28 de abril de 2010
La ley de Arizona, Estados Unidos, que permite detener a cualquier persona sólo por “parecer” indocumentada, es indignante para nuestros paisanos y nos obliga a hacer algo al respecto. Ahora bien, ¿qué pueden hacer los latinoamericanos, en particular los mexicanos, tanto en Estados Unidos como al sur del Río Bravo? Un boicot económico suena muy atractivo, pero no es realista.
Organizaciones de migrantes en Estados Unidos y algunos políticos de nuestro lado coquetean con la idea de cerrar el tránsito con Arizona, dejar de realizar turismo en ese estado, no consumir sus productos; sin embargo, esas medidas son inviables porque el daño a nuestros propios connacionales sería mayúsculo en ambos lados de la frontera. ¿Durante cuántos días un mexicano-estadounidense puede dejar su trabajo de jornalero o de empleado en una empacadora? ¿Pueden los miles de paisanos que se trasladan a diario entre ambos territorios suspender sus actividades económicas, frenar sus negocios? ¿Pueden los productos agrícolas que se producen en Sonora o en Sinaloa costear exportaciones a través de pasos más lejanos en California o Texas? La interdependencia mutua es tan grande que un boicot sería suicida.
Es cierto que la comunidad afroamericana en Estados Unidos ha sabido implementar mecanismos eficaces de boicot como el que realizaron contra el sistema de buses de Montgomery en 1956, símbolo del movimiento por los derechos civiles en ese país. Pero esas acciones han sido siempre locales, a nivel de condado cuando mucho, y únicamente contra un sector de la economía. Pretender emular esa resistencia civil en todo un estado se antoja una tarea titánica que muy probablemente fallará en generar la solidaridad de muchos.
Por lo anterior, la principal herramienta de oposición, menos llamativa pero más efectiva, es la vía jurídica. Es decir, se debe emprender la revisión legal caso por caso de paisanos afectados por la nueva ley, mientras se realizan cabildeos entre las autoridades federales estadounidenses para lanzar un recurso de inconstitucionalidad contra el Congreso de Arizona ante la Suprema Corte estadounidense, como ya anticiparon Eric Holder y Janet Napolitano, fiscal general y secretaria de Seguridad Nacional, respectivamente.
Del lado mexicano hace falta sumar a la diplomacia nacional todos los apoyos internacionales posibles, capaces de disuadir a los legisladores de Arizona como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Dada la debilidad de la estrategia del boicot más vale poner todas las baterías en las acciones jurídicas, porque el mejor antídoto contra la intransigencia estadounidense es la propia tradición liberal en aquel país.
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