La consideración expedita concedida en el Senado a la propuesta de Calderón sorprendió por el fuego graneado de los rechazos. Suponíamos que el PRI le había dado entrada inmediata a fin de sazonar el guiso a su conveniencia, pero después de la unánime descalificación, la complicidad se torna indecente.
Era propio del antiguo régimen otorgar prioridad a los proyectos del Ejecutivo sobre los que ya estaban a discusión en el Congreso respecto de las mismas materias. La “iniciativa preferente” no ha sido adoptada y hace apenas tres años se expidió una Ley para la Reforma del Estado, de amplia convocatoria, cuyas aportaciones aguardan todavía dictamen.
Fue en apariencia un plan con maña, destinado a desinflar la operación publicitaria por la que el PAN intentaba recuperar la iniciativa política. Se inscribe en la arena de las batallas electorales de este año y es parte de la reacción celosa y desmesurada con que respondieron los tricolores a las alianzas pluripartidistas anunciadas.
Se antoja un ejercicio de violencia intrafamiliar: la disolución aparente de un contubernio que legitimó elecciones fraudulentas y propició un cogobierno precario para deleite de los poderes fácticos. A no ser que, después de la golpiza, el macho pretenda llevar nuevamente la víctima a su lecho.
A pesar de la calidad de algunas participaciones, en Xicoténcatl se escenificó un verdadero aquelarre; “oficio de brujas y brujos con la supuesta intervención del demonio”. Por desgracia el maligno invocado es la decadencia nacional: el espectáculo de la frivolidad e incompetencia política frente a la necesidad imperiosa de lanzar un proceso constituyente.
El debate puso en evidencia la pequeñez de la iniciativa presidencial tanto como su carácter desarticulado y mal intencionado. Enviar al Legislativo un proyecto de reformas destinado a debilitarlo es una inocentada. Presentar una iniciativa escuálida en olvido de las propuestas avanzadas durante 10 años por especialistas, sociedad y partidos es un insulto a la inteligencia.
Carece de un enfoque sistémico y tiene un sesgo pendenciero. Ha desatado el pleito en vez de suscitar el consenso. Es sobre todo desproporcionada en relación a la magnitud de los problemas que el país afronta. Exhibe una ausencia patética de visión de Estado y entendimiento del proceso histórico.
Es este el año del Bicentenario que invita a una profunda reflexión nacional. México no requiere de más parches legales ni ocurrencias palaciegas, sino de la reconstrucción cabal de sus instituciones. Nuestra crisis es insondable y afecta hasta la médula de la identidad colectiva. Pone en juego nuestro destino.
Involucra al huevo y a la gallina. El declive dramático de la economía y el peligroso incremento de la desigualdad no pueden ser revertidos en ausencia de un Estado competente, suficiente y participativo. No hay glasnost sin perestroika y viceversa, a riesgo de la desintegración nacional.
El eje es la pérdida de soberanía externa e interna de las instituciones políticas. El doble secuestro de que son objeto por parte de las estrategias y decisiones extranjeras y de las fuerzas domésticas —legales e ilegales— que lo rebasan. La tarea: detener y remontar el círculo acumulativo de su degradación.
La crisis global ha demostrado que sin una nueva gobernabilidad los remedios serán cosméticos y terminarán devolviendo el poder a quienes generaron la catástrofe. Un modelo económico distinto supone la emergencia de un sistema de relaciones políticas capaz de promoverlo.
Los tres grandes campos de la reforma están interconectados. Es menester atacar simultáneamente la concentración abusiva de la riqueza, el debilitamiento del Estado y el imperio de la mediática. Se trata de una distribución democrática del poder que haga posible la toma de decisiones indispensables a nivel nacional y planetario.
En ese cambio gravitacional todos estamos implicados. Terminar con un “sistema cerrado” exige ante todo abolir la cerrazón mental y emprender la batalla frontal contra quienes lo encarcelaron. En una palabra: demanda grandeza.
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