MÉXICO, D.F., 23 de abril (apro).- Al país le urge detener el baño de sangre que inició Felipe Calderón al declarar “la guerra” al narcotráfico, y en la que varios civiles han perdido la vida.
Desde el gobierno se provocaron los enfrentamientos y desde el gobierno pretenden detenerse, lo que podría resultar plausible si no fuera por el método.
Para acabar, Felipe Calderón y el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, han pedido al Congreso de la Unión que les legalice las acciones que miles de efectivos militares realizan en rancherías, caminos vecinales, pueblos, carreteras, pequeñas y grandes ciudades desde que arrancó la administración del segundo gobierno panista.
Es un trabajo que deben realizar sólo las policías federales en coordinación con las locales. Sin embargo, la corrupción que priva en las corporaciones policíacas fue, desde el gobierno de Ernesto Zedilllo, para sacar al Ejército a las calles y ayudar en la lucha contra el narcotráfico.
Desde ese mismo día, organizaciones de derechos humanos, agrupaciones cívicas e, incluso, partidos de izquierda, cuestionaron la decisión, pero nada lograron.
A la llegada de Calderón, el Ejército ya no sólo salió a las calles, sino que encabeza operativos. Calderón y el secretario de la Defensa quieren continuar en lo mismo.
El problema es que el Ejército mexicano actual es lo que los dedicados a esta tarea llaman “un ejército de paz”, en donde su función, más que defender la soberanía ante una invasión, ha realizado tareas de salvamento. Nunca fue preparado para hacer labores de seguridad pública, para “acompañar” a la Procuraduría General de la República o a la Policía Federal o a las policías locales para abatir la presencia del crimen organizado. De ahí que “los daños colaterales” durante los enfrentamientos entre militares y miembros de diversos cárteles, se estén volviendo cada vez más frecuentes.
Así califican, gobierno federal, policías federales y militares, a la muerte de personas civiles que se han quedado en medio del fuego cruzado o que han sido “confundidos” con criminales o han sido descarga del “estrés” al que someten los militares en los retenes de caminos vecinales.
Para los militares y policías federales, el significado de “daño colateral” no es herir o matar a un civil; es simplemente “un accidente ocurrido durante una operación”.
En este sentido, la muerte de los niños Bryan Almanza Salazar, de 5 años, y Martín Almanza Salazar, de 9, ocurrida en un retén militar en la carretera nacional Nuevo Laredo-Reynosa-Matamoros, el pasado 3 de abril, fue sólo “un accidente ocurrido durante una operación”.
De acuerdo con datos de la propia Sedena, desde la declaración de “guerra” de Calderón, los militares han tenido 496 enfrentamientos con diversos integrantes del crimen organizado; 33 de estos enfrentamientos entre militares y miembros del crimen organizado ocurrieron en “puestos de control”, como prefiere denominar el Ejército a los retenes.
Un ex jefe de la Policía federal, al ofrecer estos datos, justificó el actuar de los militares, luego de expresar lo siguiente: “¡33 enfrentamientos ocurrido en puestos de control, imagínate a cuánto estrés están sometidos los militares!”.
Efectivamente, un estrés que los ha llevado a cometer errores como el asesinato de dos niños que viajaban en una camioneta y donde sus padres, a pesar de agitar un pañuelo en señal de paz, fueron ignorados y rafageados por los “estresados militares” que estaban en el retén para detener o coartar la estrategia de una ruta de algún cartel.
La autorización de los retenes es lo que Calderón y Galván han pedido a los legisladores. La próxima semana, el Senado de la República emitirá la normatividad de “los controles militares”. Por lo pronto, la noche del jueves las comisiones unidas del Senado aprobaron en lo general la nueva Ley de Seguridad Nacional.
El problema de todo esto no es que se trate de combatir o parar el baño de sangre que inició Calderón en su “guerra” contra el narcotráfico, sino que sean los militares a los que les estén dando todas las herramientas para que ellos sean los que están al frente de los operativos, los que “limpiarán” los cuerpos policíacos locales…. y los que pretenden sustituir al Ministerio Público federal.
Aunque poco publicitado por los medios, la nueva ley contempla que el Ejército tenga “la potestad” para iniciar las investigaciones, la recolección de indicios que puedan convertirse posteriormente en evidencias, y la preservación de las escenas, “sin necesidad de estar presente inicialmente el Ministerio Público o la policía ministerial o federal”.
Con este nuevo marco, el Ministerio Público ya no tendría razón de existir y sus funciones pasarían “de manera legal” a ser ejercidas por el Ejército, que luego de 48 horas (de manipular la información si lo deseara) deberá entregar todo lo investigado en manos del Ministerio Público, el cual pasará a ser simplemente una oficina de atención al público que recibe quejas.
Con la nueva ley, los militares estarán tentados a actuar en la total impunidad, pues ellos serán quienes estén al frente de todo. Habrá que ver hasta dónde llegará la colaboración del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna quien, cuando el Ejecutivo Federal lo decida, estará siempre bajo las órdenes de los mandos miliares.
Según la nueva ley, cuando se emita la declaratoria de “afectación a la seguridad interior”, el Ejecutivo federal será quien determine quién, dónde y hasta cuándo se realizarán las operaciones en determinada zona para atacar el crimen organizado.
Al decir quién, y siendo promovida la ley por las fuerzas militares, resulta obvio que serán quienes estén al frente.
Un punto rescatable de esta ley es que ahora, al haber claramente determinado un mando al frente de cualquier operación, sobre este recaerán todas las responsabilidades y deberá ser juzgado por haber incurrido en “daños colaterales” y privar de la vida o violar los derechos humanos de la población civil.
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