Ciudad Juárez vive aterrorizada por el crimen organizado desde hace años, es una situación que no han podido aminorar, ya no digamos erradicar, gobiernos estatales del PAN o del PRI, policías municipales, federales, estatales, ni siquiera el Ejército. No funciona la estrategia de incrementar cada vez más a los cuerpos armados en esa región. En respuesta, tanto el presidente Calderón como el gobernador Reyes Baeza han anunciado una nueva estrategia. El problema es que cada uno lo hizo por separado.
Hace 15 años todavía existían razones para suponer que el Presidente de la República era todopoderoso en México. Por fortuna para los electores de José Reyes Barza, y para la democracia en general, eso ya no es posible; sin embargo, una vez derrumbado el sistema vertical autoritario y renacida la autogestión de los estados, no hubo mecanismo que obligara a ambos —Federación y gobierno estatal— a trabajar juntos. Tenemos así que mientras el presidente Calderón dice que la nueva estrategia será incluir a la ciudadanía en el combate al crimen, el gobernador anuncia el traslado de los poderes estatales a Ciudad Juárez. Ninguno consideró al otro en el esquema. Es más, la oposición en los respectivos congresos —el federal y el estatal— se dijo sorprendida de no haber sido consultada.
En entrevista con el diario estadounidense The Washington Post, el presidente Calderón dice: “La única manera de derrotar al crimen es combatirlo con una estrategia integral; una parte es usar todo el poder del Estado para luchar contra los delincuentes, para preservar o en algunos casos recuperar la rectoría del Estado, la segunda parte requiere renovar todos los cuerpos policiacos del país”. Hacer ambas cosas es imposible sin la ayuda de los gobernadores. ¿Por qué no aprovechar entonces la coyuntura en Ciudad Juárez, como propone hoy en estas páginas Manuel Camacho, para convocar a todas las fuerzas políticas en torno de una estrategia que pueda ponerse a prueba en esa localidad fronteriza? Sin duda el más adecuado para la tarea es el Presidente de la República.
El gobernador Reyes Baeza no se deslinda del problema —como muchos de sus homólogos— bajo el argumento de que el crimen organizado es delito federal. Pero pide 3 mil millones de pesos al gobierno de Calderón sin explicar por qué no puede sacar ese dinero de sus propias arcas ni cual será el destino del mismo. ¿Estará dispuesto el gobernador a rendir cuentas por ese dinero? El tema no sólo incumbe en Chihuahua.
Como bien dice en su artículo de hoy Leonardo Curzio, somos una Federación disfuncional. Por ahí hay que empezar. Porque no es posible que 360 mil policías municipales y estatales —diez veces más que los federales— sólo sirvan, en este momento, para estorbar en la lucha contra el crimen organizado.
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