El sexenio de Vicente Fox dejó para muchos un saldo negativo. Cedió terreno ante los poderes fácticos, protegió intereses autoritarios del régimen previo y fomentó la polarización política. Sin embargo, tuvo un logro indiscutible, quizá el único que nadie le escatima: la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública y la creación del instituto que sirve como vínculo entre las autoridades federales y la ciudadanía: el IFAI. Sorprende por ello que ahora el segundo gobierno federal panista pretenda limitar los alcances de esa transparencia, ganada hace apenas 9 años.
A través de esta ley conocimos que el gobierno de Fox compró toallas de 4 mil pesos para Los Pinos; también que el ex titular de Conaculta, Sergio Vela, gastó 800 mil pesos en viáticos y boletos de avión, sólo en su primer año de gestión. Fue el IFAI el que instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional para que diera a conocer las quejas o denuncias contra militares, recibidas desde otras instancias.
No todo ha sido ideal. El IFAI ha tenido resoluciones polémicas e incongruentes como mantener bajo reserva el sueldo de Elba Esther Gordillo —que sale de origen del presupuesto público—, pero, con todo, ha sido un instrumento que permite a los ciudadanos mayor control sobre sus gobernantes. Debido a esos avances es que resulta incomprensible que el actual gobierno federal, en voz de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quiera sujetar al IFAI a un mecanismo que debilitaría seriamente sus facultades.
Para conseguir su objetivo la administración calderonista tendría dos opciones. La primera es reformar la ley en la materia para crear un tribunal especializado que se coloque por encima del IFAI; una idea que implicaría la contratación de una nueva burocracia en tiempos de crisis. La otra sería que las decisiones del instituto fueran revisadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, un cambio que implicaría una reforma a la Carta Magna y por tanto requeriría la aprobación de dos terceras partes en el Congreso federal y el apoyo de al menos 16 legislaturas locales. Ambas vías son, de toda evidencia, inviables. La primera por razones económicas y la segunda por argumento político.
La ley mexicana de acceso a la información ha sido considerada una de las más avanzadas del mundo, precisamente porque coloca al ciudadano por encima de la autoridad. Habiendo tantos problemas en el país, el secretario Gómez Mont debería dedicarse a otros asuntos más relevantes que conducirnos de regreso al país de la opacidad.
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