Ricardo-Monreal-Avila-Telecomunicaciones
Aún no se aprueba la reforma de telecomunicaciones y la sola presentación del proyecto le ha costado a América Móvil, a Televisa y a TV Azteca una pérdida de 8 mil 500 millones de dólares en el valor de sus acciones en una semana.
La cifra es cercana a los 10 mmdd que, según expertos y diversos analistas de costos internacionales, pagamos de más los consumidores mexicanos por la dominancia de estas tres empresas en sus respectivos sectores de servicios.
En otras palabras, el mercado da por hecho que la reforma de telecomunicaciones será aprobada y ha procedido a descontar el valor real que tendrán dichas empresas una vez que el sector se abra a la competencia nacional e internacional. Es decir, una vez eliminada la caparazón proteccionista (fiscal, contable, legal y política) que las convirtió en empresas representativas y emblemáticas de un capitalismo de cuates (Joseph Stiglitz dixit).
En este sentido, la reforma sí está afectando directamente a dichos monopolios (más al empresario Carlos Slim que a ningún otro), pero la bondad de esta medida debe valorarse con otro criterio; es decir, si la recomposición del sector de las telecomunicaciones se refleja en precios más bajos para el consumidor y en un mejor servicio o, por el contrario, si la reforma servirá sólo para redistribuir las ganancias monopólicas del sector entre nuevos actores, sin reflejarse esta competencia en la economía de las pequeñas y medianas empresas, ni en el bolsillo de los mexicanos.
La iniciativa que se votará esta misma semana en la Cámara de Diputados está lejos de ser el paraíso en la tierra. Más aún, si no se aplican ajustes en San Lázaro o en el Senado, vamos a terminar cambiando a nuestros Frankesteins por auténticos Cíclopes.
Movimiento Ciudadano presentará en San Lázaro un voto particular con el propósito de incluir en la reforma de telecomunicaciones diversos ajustes que realmente garanticen el acceso de los ciudadanos a los beneficios tecnológicos del sector y hagan más competitiva a nuestra economía. Creemos que el objetivo central de la reforma debe ser el máximo beneficio económico y social para los ciudadanos, no el máximo golpeteo a tal o cual grupo empresarial.
Para ello, estamos proponiendo que la sociedad civil organizada sea la que integre los órganos reguladores y no el emergente presidencialismo restaurador; que se elimine el requisito de la opinión presidencial para la cancelación o revocación de concesiones (si el Presidente no tiene el poder de concesión tampoco deberá tener el de revocación); que el comité de evaluación de los integrantes de los órganos reguladores lo integren instituciones académicas y universitarias, no otros órganos del ejecutivo federal; que la nueva Ley de Amparo no desampare a los prestadores de servicios ni los deje minusválidos frente a otros sectores económicos; que se incluya una cláusula de reciprocidad en la inversión extranjera (que el capital extranjero participe en la misma proporción que lo permita su país de origen); que el tope de 49% para la inversión extranjera se aplique a todo el sector de telecomunicaciones, no únicamente a la radiodifusión; que se garantice la soberanía y la seguridad nacionales en el funcionamiento de este sector estratégico; que se haga realidad el derecho de audiencias y de réplica en todo tipo de medios de comunicación; que se evite la burocracia dorada y la partidización de los nuevos órganos reguladores (fuera partidos y Ejecutivo); que el Estado garantice el acceso universal a los servicios de banda ancha (el acceso gratuito a internet como derecho humano); que los canales públicos sean de los poderes estatales, no sólo de algunos de ellos; así como fomentar la radiodifusión y telecomunicaciones de carácter social, comunitario e indígena, entre otros aspectos.
Una reforma tan importante para los ciudadanos no puede ser aprobada sin la participación, el análisis y la consulta con ellos. Si la iniciativa es tan buena para los ciudadanos, ¿por qué la prisa para aprobarla a espalda de ellos? Al menos la ley reglamentaria deberá ser producto de una amplia consulta ciudadana, con especialistas, académicos, asociaciones de profesionales, prestadores de servicios y consumidores en general.
No se pueden combatir los monopolios económicos de facto con otra decisión de facto de una representación política supraconstitucional, como es el llamado Pacto por México, que actúa como un Cuarto Poder del Estado, a la manera del Supremo Poder Conservador del siglo XIX, donde al Congreso de la Unión se le considera una ventanilla de trámites legislativos y, a los partidos políticos, se les da el estatus de estaciones satelitales del poder presidencial, en lugar de correas de transmisión del poder ciudadano.