Después de año y medio de aprobada la reforma energética, el consejo de administración de Pemex, cuya instalación con los nuevos consejeros profesionales tardó bastante más de lo normal, dio a conocer, hace un par de semanas, las reglas para la contratación de servicios de la paraestatal.
De inmediato surgieron voces de protesta objetando las reglas para los “contratos incentivados” que esconden, sin mucho cuidado, los “contratos de riesgo”, específicamente prohibidos por la Constitución y uno de los puntos que trajo mayores críticas y produjo la mayor polémica en los debates sobre la reforma propuesta por el presidente Calderón, y que finalmente quedó descartado.
Un grupo de diputados encabezados por Jaime Cárdenas, del PT, promovió una controversia constitucional que requería el apoyo de la fracción del PRI para lograr en número de votos necesarios para presentarla ante la Suprema Corte de la Nación.
El diputado Francisco Rojas, coordinador de la fracción de ese partido, independientemente de la posición contraria del senador Manlio Fabio Beltrones, manifestó en principio su apoyo, señalando que había lugar a la controversia constitucional.
La rápida reacción de la Secretaría de Energía de “modificar la redacción de los contratos” para que no hubiera duda de la intención de ajustarse a la ley y evitar así una controversia constitucional, a todas luces perdida, no deja dudas sobre varios puntos:
1.- La regulación aprobada por el consejo de administración de Pemex permite los “contratos de riesgo”.
2.- Demuestra palmariamente el nulo respeto de funcionarios y autoridades del sector, a la opinión de la mayoría, que en un debate abierto se manifestó en contra de dichos contratos y más grave aún, en contra de la ley que surge del debate.
3.- La obcecación del gobierno para suscribir dichos contratos con los que se entregaría a los contratistas parte del producto obtenido, que es patrimonio de la nación.
4.- La reiterada manipulación para transgredir la ley, a través de reglamentos secundarios.
En alguna ocasión, después de aprobada la “reforma”, expresé que se había logrado detener la entrega de Pemex, pero que no había que bajar la guardia porque vendrían nuevos embates. No pensé sin embargo que fueran tan pronto ni que fueran tan burdos.
Después de que como se dice vulgarmente “los agarraron en la maroma”, supongo que no nos pedirán que tengamos confianza en ellos, y que muestren los “contratos revisados” antes de cometer la barbaridad de suscribirlos. No sea que hayan querido “chamaquear” al diputado Rojas, para que transcurriera el tiempo límite para la presentación de la controversia constitucional.
Ya no pierdan más tiempo en artimañas a ver si alguna trampa tiene éxito, porque el tiempo es, como el petróleo, recurso no renovable, y como el petróleo, se nos está acabando.
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