La reforma migratoria está estancada, el Congreso no quiere discutir la propuesta de los senadores Schumer y Graham y el presidente Barack Obama no se quiere comprometer de lleno y mandar su propuesta de ley al Congreso. Obama apoya la propuesta de una reforma integral, pero no se compromete a fondo. Y mientras el presidente y el Congreso estadunidenses se pasan la pelota y se diluyen las esperanzas de una reforma migratoria federal integral, a escala estatal ha empezado la embestida. Es el caso de Arizona, donde la gobernadora Jan Brewer aprobó una ley antinmigrante conocida como SB-1070. Se supone que en 90 días la ley deberá aplicarse, si es que no se interponen demandas legales en contra por anticonstitucional.
La tensión entre los estados y la federación sobre el tema migratorio data de tres lustros atrás, cuando el gobernador Pete Wilson de California logró la relección en 1994, al promover la Proposición 187 llamada Save our state (Salvemos nuestro estado), que fue sancionada por una amplia mayoría de los votantes (58.9 por ciento), entre ellos muchos latinos. La proposición negaba el derecho a la salud y a la educación a los migrantes indocumentados y obligaba a los funcionarios (médicos y maestros) a denunciar a la policía a aquellos que no tuvieran documentos. A pesar de haber ganado la votación, la Proposición 187 no se pudo aplicar porque los abogados de la causa migrante entablaron un juicio y obtuvieron un fallo a favor, dado que la corte dictaminó que el asunto migratorio era de competencia federal y no estatal.
No obstante, la Proposición 187 tuvo una amplia a acogida a escala nacional y en 1986 el presidente Clinton promulgó una ley (IRAIIRA) de reforma migratoria y de seguridad social que le otorgó a los estados una serie de atribuciones en materia migratoria. Con esa ley quedaba establecido el derecho de los estados a sancionar algunos aspectos de las políticas migratorias y se echaba atrás el juicio ganado contra la Proposición 187. Queda a discreción de cada entidad, por ejemplo, dictaminar sobre el derecho a ciertos beneficios sociales para aquellos que no son ciudadanos, es decir, residentes legales o indocumentados. Pero esta cesión de facultades federales a los estados ha desatado una serie de actitudes antinmigrantes por parte de funcionarios, autoridades y agentes policiacos, que se sienten con el derecho de perseguir migrantes y aplicar justicia por propia mano.
En el caso particular de Arizona es tristemente famoso el sheriff Joe Arpaio, quien se ha dedicado a perseguir migrantes con saña y se atribuye el derecho de solicitar documentación a cualquier persona que considere pertinente. Su actuación ha sido cuestionada por múltiples iglesias y organizaciones no gubernamentales, pero tiene un fuerte apoyo en determinados sectores sociales y hasta el momento ha podido solventar varios casos legales. Con la aprobación de la ley SB 1070 el sheriff Arpaio tendrá mano libre para aplicarse en perseguir migrantes indocumentados.
El caso de Arizona es diferente al de California y Texas por varias razones. En primer lugar, Arizona era un estado con muy poca presencia migrante a pesar de tener frontera con México. La razón era muy simple: los migrantes se iban por Tijuana o la frontera del río Bravo. Sin embargo, con las políticas restrictivas de control fronterizo, el flujo que iba por California y Texas fue desviado a zonas más áridas y peligrosas, como los desiertos de Sonora o Altar, que forman parte del estado de Arizona.
De este modo, un estado que no estaba acostumbrado a ver migrantes caminando por las calles o solicitando trabajo empezó a preocuparse por el asunto. Al cambio de rutas migratorias que afectó de manera particular a Arizona se suma otro factor: el crecimiento económico. El área metropolitana de Phoenix está en el primer lugar en cuanto al índice de crecimiento económico en la última década, según un reporte reciente de The New York Times (16/04/2010), y en tercer lugar en cuanto al crecimiento de su fuerza de trabajo migrante. En Phoenix, a diferencia de otros lugares, hay muchos nuevos empleos, especialmente en la industria de la construcción y los servicios, por eso mismo hay migrantes indocumentados trabajando y solicitando empleo.
Pero la propuesta SB 1070 va mucho más allá que la Proposición 187 y la ley migratoria IRAIIRA de 1986. En realidad se parece más a la propuesta HR 4037 de Sensembrenner (2006), que criminaliza al migrante irregular y que fue derrotada en las calles por cerca de 5 millones de personas que salieron a protestar en la primavera de 2006. La propuesta establece como delitos estatales una serie de infracciones que ya son consideradas como tales a escala federal, pero al aprobarse a nivel estatal, la policía local se arroga el derecho de perseguir y aplicar la ley.
En 2007 se promulgó la Legal Arizona Workers Act, que iba en el mismo sentido, de obligar a escala estatal a cumplir una ley federal. En este caso los empleadores debían asegurarse, por los mecanismos establecidos, de que los trabajadores que contrataban fueran legales. Pero el sistema de verificación conocido por sus siglas como SAVE y E-Verify no funciona de manera eficiente. Como resulta bastante complicado aplicar la ley en contra de los empleadores, ahora resulta mucho más fácil y rentable políticamente perseguir a los ilegales.
La disposición más conflictiva afirma que las policías y los funcionarios deben tratar de determinar “de manera razonable” el estatus legal de una persona, si existe “una sospecha fundada” de que la persona está en el estado de Arizona de manera irregular. En otros contextos, esta sospecha fundada es definida como profiling, es decir, la autoridad se arroga el derecho de preguntar por la residencia legal al tomar en cuenta el perfil, los rasgos externos de una persona. No hay otra manera. Dado que la inmensa mayoría de los migrantes irregulares de Arizona son mexicanos, la medida tiene un contenido racial evidente y se convertirá en una práctica discriminatoria.
Según Susan Gzesh, abogada de la Universidad de Chicago, se puede esperar una reacción del procurador general Eric Holder, quien podría intervenir para frenar este proceso dado que se afectan los intereses de una minoría. En la década de los 60 hubo varias intervenciones en este sentido en los estados sureños de Alabama, Mississippi y Arkansas.
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