Estado es el único que puede extraer y explotar los hidrocarburos, pero con los lineamientos esta facultad se le transfiere a la iniciativa privada mediante los llamados “contratos incentivados”.
E insistió: “¿Cómo es posible que todavía se atrevan a señalar que no es anticonstitucional esta reglamentación, estas disposiciones administrativas para la contratación que publicó el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos? ¿A poco se la cree usted, diputado Rojas? ¿A poco se la creen ustedes, diputados del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, que con esas tibias modificaciones que planteó el coordinador de la fracción parlamentaria se eliminaron los contratos?
“¿A poco sí creen que se eliminó lo relacionado con la rentabilidad que claramente está señalada en el artículo 77 de estas disposiciones administrativas? Ni siquiera propuso el diputado Rojas que el artículo 77 se modificara, y tampoco propuso que se eliminara la palabra rentabilidad.
“¿Y qué decir del artículo 78? El artículo 78 habla específicamente de los bloques. No ponen la palabra ‘bloques’. ¿Por qué? Porque desde el Movimiento en Defensa del Petróleo, la Economía Popular y la Soberanía Nacional, que encabeza el presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador, planteamos en el debate sobre la reforma energética que debería de quedar explicitado un texto de las 12 palabras, donde se prohibiera específicamente la explotación de estos bloques”.
Sin embargo, agregó, en el documento queda establecido que sí se podrá realizar esta explotación, “y en el artículo 78 también se señala claramente el establecimiento de áreas de trabajo identificadas en términos de superficie, con referencia en sectores de un minuto de latitud por un minuto de longitud”.
Después de la acusación directa de los petistas, Alfonso Navarrete, quien encabeza el área jurídica del PRI, aclaró que ya no fueron con la controversia debido a que el mismo jueves 18 el gobierno federal les dio su palabra de que se harían las modificaciones necesarias para evitar todo lo que Itzel Castillo denunció.
“El PRI ha sido congruente y es congruente en la defensa de la Constitución y de sus principios y, en este caso, no ha sido la excepción… Las modificaciones a esa norma dejan sin materia la posible controversia constitucional. En el PRI pensamos que no hay mejor pleito que el que no se tiene, sobre todo cuando se respeta la Constitución”.
Por ello, dijo, “no apoyamos la presentación de la controversia, ya que seguimos adelante en la tramitación del juicio que se lleva a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el reglamento controvertido, y que es el que teóricamente le da origen a esta norma”.
El priista se refería a la controversia que el PRI promovió en contra del reglamento que emitió Pemex en noviembre pasado y desde donde, según el Revolucionario Institucional, sí se permiten los contratos incentivados.
La lógica de los priistas para justificarse, en lo que fue considerado por el PT “una traición”, fue que si la SCJN considera inconstitucional el reglamento, entonces también lo serán los lineamientos que emitió y publicó el gobierno federal el pasado 6 de enero, y que fue motivo de la controversia promovida por los petistas y respaldada por el PRI en un principio.
Nadie de Acción Nacional subió a tribuna a defender las acciones del Ejecutivo federal. Prefirieron hacerse los sordos y no darle materia de discusión al PT, como ha ocurrido en esta legislatura en todo lo que defienden los petistas.
Y el documento fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados.
Fuente: Proceso
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